Más de 14.000 personas carecen de vivienda en Catalunya

Un estudio contabiliza 5.433 sintecho y 8.634 ciudadanos que viven en albergues o refugios alternativos

Seis de cada 10 personas que duermen en la calle o en centros de acogida lo hacen en Barcelona

Los servicios sociales municipales y de otras administraciones catalanas trataron a más de 14.000 personas sin vivienda durante el 2014. De estas, 5.433 eran sintecho (que viven y duermen en la calle o que pasan el día en la vía pública y pernoctan en refugios nocturnos asistenciales), mientras que otras 8.634 estaban hospedadas en albergues u otro tipo de centros de acogida. También se han estimado en unos 26.700 los casos de personas que viven en hogares inseguros (sin poder pagar la hipoteca o el alquiler, con una orden de desahucio, pagos pendientes o bajo la amenaza de la violencia) y otros 7.682 de personas que residen en viviendas inadecuadas (barraquismo, caravanas, locales, infraviviendas).

Los autores  advierten de que el estudio no recoge todos los casos, solo aparecen los que han sido tratados por los municipios

Estas son las cifras que se recogen en el estudio ‘Quantificació i distribució territorial de la población mal allotjada a Catalunya’, encargado por la Agència de l’Habitatge a raíz de una moción presentada por ICV que fue aprobada por el Parlament en mayo del año pasado. En aquel texto se instaba al Gobierno catalán a impulsar de manera inmediata la cuantificación de las personas con problemática de alojamiento en Catalunya.

ACOGIDOS POR LA FAMILIA

Aunque todos estos casos suman en total unas 48.454 situaciones de “mal alojamiento”, el gabinete que ha elaborado el estudio, Dep Institut, advierte de que estas cifras no recogen todos los casos existentes, sino que solo aparecen aquellos que han sido tratados por las administraciones consultadas. En este sentido destacan que un cierto volumen de los afectados “han buscado otras alternativas en el seno de la familia, en su círculo de amistades o en entidades particulares que también trabajan en la resolución de la problemática de la exclusión residencial”.

Barcelona  ejerce un efecto de atracción porque es más fácil buscarse la vida y por los recursos que destina a las personas vulnerables

Otro matiz importante es que las cifras facilitadas por los municipios pueden contener algunas duplicidades, ya que, a pesar de las correcciones que se han introducido, una misma persona puede haber sido atendida por diferentes servicios, especialmente en los casos de personas sin vivienda. 

Esta precisión en el caso de Barcelona no es baladí. La capital atendió en el 2014 al 57,8% de todos los sintecho detectados en Catalunya. De estos 3.141 casos, 1.542 personas dormían en la calle y otras 1.599 pernoctaban en refugios nocturnos pero pasan muchas horas al día en un espacio público. Las cifras de la capital catalana llaman la atención, sobre todo si se comparan con los resultados de las ciudades de entre mil y 20.000 habitantes, porque entre todas ellas apenas llegan a sumar el 10% del total de esa categoría.

Los ayuntamientos  creen que los casos de mal alojamiento se mantendrán o crecerán más, sobre todo en las grandes ciudades

La acumulación de casos en Barcelona tiene su explicación. Los autores del estudio explican que la capital catalana, y todo su área de influencia, “ejerce un efecto de atracción” para las personas en situación de exclusión residencial. El potencial de la ciudad, las expectativas de futuro, las posibilidades de subsistir, y el volumen de recursos destinados a las personas vulnerables hace que sea el destino de preferencia de estos colectivos. Es más, en el informe se apunta que un 15% de la población vulnerable autóctona atendida con recursos sociales de la capital procede y reside en realidad en otros municipios.

FALTA VIVIENDA SOCIAL

Además de las cifras cuantitativas, en las peticiones de datos que se han hecho llegar a los ayuntamientos también se han solicitados algunas valoraciones sobre sus preocupaciones de futuro ante las problemáticas de alojamiento. De estas cuestiones se desprende que, de manera global, “la percepción de los municipios es que los casos de mal alojamiento se mantendrán (el 46,8% de los consultados) o aumentarán (44,7%)”, especialmente en el caso de las localidades más pobladas.

Hombres solos, sin ingresos y de 35 a 64 años

El perfil de las personas que viven y duermen en la calle o que carecen de vivienda está formado mayoritariamente por hombres solos. La franja de edad predominante va de los 35 a los 64 años y han nacido mayoritariamente en Catalunya. Los hogares formados por parejas con hijos son los más afectados por la problemática de vivienda insegura, y este colectivo también está muy presente en los casos de sobreocupación. Los casos de personas en la calle y sin vivienda están conformados por personas en paro y sin ingresos, mientras que las situaciones de viviendas inseguras o inadecuadas suelen corresponder a personas o familias que ingresan menos de 6.000 euros al año, procedentes de pensiones o de la prestación por desempleo. Respecto a la posibilidad de resolución de estas situaciones, los municipios la consideran “difícil” en el caso de los sintecho, barraquismo y sobreocupación, mientras que en el resto se prevé un periodo para resolverlos superior a los tres meses.  

Los consistorios y los consejos comarcales también han expresado su inquietud por la falta de viviendas sociales o por sus insuficientes recursos para adquirirlas o ampliar el parque existente. También les preocupa el aumento de las familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler, el impago de los suministros básicos, las dificultades de los propios municipios para proporcionar recursos de emergencia o el elevado precio de la vivienda.

En el apartado de propuestas, los municipios catalanes abogan por ampliar o mejorar el acceso a la bolsa de viviendas sociales, reforzar los servicios y ayudas que dan respuesta a las situaciones de emergencia social y mejorar la coordinación entre los agentes implicados, entre otros aspectos.

Los autores del estudio también recomiendan a las administraciones seguir recogiendo datos periódicamente sobre el número de personas afectadas por las problemáticas de alojamiento e integrar la recogida de esta información de manera uniforme en el sistema de servicios sociales.