Las ordenanzas y la ley de carreteras no erradican la prostitución del Empordà

Interior apenas ha cobrado un centenar de las 1.500 multas impuestas por poner en riesgo la seguridad vial en toda Catalunya

Las normativas municipales han conseguido mejores resultados en otros ejes viarios como la autovía de Castelldefels

 Una prostituta, apostada a 50 metros del cruce de la N-2, en Pontós, Alt Empordà.   / ICONNA / JORDI RIBOT

La guerra contra la prostitución en las carreteras y las calles del Alt Empordà a golpe de normativa se ha demostrado insuficiente. Desde que se aprobaron las primeras ordenanzas municipales (La Jonquera lo hizo en el 2009) y entró en vigor la modificación de la ley catalana de carreteras, que permite multar a clientes y meretrices desde mediados del 2012, se han impuesto centenares de sanciones con resultados exiguos. Las multas apenas se han podido cobrar y, aunque el número total de prostitutas ha disminuido, numerosas profesionales del sexo siguen apostadas en la vía pública y en la red viaria a pesar de las denuncias.

Un magro balance que contrasta con otros más exitosos, como el conseguido por el Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat), que ha logrado reducir considerablemente el número de prostitutas apostadas en la autovía de Castelldefels. Fuentes municipales explican que solo persiste un reducido grupo de mujeres que llevan muchos años en ese enclave.

A 50 METROS DE LAS MULTAS

En el Empordà, en cambio, el principal logro ha sido puramente estético. Muchas prostitutas establecen ahora sus puestos en vías municipales, a 50 metros de las principales carreteras, para esquivar las multas de los Mossos. Ante estos escasos frutos, los alcaldes se han ratificado en su convencimiento de que esta práctica solo se erradicará con una modificación del Código Penal. Un cambio legislativo para el que los municipios y la Generalitat carecen de competencias.

Lleida se plantea cambiar las multas por trabajos para la comunidad

En Lleida la prostitución también sigue muy presente, principalmente en el barrio del centro histórico. La Associació Antisida de la ciudad suministra preservativos y algún tipo de ayuda a más de 500 trabajadoras del sexo, aunque se calcula que son muchas más. A pesar de la ordenanza aprobada para multar tanto a clientes omo a las propias mujeres, estas siguen en la calle. La mayoría son chicas jóvenes, extranjeras y sin papeles. Los precios que ofrecen son cada vez más bajos y algunas de ellas cobran solo 10 euros. Entre el 2009 y el 2014, la policía local impuso 538 denuncias, la gran mayoría de ellas a 90 meretrices reincidentes y tan solo 42 a clientes. Desde la aprobación de la normativa, la Policía Local tiene potestad para sancionar a quienes ejercen la prostitución en la calle y a sus clientes, con multas de entre 300 y 3.000 euros, aunque cinco años más tarde la Paeria optó por rebajar estas cuantías, estudiando cada denuncia por separado. En algunos casos, decidió cambiar las multas económicas a las trabajadoras del sexo por herramientas de reinserción laboral para ayudarles a salir de la calle. Tras comprobar que la mayoría de las meretrices no podían pagar las sanciones, el consistorio se planteó modificar de nuevo la normativa para sustituir las multas por trabajos en beneficio de la comunidad. Una modificación que todavía está pendiente de aprobación. LAURA BIELA

La Jonquera perdió en el 2010 una batalla legal para impedir la apertura del macroburdel Paradise. Una sentencia del TSJC dio la razón al propietario y obligó al ayuntamiento a concederle la licencia de apertura porque el establecimiento cumplía todos los requisitos legales. Anticipándose a este fallo, el ayuntamiento aprobó una ordenanza que veta la instalación de otro prostíbulo a menos de tres kilómetros de distancia de ese local, y en la que también se prohibió ejercer la prostitución en la vía pública.

Pero tan solo un año después de su entrada en vigor, el consistorio ya reconoció que esa herramienta era insuficiente para frenar un fenómeno que se vio acrecentado por la prohibición de la prostitución en Francia. Los centenares de multas que se habían impuesto hasta mediados del 2012 quedaron en papel mojado debido a que las meretrices no las pagaban (carecen de domicilio reconocido y son insolventes) y la mayoría de clientes, tampoco. Acostumbran a ser franceses a los que, si no pagan al momento, se les abre un expediente administrativo que suele llevar a ninguna parte.

ORDENANZA TIPO

Aun así, dos años después el Consell Comarcal de l'Alt Empordà impulsó una ordenanza tipo dirigida a los municipios de la comarca con el fin de perseguir la prostitución en la calle. En esta normativa se penaliza más al cliente que a la profesional. El ofrecimiento de servicios sexuales está tipificado como falta leve (750 euros de multa), mientras que la solicitud de estos es considerada una infracción grave (hasta 3.000 euros).

La iniciativa comarcal tuvo lugar dos años después de que entrara en vigor la modificación de la ley catalana de carreteras que permite multar a meretrices y clientes (con sanciones que van de 300 a 30.000 euros) escudándose en que ponen en peligro la seguridad del tráfico. Hace seis meses, 'Diari de Girona' ofreció un balance con los últimos datos proporcionados por la Conselleria d’Interior. De las 1.507 sanciones impuestas por los Mossos a clientes y prostitutas entre junio del 2012 y septiembre del 2015, solo se habían cobrado 98.