El segundo pleno sobre la pobreza que celebra el Parlament lleva camino de acabar como el primero, en el 2014: con escaso contenido, reproches crecientes y propuestas de resolución de efecto limitado y muy limitado. Es cierto que el tono no es el mismo. En el 2014, el Govern de Artur Mas se mostró duro: advirtió de entrada de que no habría más dinero para política social y rechazó apostar por determinadas

prestaciones para no alimentar la “cultura del subsidio”.

Esta vez el discurso ha sido más suave, aunque en opinión de algunos representantes de entidades sociales presentes en la Cámara catalana, que empezó este miércoles y que acaba el jueves, el debate se antojaba más sobre presupuestos que sobre pobreza. Tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como varios de sus ‘consellers’ han transmitido dos ideas: una, que si la CUP no pacta unos nuevos presupuestos el plan de choque social no será viable. Otra, que el verdadero giro social requeriría de un nuevo Estado.

La apelación a un nuevo Estado para avanzar socialmente es algo que han compartido en el discurso JxS y la CUP. Pero quizá sea lo único. Los anticapitalistas no se han dado por aludidos por el envite presupuestario, y han cargado contra la política social desarrollada por los últimos gobiernos. No tienen intención de transaccionar sus propuestas de resolución, aunque, dicen, no descartan apoyar propuestas de otros partidos.

RESPONSABILIDAD

Tal como avanzaba el pleno, las intervenciones de los representantes de Jxsí se parecían más a las de CiU en el 2014, apelando al realismo y reclamando a la oposición que no proponga imposibles. Puigdemont ha pedido acordar medidas "posibilistas" en la lucha contra la pobreza para no "engañar a nadie".

El núcleo de su discurso ha sido la apelación a que haya presupuestos, es decir, un mensaje a la CUP. Tras la intervención de Puigdemont, el vicepresidente y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras, y los 'consellers' Neus Munté, de Presidència; Meritxell Borràs, de Governació i Habitatge; Dolors Bassa, de Treball, Afers Socials i Famílies; y Toni Comín, de Salut, han repasado las acciones de sus respectivas áreas en la lucha contra la pobreza y han insistido en la necesidad de contar con unos nuevos presupuestos para poder llevar a cabo el grueso del plan de choque.

Junts pel Sí ha evitado toda autocrítica, con una sola excepción. La 'consellera' Borràs, que ha repasado avances en ayudas sociales vinculadas

a la vivienda, ha admitido que el fondo de 10 millones de euros para la pobreza energética no se gastó como estaba previsto. “El resultado no ha sido el esperado”, ha admitido, dado que finalmente solo 1.146.000 euros llegaron a familias necesitadas de ayudas para pagar los suministros. No es moco de pavo, dado que desde que el Gobierno central recurrió el decreto de la pobreza energética ante el Tribunal Constitucional, el

Ejecutivo catalán lo utilizó para argumentar que le ataban las manos. Ha sido uno de los argumentos centrales del mensaje soberanista: en una Catalunya independiente se podrá combatir la pobreza energética. Pero la realidad es la que es, como evidenció Borràs.

LA REFORMA LABORAL

“Este pleno, en lugar de suponer una oportunidad para hacer frente a las desigualdades, es un acto de impotencia que constata que la pobreza existe y que buena parte de los que ahora se comprometen a mitigarla son directamente corresponsables de ella”. Esta es una de las

frases de un comunicado emitido por la CUP este miércoles justo después de que su diputada Gabriela Serra interveniera en la sesión. La nota era más contundente de lo que Serra fue en el atril. La CUP podría causar alguna herida a JxSí si se confirma que el grupo corre el riesgo de registrar votos diferentes a una propuesta de resolución de los anticapitalistas que aboga por rechazar la reforma laboral que el Gobierno del PP aprobó con los votos de CiU. También lo proponen el PSC y Catalunya Sí que Pot.