El drama humano de los refugiados ha generado y genera un nuevo motivo de conflicto institucional entre el Govern, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno del Estado, al que las administraciones catalanas acusan de inacción y nula información sobre los flujos de llegada.Pese a ello, la Generalitat, las entidades sociales y los municipios catalanes avanzan de forma notable y discreta en tareas de acogida y coordinación tanto de la acción solidaria como del mensaje político que acompaña a esta actuación. Sin despliegue mediático, se llevan a cabo acogidas. A finales de marzo, una treintena de refugiados hallarán cobijo en la Casa Bloc, en el distrito de Sant Andreu, uno de los edificios ya preparados desde hace meses para este menester, que todavía no contaba con calendario.

Esta llegada de ciudadanos demandando asilo es un indicador de la voluntad de tirar adelante con un plan que se basa en un objetivo ambicioso por parte de la Generalitat: lograr que en un año desde su llegada, los acogidos sean plenamente autónomos. En la Casa Bloc está previsto que en pocas semanas se instalen esta treintena de personas, mayoritariamente procedentes de Ucrania.

PLAN 'CIUDAD REFUGIO'

Barcelona es uno de los ayuntamientos que más se ha significado en la movilización en favor de los refugiados. Ignasi Calbó, coordinador del plan Ciudad Refugio del ayuntamiento, también lleva a cabo una tarea más allá de las estrictas competencias locales. Del mismo modo que el responsable de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía del Govern, Oriol Amorós, denuncia la inacción del Estado, Calbó explicaba el pasado viernes en un debate sobre la cuestión que el consistorio "ha de usar todas las vías para romper una lógica que es demoledora respecto a los derechos de las personas que buscan refugio aquí y que tiene derecho a ello".

Barcelona ha firmado convenios con ciudades como Lampeudusa o Lesbos para colaborar más allá del marco estatal. "Esta es una crisis que ha venido para quedarse, no es puntual ni fruto de un conflicto concreto, las migraciones seguirán, y la UE sufre una crisis de valores por el miedo al extraño", advierte. Respecto a los planes previstos por la UE para España, de los 16.000 refugiados que se debían acoger en el Estado, se han ofrecido 50 plazas, de las cuales se han hecho efectivas 18, según ha denunciado el eurodiputado de ICV-EUiA Ernest Urtasun, que impulsa la próxima semana una votación en el Parlamento Europeo de una directiva que no se controlen los visados de salida por parte de las compañías aéreas, para hacer posible que los ciudadanos sirios que huyen de la guerra puedan escapar sin tener que demostrar la posesión de tales visados.

CAMPAÑA PEDAGÓGICA

Paralelamente a estrechar lazos de trabajo conjunto, el Govern pondrá en marcha una campaña de sensibilización, al hilo con un efecto positivo: la multiplicación de las ofertas de entidades y ciudadanos para ayudar a los migrantes. El formulario que ha puesto el Govern en funcionamiento va recibiendo ofertas. Tanto de viviendas por parte de entidades y colectivos como de propuesta de acción de voluntariado por parte de personas anónimas. 

La estrategia pasa por lograr una integración rápida dado que los recursos que aporta el Estado se agotan en un año (seis meses durante los cuales paga la vivienda a los refugiados, prorrogables seis meses más si se cambia la residencia). Tras este período ya son los servicios sociales de los responsables políticos catalanes los que han de hacerse cargo de la situación.

COORDINACIÓN

Los objetivos inmediatos del Govern son reforzar la coordinación y el discurso unificado sobre los refugios, dado que los recursos son diversos y las administraciones implicadas también son distintas. En este sentido, las acciones están prácticamente ultimadas. Y para lograr la plena integración, el Servei d'Ocupació de Catalunya trabaja en un sistema de inserción laboral y e incluso en cursos específicos pensados para los perfiles profesionales de los recién llegados.

Así pues, la valoración interna en Catalunya es positiva ante la tarea coordinada entre entidades como Cruz Roja (una de las encargadas en todo el Estado de materializar las ayudas), numerosos ayuntamientos y la administración autonómica. Este sábado, Amorós, en una manifestación en Barcelona en protesta por la inacción y división de la UE afirmaba que "es urgente que todos los países democráticos que firmaron el convenio de Ginebra se impliquen más y asuman responsabilidades". Un mensaje obviamente también dirigido al Gobierno de Mariano Rajoy.