El Síndic de Greuges calcula que son necesarias 200.000 las viviendas públicas para personas en situación de «emergencia social» en Catalunya, y ha pedido un registro integrado en todo el territorio del parque público de viviendas. Este inventario único no existe actualmente y serviría para poner en relación los pisos habitables con el registro de solicitantes, que se creó en el 2007.

El Síndic, Rafael Ribó, presentó ayer un informe sobre el acceso a la vivienda social e instó a la Administración a actuar «con celeridad para establecer un protocolo inmediato y transversal que garantice el realojamiento de personas en riesgo de exclusión». Y apostilló que «se debe tener en cuenta el interés superior de la infancia», de modo que el acceso a una vivienda «tiene que ser prioritario cuando se vean a

afectados niños o adolescentes».

Para cumplir estos objetivos, el informe propone una nueva gestión del parque público de viviendas y un incremento de los recursos destinados al alquiler social, así como una mejora de la adjudicación de pisos de protección oficial, y pide que se revise la definición de las situaciones de emergencia social y económica.

Ribó reclamó «un compromiso entre las administraciones para coordinarse y gestionar los parques de vivienda pública», por ejemplo, con «cesiones de viviendas sociales entre municipios».

También abogó por un acuerdo de la Administración con los propietarios privados de pisos desocupados, y recordó que la Sareb (el banco malo) «tiene que destinar a alquiler social al menos el 30% de las viviendas que ha adquirido a un coste bajo».