Si hace unos años dar servicio wifi en las ciudades formaba parte del programa electoral de cualquier candidato (Esperanza Aguirre lo incluyó incluso en su plan para el Ayuntamiento de Madrid el pasado mayo), el tiempo ha diluido los proyectos si no iban vinculados a necesidades municipales. En Madrid, por ejemplo, el metro invirtió 200 millones en mejorar el servicio de telecomunicaciones entre las estaciones y los trenes y de paso, se extendió a los ciudadanos. En Barcelona, el despliegue de la wifi pública ha ido ligado a la red municipal creada para satisfacer las necesidades de la smart city, y que utilizan servicios como la limpieza o los aparcamientos. El plan para aumentar la red desde los actuales 700 a los 2.400 puntos prometidos por el anterior equipo municipal, con un coste de 3,5 millones de euros, está de momento aparcado por el gobierno de Ada Colau.
Y aunque Industria estudia actualizar la ley de telecomunicaciones para reducir las trabas a las administraciones pensadas en principio para que no incurran en «competencia desleal con las operadoras» -ampliando sobre todo la restrictiva velocidad de descarga a 256 kbps-, algunas se plantean si dedicar esfuerzos a ello. «No tiene sentido dar wifi con 256 kbps, es casi innavegable porque cuesta descargar una web con imágenes y mucho más un mapa», afirma Ismael Bataller, coordinador del grupo de trabajo de redes del Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya y especialista en redes wifi.
Desde la Administración también se ve distinto que hace unos años. «No tiene sentido poner wifi donde el mercado ya actúa, pero donde no hay alternativa las administraciones sí han de actuar. Hay que valorar bien la rentabilidad y la oportunidad de la inversión, porque no solo hay que construirla. Un servicio se tiene que poder dar en condiciones, y mantener una red wifi es caro», señala Jordi Pericàs, director de tecnologías de la Diputación de Barcelona y antiguo director de Localret, el organismo que agrupa las políticas de telecomunicaciones de los ayuntamientos catalanes.
FORMAS DE EXPLOTACIÓN
Los límites legales hace que algunos ayuntamientos cedan a empresas privadas la explotación y el nombre del servicio -que deja de ir firmado por la Administración- y que estas rentabilizan cobrando por más velocidad (el caso de Barcelona), poniendo publicidad o captando datos.
Pese a la presión de las operadoras para que los usuarios amplíen sus cuotas de datos tentándoles con más servicios y la promesa de «hacerlo en cualquier parte», los turistas especialmente se resisten a pagar los altos precios de la itinerancia y reclaman wifi.
ATASCOS EN LA RED
«La discusión entre técnicos sobre si wifi o 4G está abierta. Parece que la wifi está llamada a descargar la red 4G, tanto porque los usuarios prefieren no saturar su límite de datos como por necesidades de la red», explica Bataller. Sin embargo, los atascos de muchas wifis públicas hace que los usuarios se harten y busquen redes en cafeterías o comercios. Hay apps para localizarlas. Tampoco han beneficiado nada casos como el de Gowex, la operadora del wifi de Madrid o Nueva York, que presentó suspensión de pagos el pasado mayo tras hacerse público hace un año que había falseado sus cuentas en la bolsa. El día antes de estallar el caso, Gowex había anunciado que su red cubría el 40% de la capital de España. Una semana después, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se veían obligados a cancelar los contratos y a suprimir casi todo el servicio de wifi ofrecido en la vía pública.