Cada año se detectan, de media, más de 800 nuevos casos de menores que son víctimas de malos tratos en Catalunya. Y muchos de ellos salen a la luz gracias a la intervención de los servicios sanitarios o por expedientes policiales. Este año, según datos aportados por la Generalitat, hay 4.538 niños y adolescentes que viven separados de sus familias, como medida de protección. Con todo, "algo falla cuando todavía se escapan casos, porque los maestros, los monitores de ocio o los asistentes sociales no tienen suficiente formación como para detectar una situación de maltrato infantil", denuncia el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. El defensor del pueblo catalán ha entregado este miércoles en el Parlament su informe anual sobre los Derechos de la Infancia que recoge los principales incumplimientos en la defensa de los menores y que constata que los niños pertencientes a familias más desfavorecidas son los que más ven conculcados sus derechos.

Pese a que, en su opinión, "ha habido avances en los retos para garantizar los derechos de la infancia", como la mejora del sistema de adjudicación de las becas de comedor escolar, "sigue habiendo aún carencias". Para la Adjunta del Síndic para los Derechos de los Niños y Adolescentes, Maria Jesús Larios, estamos en una situación de "estancamiento". "Las situaciones de pobreza continúan, incluso siguen aumentando, pero las inversiones en políticas de infancia no se han incrementado".

El informe se divide en 10 problemáticas y se proponen recomendaciones para mejorar cada una de estas situaciones. Entre ellas, destacan por ejemplo, los déficits que sigue habiendo a la hora de atender a los menores con problemas de salud mental (trastornos de comportamiento incluidos), cuya prevalencia "se duplica en niños y adolescentes de clase social baja respecto a los de clases sociales más altas", señala Larios. En la última década, el número de pacientes atendidos en centros de salud mental infantil y juvenil han aumentado en un 79,8%, lo que ha derivado en "una saturación de la red pública de salud mental".

SEGREGACIÓN ESCOLAR Y ESCUELA INCLUSIVA

Tras lamentar que no haya habido aún una reforma en profundidad de la renta mínima de inserción (RMI), el Síndic arremetió contra el sistema educativo, que, pese a la ley de educación del 2009, sigue sin apostar decididamente por "la inclusión de los menores con discapacidad en las escuelas ordinarias". El curso escolar 2012/2013 fue "el primero en que, después de muchos años, el número de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizado en centros ordinarios decreció respecto a los alumnos escolarizados en centros de educación especial", ha dicho Ribó. Y eso, "pese a que la ley de educación de Catalunya, la LEC, apuesta de forma explícita y clara por una escuela catalana inclusiva", ha lamentado-

También denuncia en su informe el Síndic, "la falta de equidad del sistema educativo", que "no es capaz de corregir las desigualdades sociales del origen de los menores", por lo que reclama "un nuevo decreto que regule la admisión de alumnos de forma que se combata la aún persistente segregación escolar" por razón de origen social.