INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE UNA TRAGEDIA
Los cargos municipales se libran del 'Madrid Arena'
Jóvenes agolpados en uno de los espacios del Madrid Arena la noche del 1 de noviembre del 2012.
La cúpula de seguridad, de la policía municipal y de los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid quedó exonerada ayer de cualquier responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes en la avalancha que se registró en el Madrid Arena la noche del 1 de noviembre del 2012, durante la celebración de Halloween. Esa es la conclusión a la que llegó la fiscalía en el informe que presentó al juez que instruye el caso, Eduardo López-Palop, en la que se pide el sobreseimiento provisional para 10 imputados y la apertura de juicio oral para 14 personas por su supuesta responsabilidad en la tragedia.
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, y el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, consideran que la investigación judicial del caso es una vía «agotada» y solicitan la imputación formal del empresario Miguel Ángel Flores y de los responsables de Diviertt, la empresa promotora del evento; Seguriber, responsable de seguridad; Kontrol 34, que proporcionó los porteros y vigilantes; Madrid Espacios y Congresos (Madridec), y los responsables de la asistencia médica.
IMPRUDENCIA GRAVE / Entre los imputados figuran el director general y el jefe de personal de Diviertt, Santiago Rojo y Miguel Ángel Morcillo; y el director de Seguridad, el coordinador de proyectos del departamento de operaciones y el técnico de operaciones de Madridec, Rafael Pastor, Francisco del Amo y José Ruiz Ayuso. También se encuentran los coordinadores jefes de Seguriber, Juan José París Nalda y Raúl Monterde; el jefe de equipo de esta empresa, José Antonio Díaz Romero; el vigilante de seguridad de Seguriber Roberto Mateos, y los socios de Kontrol 34 Carlos Manzanares y Emilio Belliard.
Para ellos, la fiscalía aprecia que los hechos son «indiciariamente» constitutivos de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y nueve de lesiones. En el caso de los doctores Simón y Carlos Viñals, estima su imputación como coautores de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.
Moix cree que no hay motivos suficientes para apreciar indicios de responsabilidad penal entre los responsables políticos del ayuntamiento. Entre ellos se encuentran el exdelegado de Gobierno, Medio Ambiente y Movilidad Antonio de Guindos; la exconcejala delegada de Seguridad y Emergencias Fátima Núñez; el director general de Emergencias, Alfonso del Álamo, y el inspector jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo. También exonera a seis cargos y empleados de las empresas implicadas en el evento.
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