El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía sus beneficiarios con el objetivo de facilitar el acceso a la misma y que "nadie quede fuera de los tribunales" por carecer de recursos, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alberto Ruiz-Gallardón ha explicado que tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos y las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños.

También las asociaciones de víctimas del terrorismo, además de sindicatos, organizaciones de discapacitados y de consumidores y Cruz Roja.

Asimismo, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el salario mínimo interprofesional anual (14.910 euros) a 2,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples -IPREM- (19.170 euros), aunque en circunstancias especiales familiares, de salud o de discapacidad habrá cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950 euros).

Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones han visto elevado el umbral para beneficiarse de tres a cinco veces el IPREM (de 19.170 a 31.950 euros). Otras novedades son la incorporación al sistema de los graduados sociales en procedimientos laborales y el establecimiento de nuevos controles para evitar abusos y fraudes.