La puesta en marcha de infraestructuras en un territorio implica dificultades asociadas a la actividad correspondiente y hace aflorar conflictos que, de manera espontánea o fruto de una previa y reiterada demanda no suficientemente atendida o resuelta, ralentizan, obstaculizan e incluso detienen otros proyectos en curso: el proyecto Castor en estos momentos brilla por su presencia. Incidentes constatables y, en ocasiones, denunciables terminan socavando un proceso diseñado en un espacio y un tiempo limitados.
Siendo como son importantes las infraestructuras para el desarrollo económico y social de un territorio, además de un elemento político clave para quienes las impulsan, se vislumbra un escenario en el que la centralidad del debate no recae ya -o no solamente- en la discusión política y social de su necesidad, ni siquiera en la capacidad de la técnica para responder a los potenciales riesgos o en la adopción de medidas amortiguadoras del hipotético conflicto social. El debate, por el contrario, se centra en la adopción de mecanismos de gestión y gobernanza de los impactos sociotécnicos. En otras palabras: lo social influye ampliamente y de manera directa en la gestión y la eficiencia de los procesos de diseño y ejecución de infraestructuras.
Pero las infraestructuras son la base para la creación y el mantenimiento del sistema productivo y de bienestar social. Constituyen una compleja red de bienes públicos y privados creados y operados desde los distintos niveles de gobierno con competencias sobre su ubicación, diseño y funcionamiento. Sentada, pues, la importancia de las infraestructuras como elemento estratégico para el país, la gobernabilidad anticipatoria de los citados riesgos es más que relevante debido a problemas asociados que abren la puerta a incidencias que dañan el desarrollo y generan conflicto social.
En este sentido, los impactos sociotécnicos -a menudo expresados en anomalías y posibles irregularidades administrativas (véase el cruce de acusaciones más o menos veladas entre administraciones que salen a la luz pública estos días en relación con el proyecto Castor)- del diseño y ejecución de las infraestructuras dependen de múltiples factores y de complejas relaciones entre ellos. Enumeremos algunos.
Primero, la procedencia y el grado de concertación. El nivel administrativo más alto es, en primera instancia, el responsable de impulsar, con fundamentos científicos si es necesario, una determinada infraestructura y el grado de concertación con las otras administraciones que promueven o ejecutan el proyecto.
Segundo, la dimensión o tamaño y el tipo de infraestructura, incluyendo el análisis de la secuencia de peligros concatenados que conlleva.
Tercero, la vinculación del proyecto con infraestructuras ya existentes.
Cuarto, el alcance de la infraestructura, esto es, su trascendencia en el territorio y el nivel de coherencia con las necesidades de este.
Quinto, la localización de la infraestructura y la proximidad con el territorio que la acoge. Esto incluye la transparencia informativa -que ahora parece que empieza a darse en el caso de la plataforma Castor, obligada por las circunstancias- y la creación de consensos siguiendo las pautas de evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental.
Sexto, disponer de los recursos necesarios para su ejecución.
Y séptimo, los impactos territoriales, ambientales, sociales y económicos que supone la infraestructura en cuestión, distinguiendo los de la fase de ejecución y los del funcionamiento ordinario posterior.
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