El Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d'Ebre) tiene previsto aprobar esta noche un proyecto de cultivo de cannabis en el que ve una salida a la crisis. El alcalde, Bernat Pellissa (ERC), defiende un marco legal pionero con el que especializarse también en la investigación.
-¿Cómo se puede aceptar una plantación de marihuana y mantener a la vez que no se está incentivando su consumo?
-Dentro del plan de trabajo que vamos a aprobar incluiremos un plan de formación e información a los jóvenes para que conozcan los peligros del consumo de cannabis. No hacemos apología. Es un producto que ya existe y que además se mueve en un mercado negro que mueve millones de euros y que comporta riesgos para los consumidores. Es la realidad. Hay mucha hipocresía.
-Hay quien puede entender que es contradictorio hablar de peligros y promover un proyecto como este.
-El ayuntamiento no promueve nada. Lo hace la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), que pretende cultivar para el consumo de sus afiliados. Como administración, intentamos ordenar una realidad a partir de un marco de seguridad jurídica en el que llevamos meses trabajando. El objetivo es intentar dar una salida económica y social a nuestro municipio.
-¿Cuál es la base de este marco jurídico?
-Solo si hay tráfico hay delito. Si no, hablamos del ámbito de lo privado. Y aquí no habrá tráfico.
-¿Qué beneficios van a obtener?
-Este proyecto nos permitirá avanzar en políticas de recuperación económica, de creación de empleo y de gestión de los recursos ambientales de los que disponemos.
-¿Secarán el déficit municipal?
-Tenemos un déficit de 1,3 millones, surgido básicamente de la inversión pública. En dos años, por la gestión, a través de un convenio, del alquiler de los terrenos iniciales, 15 hectáreas, ingresaremos esa cantidad.
-¿El proyecto se reduce a una plantación o va más allá?
-Es más amplio. Entre otros aspectos, incluye la creación de dos empresas municipales, una de ellas para la investigación del cannabis.
-¿Le entienden sus vecinos?
-Habrá de todo. En cualquier caso, pido respeto, porque llevamos muchos meses trabajando en esto.
-¿Cree que la crisis ayudará a que se acepte el proyecto?
-No lo sé. A mí me toca vivir lo que me toca vivir. Y estoy aquí para intentar aportar soluciones.
-¿Cómo evitarán que la policía se incaute de las plantas?
-Estamos llevando a cabo un proceso transparente. Crearemos una mesa de seguridad con todas las partes competentes para saber cómo actuar y disponer de toda la información. Si se produce una conducta ilícita podrían intervenir, pero si se realiza lo que está acordado no tienen por qué.