Sin encomendarse a nadie más que a sus propios técnicos, sin siquiera hablar con su Consell Assessor per a Polítiques Socials i Familiars ni tratar el asunto con otras formaciones políticas -como se comprometieron a hacer el pasado viernes, en una comparecencia parlamentaria, losconsellersde Benestar i Família y de Empresa i Ocupació-, el Govern de la Generalitat aprobó ayer el decreto que endurece las condiciones de acceso a la renta mínima de inserción (RMI), la ayuda social de unos 500 euros de promedio que reciben los catalanes que se encuentran en situación de necesidad.
La reforma de la prestación, ya introducida en la ley de acompañamiento de los presupuestos, va encaminada a evitar que los desempleados se acojan a ella una vez se les acaba el subsidio, máxime ante la avalancha de desempleados de larga duración -los denominados parados de la crisis- que se prevé que agoten el paro en los próximos meses. Según la estimación facilitada en el Parlament por elconsellerde Empresa, Francesc Xavier Mena, «entre octubre próximo y marzo del 2012, el 69,8% de los parados que hay ahora en Catalunya habrán agotado el subsidio del Estado».
Lo lógico, insistió entonces Mena, sería que esas personas pasaran a percibir, por ejemplo, la renta activa de inserción, que gestiona el Ministerio de Trabajo, pero lo más probable es que acaben solicitando la RMI, «que es una ayuda más rápida». «Esto significaría que la Generalitat estaría asumiendo competencias sobre las prestaciones del paro. Si al dejar de cobrar el subsidio de desempleo los ciudadanos se acogen a la renta mínima, esto no es fiel al origen de la ayuda, ni es competencia de la Generalitat», argumentó ayer el portavoz del Govern, Francesc Homs.
NUEVOS REQUISITOS / El decreto de reforma, que el pasado 2 de agosto fue presentado a las entidades de acción social en forma de borrador y que ayer fue ratificado por el Consell Executiu sin retocar prácticamente ni un párrafo, amplía de uno a dos años de residencia en Catalunya el requisito para acceder a la ayuda y la niega a los ciudadanos en paro que «no puedan acreditar dificultades sociales añadidas y que, por lo tanto, no requieran ningún tipo de intervención social continuada».
Y aquí es donde las entidades sociales se mostraban ayer más preocupadas. ¿Cómo se van a tener que acreditar esas «dificultades sociales»? El decreto del Govern no lo concreta. ¿En qué momento pasa una persona que solo tiene problemas económicos y laborales a tener ya problemas sociales? «Es urgentísimo que se establezcan líneas alternativas para las personas que se vayan a quedar sin ayuda con esta revisión», alertó Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja en Catalunya. La entidad, recordó Morist, «atiende en estos momentos a más de 140.000 personas en situación de pobreza».
Y aunque enojadas porque el Govern ha actuado por su cuenta, sin buscar el consenso prometido, las organizaciones agrupadas en las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) insisten en ofrecer su colaboración «para ver qué ayudas se pueden articular ahora para quienes sean expulsados de la renta mínima», dijo Teresa Crespo, su presidenta.
POLÍTICOS ENOJADOS / La aprobación del decreto ha echado más leña al fuego de la indignación de los grupos de la oposición. Unos grupos que hace solo cuatro días reclamaban a losconsellersde Benestar y de Ocupació que antes de seguir adelante con los recortes abran un periodo de diálogo con partidos, entidades sociales y ayuntamientos. Por ello ayer la sorpresa fue mayúscula. Especialmente teniendo en cuenta que el PP también había avisado de que podría hacer prosperar la reprobación de Mena. Su portavoz, Enric Millo, lamentó que el Govern haya optado por «una reforma que es un parche» en lugar de negociarla a partir de sus propuestas.
El PSC llegó a afirmar, en palabras gruesas, que lo acordado ayer por el Govern es «la muerte de las políticas sociales». «¿Qué quiere decirdificultad social añadida? ¿Qué debe pasar, que tengan problemas de ludopatía o alcoholismo? Entonces tendremos no uno sino dos problemas», denunció la diputada Eva Granados. El republicano Pere Bosch, que el viernes propuso un pacto social contra la pobreza y evitó pedir la dimisión de losconsellers, admitía ayer su decepción por el hecho de que la Generalitat haya impulsado el decreto sin ningún diálogo. «Se deja a los parados de larga duración sin un plan», denunció Bosch.