La liberalización de las torres de control, tantas veces anunciada, es cuestión de días. La iniciativa, que supondrá que estos centros pasen a ser gestionados por empresas privadas que contratarán a su propio personal, se desarrollará en dos fases. La primera será aplicable en 13 aeropuertos (Alicante, Valencia, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Sevilla, Jerez, Sabadell, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña y Melilla) cuyas torres, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, serán sometidas a concurso público «en las próximas fechas», según explicó ayer José Blanco durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Fomento.
Según fuentes del departamento, el ministro firmará dos órdenes «ya, esta misma semana» para que la medida pueda llevarse a efecto. Por el momento, anunció Blanco, ya hay cinco empresas interesadas en hacerse cargo de las torres que «están en proceso de certificación». Son Sarco, ACS, Clece, Ferroser, Gesnaer e Indra. La segunda fase, por la que se liberalizarán las torres del resto de los aeropuertos, incluido El Prat, tardará más en cristalizar: comenzará a desarrollarse a partir del 2012.
«Con esta liberalización rompemos el monopolio de AENA en la prestación del servicio de control aéreo en España, estimulando la competencia entre empresas para así ganar en eficiencia y calidad de servicio», señaló Blanco. También puede tener otro efecto positivo: si ocurre como ha ocurrido en otros países donde estas instalaciones han pasado a manos privadas, y todo hace pensar que ocurrirá, los sueldos de los controladores serán sensiblemente inferiores a los actuales.
LAS SANCIONES / La primera intervención del ministro de Fomento duró dos horas. Si bien de forma mucho más pormenorizada, el contenido fue similar a lo expuesto por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el pleno de la semana pasada, dedicado al caos aéreo tras el plante de los controladores. Blanco, por tanto, explicó por qué el gremio más denostado de los últimos tiempos había logrado atesorar tal volumen de privilegios laborales y por qué el Gobierno reaccionó con el estado de alarma que ahora se prorrogará.
Pero hubo alguna novedad. Dijo Blanco que más allá de las responsabilidades judiciales y laborales, los controladores se enfrentan, por su infracción administrativa, a una multa de hasta 225.000 euros además de la pérdida de sus licencias. También señaló que cuando concluya el estado de alarma se volverá a negociar con el colectivo, cuya carga de trabajo, según el ministro, es menor en España que en otros países de su entorno. Habrá una fecha límite: si el 31 de enero no se ha llegado a un acuerdo, habrá que adoptar otras decisiones «en relación con la negociación colectiva».
«Se han tomado más decisiones en un año que en 30. Acúsenme de lo que quieran, pero no de indecisión», dijo Blanco al PP, que al igual que ERC, IU-ICV y el BNG se mostró contrario a la prórroga del estado de alarma. «El sabotaje no quedará impune», concluyó.