El debate sobre la prohibición del velo integral se ha cobrado la primera víctima política, aunque sea a la pequeña escala que representa el Ayuntamiento de Cunit (Baix Penedès). La alcaldesa y senadora, Judith Alberich (PSC), ha destituido de la cartera de Igualdad (que se ocupa de los asuntos de inmigración) a la concejala socialista Sílvia Martínez, quien se había mostrado crítica con la política de sus compañeros de gobierno respecto al burka y el niqab.
Martínez se enteró de su destitución a través de un decreto de alcaldía que le entregaron el lunes. Por el momento, sigue manteniendo las carteras de Joventut y Serveis Socials. Ayer se negó a evaluar los motivos del recorte en sus responsabilidades. «En estos momentos prefiero no hacer ninguna declaración», dijo. «Quiero dar un nuevo impulso a la concejalía de Igualdad y la quiero asumir yo para hacerla más eficiente», justificó Alberich.
EN CONTRA DE PROHIBIR / Martínez pidió perdón a sus compañeros de partido en el pleno que el lunes de la semana pasada aprobó la moción del equipo de gobierno (PSC y PP) para prohibir el uso del burka y el niqab en dependencias municipales. La hasta entonces concejala de Igualdad votó a favor de la propuesta, pese a que unos días antes anunció que se abstendría. En el mismo pleno, no obstante, dejó claro que no está a favor de prohibir el velo integral.
Además de este enfrentamiento, el motivo del recorte de responsabilidades a Martínez apunta a la filtración a la prensa de un informe interno redactado el año pasado y publicado porEl País. En el mismo se advierte de la influencia que tienen los líderes musulmanes locales y de un posible trato de favor por parte del ayuntamiento.
JUICIO CONTRA EL IMÁN / La alcaldesa tendrá ahora directamente bajo sus órdenes a la mediadora cultural Fátima Ghailan, que hace unos meses la acusó de presionarla para que retirara una denuncia por agresiones y amenazas contra el imán local y varios miembros de su familia. En el juicio que se celebró el jueves pasado el fiscal solicitó para el imán una pena de cinco años de cárcel.