La 'tormenta perfecta' de la infrafinanciación local: por qué los alcaldes metropolitanos piden auxilio

El contexto de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales 2024 en los grandes ayuntamientos de la región metropolitana de Barcelona ha puesto en el centro de la conversación pública de las ciudades la infrafinanciación a la que los consistorios apelan para justificar la subida generalizada de impuestos. La suma de la inflación, el 'agujero' presupuestario que les ha causado dejar de ingresar el impuesto de plusvalía y un marco legal de financiación anquilosado son la 'tormenta perfecta' a la que las administraciones locales apelan al alzar la voz en su 'SOS financiero'. EL PERIÓDICO radiografía a continuación las claves que explican las razones en las que los ayuntamientos justifican sus reclamaciones en torno a su financiación. La inflación, la gota que colma el vaso La subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), cuyo último incremento marca un +3,5%, es uno de los principales argumentos de los consistorios para justificar el aumento de la presión fiscal para el ciudadano de cara al próximo año 2024. Pese a que en algunos casos puntuales, como Badalona, el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se sitúa por debajo del actual dato de inflación, en la mayoría de ciudades el tributo se aumenta por encima de la crecida de precios, argumentando los gobiernos locales la actualización del mismo en consonancia con los gastos extra que supone la inflación a la corporación local. Además, desde el mundo local claman contra otras subidas de precios. Entre ellas destacan la subida del precio del dinero, es decir, de los préstamos, créditos e intereses que asumen las corporaciones locales, así como los incrementos de sueldo de los trabajores públicos. "No digo que no tenga que subirse, sino que nos aplica [el Gobierno español] el porcentaje que ellos consideran oportuno, pero al mismo tiempo no nos dota de los ingresos que nos permita hacer frente a este gasto sobrevenido", explica la presidenta de la Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó. El 'agujero' del impuesto de plusvalía Otra de las carencias en las que inciden las administraciones locales es el 'agujero' que ha dejado en los presupuestos municipales la pérdida del impuesto de la plusvalía desde que lo tumbara por la vía judicial el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, desde la asociación Arc Metropolità, que integra a municipios catalanes tan importantes como Sabadell, Terrassa o Mataró, cifran en 26,4 millones la cuantía que dejaron de ingresar conjuntamente las ciudades en el 2022, recaudando así el 46,64% de lo inicialmente previsto tras la sentencia del Tribunal Constitucional. En L'Hospitalet, segunda ciudad de Catalunya, calculan que el cambio en la plusvalía se refleja en una pérdida del 30% respecto a los presupuestos prepandemia. En el contexto de España, el Ministerio de Hacienda calculó que la pérdida durante el 2022 fue de unos 830 millones, una caída del 40% en relación con el año anterior. Sin ir más lejos, tal y como ha publicado este diario, Barcelona se ve obligada a devolver unos 60 millones de euros por la anulación del impuesto de plusvalía. El gasto extra por competencias no obligatorias Según subrayan voces destacadas del municipalismo catalán, otro de los epicentros financieros conflictivos es el de las competencias no obligatorias que acaban asumiendo los ayuntamientos por delegación o directamente incomparecencia de administraciones supramunicipales, pero que, al no serles preceptivas en términos legales, únicamente les generan gastos pero no ingresos. A ello se refirió recientemente en un pleno de aprobación inicial de ordenanzas fiscales la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon (PSC), que se mostró crítica con la reforma del 2013 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), la cual deja indeterminado el citado encaje competencial. "La Generalitat y el Estado llevan mucho tiempo sin acometer la reforma del modelo de financiación de los ayuntamientos", reclamó Parlon, con la que concurren desde la Associació Catalana de Municipis. Un ejemplo paradigmático de este fenómeno que cita Maite Vilalta, doctora y profesora de la Universitat de Barcelona (UB) especializada en haciendas locales, es el de las guarderías. "Los consistorios han incrementado su gasto para hacer frente a sus realidades locales que no se han correspondido con un modelo de financiación que les permita compensarlo con recursos", agrega Vilalta. Inyección de 75 millones de la Diputación de BCN Muestra del malestar y preocupación de los consistorios en torno a sus hojas de ruta financieras es la reciente inyección de 75 millones de euros que ha anunciado la Diputación de Barcelona (Diba), administración que da servicio a los municipios de la provincia. En palabras de su presidenta de la Diba, la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret (PSC), el objetivo de la medida es permitir "que las corporaciones municipales puedan cerrar el año y sus ejercicios presupuestarios sin déficit", además de aportarles liquidez para los inicios del 2024. Estos recursos, sin embargo, no son vistos por las corporaciones locales como una solución ni mucho menos definitiva, sino como un "balón de oxígeno que resuelve una situación puntual", define Meritxell Budó, presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Moret y Budó concurren en la necesidad de reformar integralmente el sistema de financiación de las administraciones locales. "Con esta aportación de la Diba estamos tapando un 'agujero', que va muy bien para que no se escape el aire, pero que no resuelve el problema de fondo", concluye Budó. Falta de autonomía financiera de los ayuntamientos Más allá de la situación de emergencia actual, la infrafinanciación de las corporaciones locales es un problema estructural. La Ley reguladora de las Haciendas Locales de 1988 ya destacaba en su preámbulo que la evolución histórica de la hacienda local española es, desde mitades del siglo XIX, "la crónica de una institución afectada por una insuficiencia financiera endémica". Vilalta explica cómo todavía hoy buena parte de la financiación local pivota en torno a esta legislación, mientras que las responsabilidades y el gasto que asumen hoy los ayuntamientos dista mucho del de los años 80. Desde entonces ha habido algunas reformas que distintas voces del mundo local y académico tildan de insuficientes. Entre ellas, Vilalta destaca una reforma del PP en 2003 que, entre otras cuestiones, restringió la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas y compensó a los municipios vía subvenciones. Es decir, que los consistorios vieron incrementada su dependencia de administraciones supramunicipales. Desde el mundo local también critican la reforma del 2013 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), la cual deja indeterminado el encaje competencial que lleva a los ayuntamientos a asumir competencias no obligatorias sin los correspondientes recursos. Es por llo que el municipalismo catalán pide el despliegue de la ley catalana de financiación local que contempla el Estatut de Catalunya y una reforma estatal para formalizar un ámbito competencial propio y un modelo de financiación que se adapte a ese nuevo marco y permita una mayor autonomía tributaria a los ayuntamientos.

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