Malestar con el Col.legi de Psicòlegs de Catalunya por "contrataciones ilegales" de profesionales sin especialidad clínica

Los presupuestos del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya están paralizados desde el pasado mes de diciembre. A finales del año pasado, una mayoría de colegiados presentes en la asamblea, como rechazo a la actual junta, votaron 'no' a los presupuestos en una asamblea, obligando al colegio a prorrogar las cuentas de 2023. Los críticos ganaron con un margen de más de 30 votos. Aun así, la junta actual asegura que el colegio no está "ni bloqueado ni paralizado", ya que cuenta con los presupuestos de 2023 y "se puede hacer mucha cosa". Este miércoles 24 de abril se celebra una segunda asamblea que amenaza con mantener el bloqueo de las cuentas e incluso forzar una celebración de elecciones para cambiar la junta. "Fue un voto de castigo a la junta. Sin los presupuestos no puedes gobernar. Esto no había pasado nunca", asegura la psicóloga forense Mila Arch. El principal reproche que le hace el sector crítico a la junta es que esta "promueve cambios legislativos y favorece que se contraten a psicólogos que no tienen la especialidad de clínica", en palabras de la psicóloga clínica María José Miñano. Los psicólogos clínicos y forenses son los que más critican a la actual junta, pero también otros como Ricard Cayuela, del sector de trabajo y organizaciones, expresan su rechazo. "Es una junta que tiene el 'no' en la punta de la lengua y que no entra en el diálogo", asegura Cayuela. Otra de las acusaciones que se hace a la junta es la "falta de trasparencia" en las partidas presupuestarias. "La junta actual está poniendo en peligro la atención psicológica especializada", señala Miñano. ¿Cómo? "Haciendo de interlocutores con la Conselleria de Salut para promover cambios legislativos que permitan la contratación como especialistas de psicólogos que no lo son", responde. Por ejemplo, la nueva figura de referente de bienestar emocional que hay en los centros de atención primaria (CAP), creada para hacer frente al aumento de los trastornos de salud mental, está desempeñada por psicólogos que no tienen la especialidad de clínica. Para adquirir esta especialidad hay que pasar un difícil examen con muy pocas plazas (el llamado PIR, que es como el MIR para psicólogos) y después estar cuatro años de residencia en un hospital. Pero no solo en los CAP trabajan psicólogos sin especialidad: también los hay en hospitales y centros de salud mental, donde atienden a pacientes de alta complejidad, algo mal visto por buena parte del colectivo. Otras fuentes consultadas denuncian que, en realidad, una "ordenación profesional" de ambas figuras facilitaría la situación, y que es la actual junta la que está "confrontando" a los colectivos internos, esto es, a los psicólogos clínicos y a los generalistas. "Voluntad política" Para Roger Ballescà, miembro de la junta, las discrepancias existentes dentro del Col.legi de Psicologia de Catalunya son "normales y saludables". "Contratar a psicólogos sin especialidad para puestos de especialista no nos parece la mejor solución, ya que es una medida que tarde o temprano tendrá repercusiones laborales y generará más conflictos". "Pero es que no hay psicólogos clínicos", justifica. "Y si la alternativa es dejar de prestar servicios por falta de especialistas, no nos lo podemos permitir". Según Ballescà, las contrataciones deberían de hacerse con "seguridad jurídica y con visión estratégica", ámbitos, asegura, en los que está trabajando el Col.legi. "Si la alternativa es dejar de prestar servicios por falta de psicólogos clínicos, esto no nos lo podemos permitir" Roger Ballescà Junta del Col.legi de Psicòlegs de Catalunya "No tiene ningún sentido que se contraten psicólogos sanitarios para plazas de especialista mientras muchos especialistas hacen tareas en atención primaria que podrían ser asumidas por los sanitarios, pero esto requiere de cambios legislativos y voluntad política", añade. Ballescà también lamenta que en diciembre se votara contra los presupuestos "por motivos ajenos a los propios presupuestos". Según él, era un voto "dirigido por entidades externas al colegio" con la intención de "perturbar el funcionamiento normal" de la entidad. Los psicólogos clínicos, no obstante, ven grave que en los hospitales se esté contratando a personas sin especialidad "al amparo del silencio administrativo del colegio", insiste Miñano. "Para mí el gran problema es el tono impositivo, la imposibilidad de diálogo", añade Arch. Para ella, psicóloga forense, lo más grave es la "aplicación arbitraria de los procedimientos sancionadores". "En un intento de limitar las competencias propias del psicólogo forense, están acusando injustamente a los colegiados de aspectos que no están recogidos en el Código Deontológico y ello deriva en numerosos contenciosos administrativos contra el colegio. Además, hemos constatado que esto solo sucede con psicólogos foresenes que no son afines a la junta de gobierno", asegura Arch.

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