La objeción de conciencia de médicos y enfermeras está vulnerando el derecho de las mujeres a abortar en centros sanitarios públicos de España, incluida Catalunya. Las motivaciones ideológicas de muchos de los profesionales sanitarios obstaculizan la prestación de un servicio público como es el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo, previsto en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva. El último episodio de estas trabas se ha producido en Madrid, donde un hospital público se ha negado a practicar un aborto terapéutico, como ha denunciado una de las doctoras del centro, que a su vez era la que quería interrumpir su embarazo. Si bien, el problema viene de antiguo. Las estadísticas del Ministerio de Sanidad indican que un 85% de las intervenciones se realizan en clínicas privadas, la mayoría de ellas concertadas y por tanto sin coste para la mujer. Y en el año 2010, cuando se aprobó la llamada ley de plazos eran un 98%.