LEGISLACIÓN SANITARIA

Catalunya recupera el derecho universal a la sanidad

La norma esquiva un decreto ministerial que a partir del 2012 dejó fuera a los inmigrantes en situación irregular

Pacientes en el Hospital del Vall d’Hebron. / RICARD CUGAT

El Parlament ha aprobado esta mañana la ley de universalización de la asistencia sanitaria, una normativa que permitirá de nuevo el acceso al sistema público de todas aquellas personas residentes en Catalunya, con independencia de su condición legal. La ley, que ha contado con los votos favorables de todos los grupos salvo el Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, sortea un decreto estatal aprobado en el año 2012 que dejaba fuera de la cobertura sanitaria, salvo excepciones como embarazadas y menores, a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular.

A partir de ahora, para ser atendido en el Sistema Català de Salut (CatSalut) con cargo a fondos públicos bastará con estar empadronado o incluso acreditar unos criterios de arraigo todavía indefinidos, pero que se desarrollarán en un reglamento que deberá estar listo en menos de tres meses.

La ley "quiere eliminar cualquier desigualdad que pueda haber entre las personas residentes en Catalunya", dice en su enunciado. Así se logrará cumplir "de manera efectiva" el Estatut y la declaración universal de derechos humanos, "que establece que toda persona tiene el derecho a la asistencia médica". "Queremos una ley que garantice la asistencia para todos", ha insistido el 'conseller' Antoni Comín, quien ha recordado que se trata de una "reclamación social".

En el 2012, cuando Ana Mato era ministra de Sanidad, un real decreto eliminó la asistencia universal en España con el argumento de contener el gasto y frenar el turismo sanitario. A partir de entonces, Catalunya y otras comunidades autónomas intentaron esquivar el decreto con una serie de reglamentos y recomendaciones que, entre otros aspectos, daban vía libre a acceder a los servicios sanitarios alos 90 días del empadronamiento. Sin embargo, ello no fue suficiente, al menos en Catalunya, para que se produjeran casos de exclusión, como denunciaron diversos colectivos. Ahora, se oficializa la asistencia y se le da cobertura. "Restablecemos la universalidad que se perdió y que hemos seguido garantizando por la puerta de atrás", ha dicho Comín

La ley también prevé que el CatSalut se hará cargo del coste de la asistencia urgente de personas no residentes en Catalunya siempre que acrediten que no tienen los recursos económicos para pagarlo. Finalmente, se dará cobertura gratuita a los catalanes residentes en el extranjeros que necesiten asistencia cuando se encuentren en Catalunya.

La diputada Marisa Xandri, del PP, ha justificado su voto en contra porque, según ha explicado, se corre el riesgo de convertir Catalunya "en el hospital del mundo", además de "provocar un efecto llamada". La ley, ha dicho, provocará que turistas e inmigrantes irregulares se aprovechen del sistema sanitario catalán. "Hay que llamar a las cosas por su nombre -ha insistido-. Ningún sistema sanitario del mundo se lo puede permitir".

En cambio, la más opuesta a esta línea ha sido Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, que ha calificado al PP de xenófobo y racista: "Si los inmigrantes irregulares no deben tener derecho a la salud porque no pagan impuestos, entonces ¿todos los que salen en los Papeles de Panamá tienen derecho? ¿Tiene derecho José Manuel Soria?" 

Finalmente, El diputado de C's Jorge Soler ha lamentado que la ley se haya tramitado con urgencia: "Se ha hecho con fines electorales. El Govern necesitaba aprobar una ley sanitaria antes de terminar la legislatura".

La Plataforma para una Asistencia Sanitaria Universal en Catalunya (PasuCat), que agrupa a más de 40 entidades, ha criticado que la nueva “sigue dejando en situación de exclusión” a las personas residentes en Catalunya que no están registradas en el padrón municipal. La entidad, que ha valorado la creación de esta ley, ha reconocido que regular el acceso a la sanidad de personas no empadronadas a través de un reglamento posterior, como anunció el ‘conseller’ de Salut, Antoni Comín,”no les dota de suficientes garantías legales” para ejercer su derecho al acceso a la sanidad. Las entidades han asegurado que esta ley tampoco resuelve los problemas detectados en la atención urgente a personas que no tienen tarjeta sanitaria, incluyendo a menores y embarazadas, que también se ha anunciado que se establecerá en un reglamento. -- TERESA PÉREZ