El derecho a la asistencia sanitaria pública de los ciudadanos del este de Terrassa -zona considerada de población desfavorecida- es el mismo que el de quienes viven en el barrio de Les Corts, de Barcelona, pero las desigualdades socioeconómicas que existen entre unos y otros impiden que ese derecho se traduzca en un mismo grado de salud. La esperanza de vida de los primeros es hasta siete años menor que la de los segundos, indican las estadísticas epidemiológicas del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat. La Conselleria de Salut se propone atenuar ese desequilibrio dotando de más financiación a los CAP que atienden a la población más desfavorecida.

Salut ha identificado los 180 CAP de Catalunya -de los 369 que gestiona el Institut Català de la Salut (ICS)- que atienden a población que sufre una mayor desigualdad socioeconómica, circunstancia que, aseguran, se traduce en un peor estado de salud. Aunque la oferta asistencial disponible no es el único factor que determina esas distancias negativas -de hecho, la sanidad catalana, gratuita y casi universal, está considerada un factor de cohesión social-, sí existe un margen de actuación en este ámbito, y es ahí donde ha decidido intervenir el departamento de Salut, indica su titular, Antoni Comín. 

MÁS MÉDICOS Y ENFERMERÍA

El presupuesto de Salut dedicará 65 millones de euros adicionales en los próximos cinco años -13 millones en el 2017- para esos 180 CAP. El destino de esa partida adicional no está concretado, pero sin duda incluirá una mayor dotación de médicos y enfermería, indicó Comín. Una quincena de los 40 CAP identificados como receptores de la población desfavorecida que se encuentra en peor situación están en Barcelona y su área metropolitana -tres en Badalona, uno en Santa Coloma de Gramenet y uno en L'Hospitalet, entre ellos-, cinco en Girona, otros cinco el Lleida y unas proporciones similares en Tarragona, la Catalunya Central y las Terres de l'Ebre.

La precisión con que Salut ha detectado los CAP que reciben a una población más desfavorecida se ha conseguido aplicando a todas las áreas sanitarias unos indicadores socioeconómicos que, a partir de ahora, se utilizarán para determinar qué presupuesto debe recibir cada CAP de Catalunya. Ese nuevo criterio financiador tendrá en cuenta el porcentaje de población atendida dedicada a profesiones manuales, el nivel de instrucción de esos ciudadanos, y la tasa de mortalidad prematura o de hospitalización considerada evitable que registra cada uno de ellos. Para establecer la partida que recibirá cada CAP también se tendrá en cuenta el porcentaje de población atendida que tiene una renta anual inferior a los 18.000 euros y cuánta supera los 100.000 euros anuales. Hasta ahora, la financiación de los CAP se establecía exclusivamente a partir del número de ciudadanos asignados, prescindiendo de su situación socioeconómica.

“El 80% de las causas que determinan la salud de la población son de origen social y económico. Nosotros podemos intervenir en ese 20% que es mejorable dotando de más recursos al sistema”, ha indicado Comín. Aunque en un principio se pensó en proceder a una “redistribución” del presupuesto global destinado a la asistencia primaria –reducir la aportación a algunos CAP para incrementar la de otros-, Comín ha optado por no alterar la financiación de los servicios situados en zonas de población favorecida y recurrir a una partida adicional -los citados 65 millones iniciales- para destinarlos a los peor situados desde el punto de vista socioeconómico. “Esto nos llevará a una transición larga y lenta”, ha advertido el ‘conseller’.