El impacto de la epidemia de virus zika, y su posible relación con la propagación de casos de microcefalia en bebés de Brasil, ha planteado la necesidad urgente de establecer un debate sobre el derecho al aborto en América Latina. Un asunto espinoso para una región profundamente marcada por el catolicismo y en la que sus clases políticas, supuestamente progresistas, no han querido oír hablar de esa práctica por miedo a perder el apoyo de los sectores más religiosos.
Hace unas semanas, las declaraciones del responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, instando a los países afectados a revisar urgentemente “las leyes y políticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que vulneran las leyes internacionales”, pusieron el dedo en llaga en esta parte del mundo en la que siete de los 27 países afectados consideran la práctica del aborto un crimen.
MOVIMIENTOS A FAVOR
Considerado como el epicentro de la epidemia del virus zika en las Américas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), con un total de 5.280 de casos sospechosos de microcefalia en bebés y 1,5 millones de personas infectadas por el zika, Brasil fue el primer país en el que los movimientos a favor de la legalización total del aborto se pusieron en pie de guerra.
La oenegué feminista brasileña Instituto de Bioética Anis interpondrá en las próximas semanas una acción legal en el Tribunal Supremo Federal con el objetivo de descriminalizar los abortos en casos de microcefalia detectada en el feto. Una acción similar a la realizada en 2012 y que logró la autorización del aborto legal en los casos de anencefalia (ausencia total del cerebro en los fetos), una de las tres excepciones permitidas legalmente para el aborto en Brasil, junto a los casos de violación y de peligro de muerte de la embarazada.
DIRECCIÓN OPUESTA
“No se trata de imponer el aborto, sino de dar respuestas a las mujeres afectadas en medio de una epidemia”, explicó en un comunicado oficial la responsable por la acción, Débora Diniz, que acusó al gobierno brasileño de mantener una legislación “retrógrada”. Cabe recordar que en estos momentos, en lugar de avanzar en ese sentido, el Congreso brasileño deberá estudiar la aprobación del reciente proyecto de ley 4396/16 que prohibirá expresamente el aborto en caso de microcefalia.
Lo cierto es que, a pesar de los avances en materia de derechos civiles en la mayoría de los países de América Latina, la cuestión del aborto continua siendo un verdadero tabú a nivel político. Solamente Uruguay, Guyana y Guyana Francesa permiten a las mujeres acceder libremente al aborto, mientras que países como Colombia, México y Panamá autorizan la práctica del aborto cuando existe constatación médica de graves malformaciones en el feto.
Solo Uruguay, Guyana y Guyana Francesa autorizan a las mujeres en Sudamérica a abortar libremente
El pasado 5 de febrero, el ministro colombiano de Salud, Alejandro Gaviria, anunció el primer caso de aborto terapéutico en el país más afectado por la epidemia de zika tras Brasil. Al parecer, este se produjo en una clínica privada de Bogotá a una mujer embarazada de 25 años diagnosticada de zika, después de que el feto de 32 semanas presentase claros indicios de malformaciones, entre ellas la microcefalia. Según cifras oficiales, en Colombia hay al menos 2.824 mujeres embarazadas diagnosticadas con zika, pero todavía no se ha podido comprobar que el virus haya causado la microcefalia en ninguno de los casos.
PENAS DE CÁRCEL
Con total probabilidad, el país que más controversia promete causar es El Salvador. El Código Penal de este país centroamericano establece penas de entre 2 y 8 años para las mujeres que practiquen la interrupción artificial del embarazo y hasta 12 años para los médicos que practiquen abortos. Según Amnistía Internacional, algunas mujeres que sufrieron abortos espontáneos fueron acusadas de homicidio con agravante y condenadas a penas de hasta 40 años. En el 2013, la Policía Nacional Civil informó que 16 mujeres, 6 de ellas menores de edad, fueron acusadas por el delito de aborto.
Por su parte, en el viaje de regreso de México, el papa Francisco reconoció de manera no oficial que el uso de métodos anticonceptivos sería un mal menor ante semejante epidemia. Una recomendación compartida por los gobiernos de Colombia, Ecuador y El Salvador, pero que resulta poco realista en una región en la que, según los datos de la ONU, el 56% de los embarazos no son planeados. Como era de esperar, la máxima autoridad de la Iglesia Católica no quiso ni oir hablar del aborto: "El aborto es un crimen, matar una persona para salvar otra. Es lo que la mafia hace". Teniendo en cuenta el peso del Vaticano en Sudamérica, todo hace pensar que la más que ingenua recomendación de las Naciones Unidas a la zona caerá en saco roto una vez más.
Más de 865.000 brasileñas abortan clandestinamente cada año
La oenegé estadounidense Center for Reproductive Rights (CRR) señaló a Brasil como uno de los 66 países del mundo en los que las leyes contra la práctica del aborto son más estrictas. No obstante, la rigidez de sus leyes no impide que cada año unas 865.000 mujeres recurran al aborto clandestino. Practicados en clínicas ilegales dirigidas por mafias o, en el mejor de los casos, a través de la ingesta de medicamentos como el Cytotec o Misoprostol, un potente fármaco contra la úlcera, los abortos ilegales constituyen la quinta causa de muerte materna en Brasil, causando 154.391 intervenciones de urgencia solamente en el 2013. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 mujeres brasileñas menores de 40 años ya realizaron al menos un aborto en su vida, una cifra que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sitúa en 7,4 millones de mujeres. Esta misma semana, el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo' informó de un aumento de la demanda de abortos clandestinos entre embarazadas diagnosticadas con zika. El interés ha disparado el precio de los abortos quirúrgicos ilegales entre los 1.200 y los 3.500 euros, un precio inasumible para la inmensa mayoría de los brasileños y que condena a las clases más humildes a ser las únicas que no tengan acceso a un costoso procedimiento que, además, no cuenta con garantias de seguridad. Por su parte, las clases más pudientes continuarán con la extendida práctica de realizar sus abortos en clínicas privadas de Miami y Europa.