Las vulneraciones de derechos a personas con trastornos mentales crecen un 50% en un año en Catalunya

El informe “Derechos y Salud Mental 2023”, presentado este martes por la Federación Salut Mental Catalunya (SMC) y la Federación Catalana de Entidades de Salud Mental en 1ª Persona – VEUS, ha revelado una alarmante cifra de vulneraciones de derechos entre personas con problemas de salud mental. Los 409 casos documentados en 2023 representan un 52% más de denuncias respecto al año anterior. Además se trata de "la punta del iceberg", según advierten las entidades. "Estas vulneraciones demuestran que la igualdad de derechos que promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos está lejos de ser una realidad para las personas con diagnóstico de salud mental”, ha denunciado la presidenta de SMC, Mercè Torrentallé.

La administración, responsable del 64% de las vulneraciones

El informe pone de manifiesto que la Administración pública es responsable del 64 % de las vulneraciones y señala el ámbito sanitario como el espacio con más incidentes. Diana González, técnica del Observatorio de Derechos de la Federación Veus, destaca que “el aumento de casos detectados es solo la punta del iceberg”, y remarca que, para abordar estas vulneraciones, es esencial que las administraciones adopten la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como marco de referencia, tal como concluye el informe.

En este sentido, Albert Piquer, presidente de la Federación Veus, considera "urgente" un cambio de modelo hacia una atención centrada en derechos, "ya que venimos de un modelo biomédico que a menudo se olvida de la persona y la trata como un objeto clínico”. Piquer añade que solo con este cambio se podrá garantizar un futuro en el que ninguna persona vea vulnerados sus derechos por convivir con un problema de salud mental.

Las mujeres, más discriminadas

Los datos también apuntan al sesgo de género: un 60 % de las denuncias son presentadas por mujeres, muchas de las cuales también son las principales cuidadoras de familiares con problemas de salud mental. Torrentallé traslada la preocupación de las entidades sobre este doble impacto: “Cuando los derechos de una persona con un problema de salud mental son vulnerados, el impacto no es solo sobre ella, sino también sobre quienes la cuidan, muchos de los cuales no tienen apoyo profesional”.

Vi cómo sometían a compañeras a contenciones químicas en lugar de ofrecer un apoyo real

Alba Muntadas

— Testimonio en primera persona

Alba Muntadas, activista en salud mental, lo explica desde su propia experiencia: “Mis ingresos psiquiátricos fueron muy duros. Vi cómo sometían a compañeras a contenciones químicas en lugar de ofrecer un apoyo real. Cuando mi salud física empeoró, me di cuenta del trato desigual según el tipo de diagnóstico. Esta doble estigmatización, de género y salud mental, te hace sentir desamparada y menos merecedora de una atención de calidad”.

Vivienda y discriminación: Un muro implacable

Lourdes Calvo, quien también convive con un problema de salud mental, destacó la dificultad de acceder a una vivienda segura y estable: Al denunciar que un vecino hacía mucho ruido, ya desesperada, terminé llevándome yo la amonestación. “Mis derechos como inquilina no importaban”. Según Lourdes, esta discriminación se ve agravada por la falta de servicios jurídicos accesibles: “Cuando he necesitado ayuda, he tenido que esperar meses para acceder a un abogado de oficio. En lugar de empoderarme, la burocracia me ahoga”.

Mis derechos como inquilina no importaban

Lourdes Calvo

Estas dificultades en el acceso a la vivienda no son excepciones. En el informe, un 7% de las personas denuncia la vulneración de su derecho a una vivienda digna. Ivan Cano, responsable de derechos e incidencia de SMC, subrayó que “muchas de estas personas no tienen los recursos legales necesarios para reclamar sus derechos y se sienten desprotegidas frente a un sistema que parece dar la espalda a sus necesidades básicas”.

Los ingresos involuntarios y la dificultad para hallar justicia

Las entidades también alertan sobre el problema de los ingresos involuntarios, a menudo utilizados sin justificación clara, y de las terapias electroconvulsivas (TEC) aplicadas sin suficiente consentimiento informado. Diana González describe como "a menudo, las personas no denuncian estas situaciones porque ya se sienten desacreditadas por el propio sistema. Además, denunciar suele implicar revivir la situación en múltiples instancias, lo cual desanima a muchas víctimas”.

Esta barrera burocrática también ha sido mencionada por Ivan Cano, quien defiende que “la debida diligencia es fundamental para que estas denuncias prosperen”. Cano añade que “las personas con experiencia propia en salud mental deben poder ver sus derechos respetados sin tener que luchar contra un sistema que las ignora”. 

#DretsEnSalutMental

En respuesta a esta situación, la campaña #DretsEnSalutMental ha iniciado un esfuerzo para concienciar a la sociedad y ofrecer apoyo a las víctimas de discriminación. La campaña, que cuenta con el apoyo de 90 entidades, incluye testimonios, recursos informativos y un vídeo titulado “Alza la voz. No estás sola” para que las personas afectadas conozcan y puedan reclamar sus derechos.

Mar Novel, responsable de comunicación y prensa de SMC, espera que esta campaña no solo fomente las denuncias, sino que también promueva un cambio de protocolos y mentalidad en los centros sanitarios: “Queremos que las personas no tengan ningún motivo para denunciar porque sus necesidades se atiendan adecuadamente desde el primer momento. Solo cuando desaparezcan estas vulneraciones podremos decir que hemos avanzado en la defensa de los derechos humanos”.

El informe concluye con un claro mensaje a las administraciones para que promuevan un cambio hacia un modelo de atención centrado en la persona. "Las políticas públicas deben defender cada día a los más vulnerables; no es una opción, sino una obligación”, ha subrayado Torrentallé.