SOS de los ayuntamientos de la Gran Barcelona por su infrafinanciación: "Es una situación límite"

La influencia del incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) en las nuevas ordenanzas fiscales de los ayuntamientos de cara al 2024 ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de importantes alcaldes de la región metropolitana de Barcelona, demarcación conocida como 'Gran Barcelona'. Aunque con incrementos dispares, la tendencia de los consistorios a finales de este 2023 está siendo elevar la presión fiscal al ciudadano de cara al próximo año, especialmente a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El tributo es la principal vía de ingresos locales especialmente desde que a finales del 2021 los consistorios perdieran la capacidad de recaudar el impuesto de plusvalía a raíz de que lo tumbara por la vía judicial el Tribunal Constitucional. La viabilidad económica de los ayuntamientos está en riesgo La justificación que esgrimen los alcaldes es que, sumada la actual inflación a las dificultades endémicas que llevan años lastrando las haciendas municipales, la subida de los tributos locales, en algunos casos por debajo de la del IPC, es la única manera de sufragar gastos y salvaguardar así la estabilidad financiera ante la que consideran que es una "situación límite". En esos términos se expresa Marta Farrés (PSC), alcaldesa de Sabadell y presidenta del Arc Metropolità, asociación que integra a nueve municipios de la segunda corona metropolitana de Barcelona entre los que destacan el propio Sabadell, Terrassa, Mataró o Granollers. "La viabilidad económica de los ayuntamientos está en riesgo: esto es un grito de auxilio de los alcaldes de Catalunya porque no podemos repercutir más presión sobre el ciudadano, estamos al límite", sostiene Farrés. Grito de auxilio Desde el Arc Metropolità ejemplifican el 'SOS financiero' de los ayuntamientos con datos. Por ejemplo, estiman que "por prestar exactamente los mismos servicios", enfatiza la presidenta Farrés, las ciudades del Arc gastaron en 2022 un total de 83,7 millones de euros más que en 2021, los cuales no tuvieron contrapartida en cuanto a ingresos. De ellos, las diferencias más significativas responden al incremento del IPC (24,4 millones) y a la pérdida de la plusvalía (26,4 millones), de la que únicamente se recaudo el 46,64% de lo inicialmente previsto tras la sentencia del Tribunal Constitucional. En el contexto de España, el Ministerio de Hacienda calculó que la pérdida durante el 2022 fue de unos 830 millones, una caída del 40% en relación al año anterior. De hecho, la Diputación de Barcelona aprobó este mismo jueves 26 de octubre un plan para inyectar 75 millones de euros a los municipios de la provincia de Barcelona con el objetivo de para evitar déficits en 2023 y dar liquidez a los consistorios al arrancar 2024. Maite Vilalta, doctora en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona (UB) y profesora especializada en haciendas locales, estima que el grito de auxilio de las administraciones locales es pertinente y está justificado, además de por la actual coyuntura económica, por su modelo estructural de ingresos, todavía anquilosado en la Ley de Haciendas Locales de 1988 y que "les ha ido haciendo más dependientes a partir de una reforma del 2003 a cargo del PP", que, entre otras cuestiones, restringió el Impuesto de Actividades Económicas para compensarles a través de subvenciones. Gastos por competencias no obligatorias Al "déficit de financiación estructural" de los ayuntamientos alude también Meritxell Budó, 'exconsellera' y exportavoz del Govern de la Generalitat y actual presidenta de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Budó enfatiza cómo la citada infrafinanciación se ve agravada en contextos económicos complejos como el de los últimos años (Guerra de Ucrania, inflación), especialmente teniendo en cuenta que "los ayuntamientos somos instituciones que no tenemos permitido generar déficit, escenario que nos tensiona y obliga a subir impuestos para hacer frente a los gastos", señala la también alcaldesa de la Garriga. Hay competencias que, si no las ejecutamos los ayuntamientos, no las ejecuta nadie Otro de los epicentros conflictivos que subrayan voces destacadas del municipalismo catalán es el de las competencias no obligatorias que acaban asumiendo los ayuntamientos por delegación o directamente incomparecencia de otras administraciones, pero que, al no serles preceptivas en términos legales, únicamente les generan gastos pero no ingresos. A ello se refirió recientemente en un pleno de aprobación inicial de ordenanzas fiscales la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon (PSC), que se mostró crítica con la reforma del 2013 de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), la cual deja indeterminado el citado encaje competencial. "La Generalitat y el Estado llevan mucho tiempo sin acometer la reforma del modelo de financiación de los ayuntamientos", reclamó Parlon. El ejemplo paradigmático de este fenómeno que cita la profesora Vilalta es el de las guarderías. "Los consistorios han incrementado su gasto para hacer frente a sus realidades locales que no se han correspondido con un modelo de financiación que les permita compensar con recursos", agrega Vilalta. "Hay competencias que, si no las ejecutamos los ayuntamientos, no las ejecuta nadie, y esto nos genera unos gastos que se deben equilibrar vía modelo de financiación", reivindica Budó, que ha pedido al Govern de la Generalitat una ley catalana de financiación local que permita "revisar y ordenar las competencias que hacen efectivas los consistorios para que se doten de recursos". Vilalta apunta que, aunque algo podrá hacer esta ley catalana, el cambio importante ha de llegar de una ley estatal. Tenemos grandes dificultades para intervenir en estos fondos que van dirigidos a nosotros De los 'Next Generation' al incierto horizonte del año 2025 Más allá del marco legal del sistema de financiación local, las preocupaciones actuales de los consistorios fluctúan entre recelos que van del corto plazo, como por ejemplo la gestión de los fondos europeos 'Next Generation', al medio plazo de especialmente el año 2025, horizonte que varias administraciones locales tildan de incierto. En cuanto a los fondos europeos, la reivindicación local se fundamenta en conseguir capacidad para gestionar directamente al menos un 15% de los mismos: "Tenemos grandes dificultades para intervenir en estos fondos que van dirigidos a nosotros", expuso Parlon en el Pleno de Santa Coloma; "los fondos son bienvenidos, pero hasta ahora los Gestiona la Generalitat y deberían ser traspasados al mundo local", argumenta la alcaldesa Farrés. La incerteza del horizonte del 2024-2025, por su parte, guarda vínculo con las previsiones de ingresos estatales con las que cuentan los municipios de cara a sus presupuestos del próximo 2024. Tal y como advierten desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda, los consistorios están planificando sus hojas de ruta presupuestarias con base en ingresos extraordinarios de los recursos derivados de la liquidación del 2022, sin todavía estar aprobado el nuevo marco europeo y nacional y, por consiguiente, sin que se hayan fijado objetivos de estabilidad de la conocida como 'regla de gasto' que podrían llegar a suponer un reequilibrio imprevisto de los ingresos locales.

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