Barcelona deja en manos de los policías prohibir el surf en caso de temporal

Pasó hace casi un año, cuando la borrasca azotaba Barcelona. A la caza de la mejor ocasión para practicar un deporte que hace de las aguas embravecidas su razón de ser, tres surfistas experimentados se arrojaron a aprovechar el oleaje poco común que sacudía la playa de la Barceloneta una mañana gris de noviembre. Ondeaba la bandera roja y, además, el ayuntamiento había activado el plan de emergencia en fase de alerta por mala mar. Unos agentes de la Guardia Urbana aguardaron a los deportistas en la orilla. El vídeo en que se ve a un policía identificar a Manel Maestre, un profesional del surf, se hizo viral. “Los tres que entramos al agua somos instructores. Trabajo en Galicia y estamos acostumbrados a los temporales. Este verano hemos llegado a tener olas de 3,5 metros. Las de aquel día en Barcelona eran de 2 a 2,5 metros, asequibles para alguien con experiencia y conocimiento”, recalca Maestre. Uno de los agentes que lo abordó nada más salir del agua le apercibió con una posible sanción de 750 a 1.500 euros. ¿El motivo? Una supuesta infracción de la ordenanza de civismo por adentrarse en el mar con bandera roja. “Nunca me ha llegado la multa a casa, pero a un compañero sí. Fue absurdo. Los que nos dedicamos a esto y conocemos el mar sabemos mejor que nadie si las condiciones son adecuadas o no”, zanja. Meses después de aquel encontronazo, el Ayuntamiento de Barcelona ha venido a dar la razón a los surfistas que, sin pretenderlo, pusieron en evidencia el veto de facto que debían sortear en la capital catalana cuando se da la combinación ideal para surcar las olas. El consistorio tiene listo un decreto pendiente de aprobar que regula la práctica deportiva en el litoral. Admite que, hasta ahora, las circunstancias en que estaba permitido surfear en la ciudad resultaban difusas. Permiso “en general” La orden municipal -abierta ahora a alegaciones para introducir cambios- trata de deshacer la confusión. En ese sentido, fija que el surf, el 'paddle surf' y el 'windsurf' están autorizados “en general” cuando se declare un plan de emergencia en estado de prealerta o alerta por fuerte oleaje. En ese supuesto, la responsabilidad se descarga en los deportistas que se atrevan a introducirse en el mar. No obstante, el ayuntamiento puntualiza que los cuerpos de seguridad podrán intervenir “excepcionalmente” para “prohibir” que se surfee “si perciben que hay un riesgo grave y concreto para la seguridad de las personas”. El añadido posee la curiosa virtud de poner de acuerdo a quienes podrían parecer oponentes, visto el topetazo del año pasado. Tanto los representantes de los deportistas como sindicatos policiales consideran que al decreto le falta concreción para ahorrarse discusiones y malinterpretaciones. “¿Cuál será el criterio de los agentes para decidir que se corre o no peligro? La persona que prohíba hacer surf, ¿qué conocimiento tiene del medio y de nuestro deporte?”, plantea el presidente de la Federación Catalana de Surf, Carles López. Enfatiza que, en contraste, la norma resulta más nítida cuando se refiere a la fase de emergencia, en la que el surf se impide de forma tajante. “Estamos de acuerdo, porque son olas de una altura superior a los cuatro metros y muy poca gente es capaz de practicar surf así. Eso es objetivo. En cambio, dejarlo al criterio de un agente es subjetivo”, opone. El ayuntamiento señala que los agentes de la Guardia Urbana estarán facultados para ordenar a los surfistas que se queden en tierra cuando detecten que su vida puede verse amenazada. El consistorio argumenta que los policías cuentan con experiencia y conocimiento para identificar peligro en el mar. Aclara que los urbanos no controlarán quién entra al mar con una tabla de surf ni comprobará si están federados o disponen de seguro. La nueva regulación municipal estipula que “debe fomentarse” que quienes surfean dispongan de una credencial, pero no la exige. Escepticismo en la policía Representantes de la plantilla de la Guardia Urbana discrepan que la responsabilidad de dictaminar si el mar entraña riesgo también para los surfistas se escurra a los policías. "No debería de ser un agente quien la tomara por decisión propia. Tendría que ser la jefatura del cuerpo o la capitanía del puerto quien dicte una resolución y que los agentes la hagan cumplir porque, salvo excepciones, no sabemos cuándo la práctica es peligrosa”, aduce el secretario de organización de UGT-SPL, José Casas. “Es ambigua y de difícil aplicación por falta de efectivos y porque faltará una unidad de playas que opere durante todo el año. Si me apura, diría que es también arbitraria”, cuestiona el portavoz de CSIF en la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano. Aparte, indica que “no se podrá vigilar dentro del mar porque las barcas no navegan fuera de la época estival”. Según la Federación Catalana del Surf, Barcelona goza de condiciones para surfear durante unos 90 días al año, concentrados en otoño e invierno. “El servicio de las embarcaciones de la Guardia Urbana finaliza en octubre, cuando más actividad de surf puede haber. No tendremos los medios de apoyo para una gestión adecuada y las patrullas que hayan de actuar lo harán desde la playa. No resultará lo más apropiado”, opina el portavoz de SIP-Fepol, Jordi Rodríguez Lima. Resabiado tras el desencuentro con la Urbana, Maestre no comprende que el acceso al mar para los surfistas pueda quedar supeditado al juicio de un policía. “Cualquier persona que no es surfista y vea olas de un tamaño considerable sentirá que existe peligro. Lo que nos pasó con la Guardia Urbana el año pasado puede volver a ocurrir”, presiente.

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Deportistas y sindicatos policiales rechazan que el ayuntamiento descargue en los agentes la responsabilidad de decidir si el estado del mar supone peligro "grave"

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