"El señor Rato no tiene liquidez. [...] El perito de la Unidad ya les puso de manifiesto que si ustedes analizan las cuentas del señor Rato se van a encontrar que son todo préstamos, no es una persona al uso, en donde ustedes tengan ahí un 'cash' que pueda manejar, no, se van a encontrar con algo llamativo, que es que tiene esa apariencia de estar en números rojos de forma permanente. Y necesita traer ese dinero a Europa para la inversión en Alemania", explica la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente, que ha resaltado en el juicio que el exvicepresidente del Gobierno se valió de la Declaración Tributaria Especial (DTE) o amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro para tratar de regularizar el dinero que ocultaba y "llevarlo limpio a Alemania".
Así se ha pronunciado el Ministerio Público en su turno de informe durante la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid y que encara esta semana su recta final que acabará con el turno de última palabra de los encausados.
Además, ha sostenido que Rodrigo Rato ha actuado con "opacidad" porque a pesar de que tenía una vida pública que declaraba al fisco, "por debajo" mantenía desde hacía muchísimos años "diferentes bolsas patrimoniales en el exterior" que eran "desconocidas para la Hacienda española".
Sesenta y tres años de cárcel
La fiscal anticorrupción ha acusado al exministro Rodrigo Rato de haber querido actuar "como una suerte de instructor en el procedimiento" y ha advertido al tribunal que le juzga por el incremento presuntamente ilícito de su patrimonio de que su defensa "manipuladora" ha usado "trampantojos, trampas y ocultaciones" en favor de su defendido, informa Europa Press.
Lorente ha reclamado finalmente 63 años de cárcel para Rato por utilizar "una red societaria nacional e internacional" para dejar de pagar impuestos, según especifica el escrito de conclusiones definitivas presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid que juzga la gestión del patrimonio del que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La fiscal Elena Lorente, que al principio del juicio reclamaba 70 años de prisión para Rato, ha renunciado a atribuirle los delitos de insolvencia y falsedad. No obstante, sí ha elevado el importe de las multas, que superan los 42 millones de euros.