El Gobierno está dispuesto a estudiar diferentes reformas legales para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP, pero esperará primero a que se pronuncie la Comisión Europea. La UE está ejerciendo un papel de mediación en la negociación entre los dos grandes partidos y fuentes de Moncloa entienden que si se perpetúa el bloqueo “algo tendrán que decir”. De ahí que rechacen hablar de plazos para tomar la iniciativa e incluso de fórmulas, que no estaría previsto valorar por el momento. La Comisión Europea ya rechazó la propuesta de rebajar las mayorías parlamentarias para forzar una renovación con mayoría simple, en lugar de tres quintos, como reclaman ahora los socios de coalición y otros grupos parlamentarios.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado cerrar la puerta a esta fórmula, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, si bien insistiendo en que la prioridad es hacerlo de la mano de los populares. “Lo deseable es llevarla a cabo [la renovación] con una amplia mayoría parlamentaria, ahora bien, si el PP decide bloquear lo vamos a hacer posible”, ha advertido para concluir que se trata de “un mandato constitucional”.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que acompañaba a Alegría en la misma rueda de prensa este mediodía, replicaba por su parte que “si tuviese dudas de la voluntad política de Feijóo le daría una oportunidad, pero creo que está a lo que está”. Esto es, según denunciaba, “controlar el órgano de gobierno de los jueces para que pase lo que está pasando hoy en nuestro país”. No solo para renovar el órgano constitucional, tras más de cinco años con el mandato caducado, sino para desplegar una agenda social y todos los contenidos del acuerdo de coalición.
Frente a la falta de prisas del Gobierno para cambiar de fase y esperar a Bruselas tras establecer una prórroga en las negociaciones, Díaz urgía a tomar la iniciativa “hoy mejor que ayer”. Desde la parte socialistas del Ejecurtivo, sin embargo, quieren evitar por el momento “cambiar de escenario”. La prioridad es llegar a un acuerdo con los populares, confiando en la presión de la Comisión Europea. Con todo, se cuidan en no descartar ninguna opción, cuando la reforma de las mayorías sí fue rechazada abiertamente desde el arranque de esta legislatura. El objetivo primordial, según defienden, pasa por garantizar la normalidad institucional y el prestigio de este órgano constitucional que dependería de su renovación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó esta mañana durante una entrevista en la Cadena Ser que si continúa el “secuestro” del CGPJ, “el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder salir de esta situación". Preguntado directamente sobre si esos mecanismos podrían pasar una reforma del sistema de mayorías, para los nuevos vocales sean elegidos con mayoría simple, Sánchez argumentó que "no le puede decir si con cambio de mayorías o no, pero la responsabilidad del Gobierno será renovar y no vamos a llevar a efecto".
Sánchez propuso este lunes la apertura de un proceso de "reflexión" con los medios de comunicación, pero también con las fuerzas políticas, para luchar contra los bulos y la desinformación que, según remarca, son uno de los principales desafíos que tienen las democracias occidentales.
Falta de propuestas
Sin embargo, pese a sus palabras, los socios habituales del Ejecutivo han criticado al presidente por no ofrecer propuesta alguna ante la "máquina del fango" que él mismo denunció más allá de su compromiso de impulsar una "regeneración democrática".
ERC, Junts, EH Bildu, Podemos... han criticado que Sánchez haya mantenido en vilo al país durante cinco días bajo la amenaza de dimitir y que este lunes no haya puesto sobre la mesa ninguna iniciativa para revertir el 'lawfare' y los bulos lanzados por la extrema derecha. Sobre todo, después de que Sánchez tomara la inédita decisión de "parar y reflexionar" por la apertura de una investigación judicial a sobre su mujer, Begoña Gómez, tras la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias.
Vícitma de lawfare
Este martes, minutos antes de reunir al Consejo de Ministros, Sánchez ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER que ha sido víctima de lawfare, es decir de guerra sucia judicial, cuando estaba en la oposición y su entorno familiar fue objeto de "espionaje" por parte de la llamada 'policía patriótica' en el año 2014. Aunque, en todo caso, dice que esas prácticas terminaron cuando él llegó a La Moncloa y por tanto sigue confiando en la Justicia.
El presidente señala por tanto que ha sufrido lawfare y se refiere a unos audios publicados recientemente en los que el comisario José Manuel Villarejo y el entonces número dos del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), Francisco Martínez hablan sobre el suegro de Sánchez y sus negocios.