Radiografía de Catalunya: Migración y discusos de odio

El partido Aliança Catalana, presidido por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que se ha declarado “islamófoba” esta semana en una entrevista en TVE, ha logrado esta semana los avales necesarios para poder presentar su candidatura a las elecciones al Parlament del 12 de mayo. Su retórica, similar a la de Vox, se alimenta de desinformaciones como que los inmigrantes tienen más facilidades para beneficiarse de las ayudas públicas o que son los responsables de gran parte de la criminalidad del país. En su radiografía de Catalunya en datos de cara a los comicios autonómicos, esta semana, Verificat desgrana la inmigración, que supone un problema importante para el 5,7% de los catalanes. Estos consideran la inmigración el principal problema en Catalunya, según los últimos datos ofrecidos por el Baròmetre d’Opinió Política (BOP) elaborado por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Un 17,2% de la población catalana es extranjera, la cifra más alta que registra el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Los musulmanes son el principal objetivo de gran parte de los discursos de odio en la actualidad, aunque la mitad de los extranjeros que llegaron en 2022 (el 49%) venían del continente americano. Un 15% procedían de países europeos extracomunitarios y un 13% del continente africano. Es falso que los inmigrantes sean los que más ayudas reciben. Por ejemplo, según datos facilitados a Verificat por parte del Departament de Drets Socials i l’Agència Catalana de l’Habitatge, el 21,3% de los titulares de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el 16% de las viviendas públicas son para personas de nacionalidad extranjera, a las que se le ha otorgado por criterios económicos principalmente, al igual que al resto de catalanes. Tampoco sobreutilizan las prestaciones sociales a las que acceden, como la sanidad, sino que hacen un uso similar o inferior al de la población nacional, según apunta un estudio del Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona (CIDOB) del 2017. Una narrativa derivada de la idea de que los extranjeros abusan de los servicios sociales es el denominado “efecto llamada”, desmentido también por los expertos: los flujos migratorios dependen más del ciclo económico y de la situación política del país de origen, como apunta un estudio del Overseas Development Institute y un artículo publicado por la editorial Cambridge University Press. En edad de trabajar Es relevante apuntar también que el impacto global de la inmigración sobre las cuentas públicas españolas: aportan más de lo que reciben, tal y como apuntan diversos estudios, entre los que se encuentra uno de FUNCAS realizado por politólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de Ámsterdam. Esto se explica en gran medida porque el grueso de las personas extranjeras están en edad de trabajar. De hecho, la tasa de ocupación de los extranjeros es superior a la de las personas de nacionalidad española. Que los inmigrantes causan inseguridad es, probablemente, el argumento más repetido por parte de ciertos líderes políticos. Sin embargo, no hay una relación causal entre inmigración y delincuencia. Un estudio publicado en 2019 afirmaba que “la probabilidad de que un inmigrante con buenas oportunidades laborales sea delincuente no es mayor que la de un nativo en las mismas condiciones”. Es decir, la condición de haber nacido en un lugar u otro no explica que una persona cometa más o menos delitos. Otra investigación similar realizada en Bélgica concluyó que las condiciones socioeconómicas, sobre todo el desempleo, explican mejor la delincuencia en una comunidad. En Catalunya, al igual que en el resto de España, en los últimos veinte años ha habido un aumento exponencial de la población extranjera, pasando del 2,9% en el 2000 al 17,2% en 2023. Frente a este aumento del 448% de población extranjera, la tasa de criminalidad ha aumentado un 15% durante estas dos décadas. Por último, también se ha dicho que Catalunya tiene un proceso de acogida de inmigrantes más permisivo que otras comunidades autónomas, pero es falso, según muestran los datos de plazas de acogida de inmigrantes que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proceso de acogida depende de este Ministerio y la distribución de los inmigrantes por el territorio se hace en función de la disponibilidad de plazas en los centros de acogida, y Catalunya tiene un 10% de las plazas de acogida de Andalucía o una tercera parte que Canarias. Además, cuando el Ministerio confirma que esta persona no puede ser devuelta a su país de origen, solo las personas en extrema necesidad pueden acogerse a la atención humanitaria.

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