La investigación por el tratamiento que la Conselleria de Igualdad de la Comunidad Valenciana dio al expediente de los abusos de un monitor (exmarido de Mónica Oltra) a la menor tutelada por la Generalitat se inició tras las denuncias de la extrema derecha. De una parte, la defensa de la menor (ya mayor de edad) representada por el despacho del abogado José Luis Roberto, dirigente de España 2000. Y por otra la asociación Gobierna-te, creada por una exdirigente de Vox y representada por el abogado de Francisco Camps, Pablo Delgado. De esta denuncia inicial se desprendían los supuestos indicios de los delitos de prevaricación administrativa, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, según concluyó la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana y asumió el juez de instrucción para arrancar la investigación contra Oltra. Las acusaciones, a las que después se sumó Vox, hacían referencia a "otros tipos penales" que también se han analizado en la instrucción, pero que igualmente se han rechazado.