REEB, el plan alemán de inteligencia antinazis que se lee en las fuerzas de seguridad españolas

¿Puede un general retirado proponer, siquiera en broma, que se fusile a 26 millones de sus compatriotas? ¿o un policía en activo celebrar públicamente -no en su ámbito privado- que se llame “felón” al presidente del Gobierno en redes sociales? ¿o un oficial del Ejército conducir a sus tropas al Valle de los Caídos para hacer un guiño político durante una marcha de entrenamiento? En España sí; en Alemania cada vez es menos planteable. “Expulsar a enemigos de la Constitución del servicio público” es una de las medidas principales que se propone el ministerio del Interior de Alemania y el servicio alemán de inteligencia interior, la Oficina Federal de Protección de la Constitución, o BfV, que es su nombre oficial. Ese objetivo está plasmado en una nueva estrategia nacional alemana de lucha contra el auge del fanatismo político cuyo resumen se presentó en febrero pasado. El plan, titulado Rechts Extremismus Entschlossen Bekämpfen (‘Luchar con Decisión contra el Extremismo de Derecha’, o REEB), tiene dimensión alemana… pero se ha convertido en una lectura compartida en España entre agentes de la Seguridad del Estado especialistas en radicalismo, fanatismo supremacista, bandas organizadas, injerencias extranjeras, amenazas híbridas y campañas de desinformación y desestabilización. Golpes en España En Alemania el extremismo de derecha se ha convertido en fuente de 20.000 delitos al año, según el REEB. En España el problema no alcanza ni de lejos esa magnitud, pero sí ha dado lugar a dos operaciones policiales de relieve en 2023 -una en octubre de la Policía Nacional, con la desarticulación del capítulo español de la red nazi multinacional Combat 18, y otra en diciembre de la Guardia Civil, con detenciones en 11 provincias de radicales de la orden Orden Militar de los Hijos de Cortés y Pizarro- en las que fueron incautadas armas, munión y planes para atacar objetivos. Los neonazis españoles de ambas formaciones tienen en común con los alemanes -y con otros europeos- frecuentar Midgard, la misma tienda online sueca de utillaje ultra en la que se cruzan pedidos de supremacistas escandinavos, skinheads británicos, neofascistas griegos e italianos y todo tipo de seguidores de las autodenominadas “resistencias patrióticas”. Entre sus productos de propaganda y colecciones de vestimenta no faltan las alusiones a la Falange. Los autores del informe alemán identifican al nazismo y a la extrema derecha como “el mayor peligro para nuestra democracia”. Y creen que el objetivo de este tipo de fanatismo en Alemania es “abolir la democracia liberal” a base de “ideas, racistas y antipluralistas“ que llevarían a “remodelar nuestra sociedad según su etnia“. A la hora de describir la amenaza, el REEB señala que las principales figuras del neonazismo “quieren ganar influencia en los debates políticos y acceder a la corriente principal de la sociedad en los partidos, los medios de comunicación y sus empresas”. Dicen los redactores de este documento estratégico que, para este tipo de movimientos “sus primeros objetivos suelen ser el poder judicial, la prensa libre, el sector público, las instituciones democráticas…” No volver al nazismo No es casual que el documento nazca en Alemania, y no solo por la renovada pujanza de movimientos de extrema derecha -con o sin apoyo del Kremlin- en ese país. Es también por el peso de su historia: el documento cita “el fracaso de Weimar”, en alusión a la república derruida en 1933, y la “era nazi”, puntos históricos a los que “la sociedad alemana no debe volver”. El plan habla de una lucha conjunta de entidades del Estado, pero el organismo que más indica para la aplicación de las medidas estratégicas es la BfV, servicio de inteligencia dependiente del Ministerio del Interior. Este documento es la primera constatación pública de un servicio de inteligencia europeo sobre el retorno de la amenaza de la extrema derecha para el Estado desde el final de la II Guerra Mundial. Restringir contactos El dossier del ministerio del Interior alemán recomienda aumentar los instrumentos legales de la república para restringir movimientos en el exterior de extremistas. “El odio de la extrema derecha no puede importarse ni exportarse desde Alemania”, dice la instrucción federal. Y por ello encomienda a su servicio de información vigilar el intercambio intenso y transfronterizo entre fanáticos, en conciertos y eventos de artes marciales, así como encuentros para la formación en ese tipo de deportes y técnicas de combate. En ese sentido, según el documento, y dentro del programa estatal Juntos por la Democracia y contra el Extremismo, el gobierno alemán se plantea prohibir esta misma primavera las armas semiautomáticas similares a armas de guerra, como las que se utilizan en los juegos de guerra o Airsoft. La prohibición afectaría también a las ballestas, y conllevaría una restricción severa de los permisos para campos de tiro. Tratándose de Alemania, no podía faltar en el documento una alusión a combatir el antisemitismo. Los autores distinguen en la actualidad alemana entre un aumento del antisemitismo de origen islamista y la reavivación del antisemitismo clásico y autóctono, de la triste historia del país. La investigación policial preventiva de este tipo de odio es parte esencial, recuerda el plan, de la ya aprobada Estrategia Nacional contra el Antisemitismo y para la Vida Judía. Contra los bulos El plan alemán también se detiene en los episodios de desinformación. “Internet tiene una gran importancia para los procesos de radicalización, el reclutamiento y la movilización”, dice, y ordena “combatir sistemáticamente los contenidos penalmente relevantes” que se viertan en redes sociales y páginas de Internet. Sobre las campañas de desinformación, la inyección de bulos y la inoculación a los ciudadanos de inseguridad, miedo u odio hacia colectivos, el documento asegura que “los extremistas de derecha quieren socavar la confianza en la estabilidad y la capacidad de nuestro Estado” y acusa a los movimientos neonazis alemanes de “compartir objetivos con algunos actores extranjeros” y “estados autocráticos”. Para este tipo de campañas “crean en Internet cuentas falsas, inventan historias basadas en inteligencia artificial”. La inteligencia alemana tiene identificadas “campañas de influencia coordinadas que intentan manipular la libre formación de opiniones de la gente de nuestro país y de nuestro debate político”. La técnica básica de estas campañas es “hacer llegar deliberadamente información falsa o engañosa a su público objetivo”. El plan alemán anuncia la creación de una oficina federal de alerta temprana de campañas de bulos. Es un propósito que en España está recogido también en conclusiones de trabajos del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Moncloa. Infiltrados en el ejército Pero el problema alemán no solamente está en los actores privados. También la infiltración de la derecha más extrema entre la policía y las fuerzas armadas, fenómeno europeo, brasileño, norteamericano... El documento estratégico alemán dedica un capítulo a “sacar enemigos de la Constitución del servicio público”. Después de episodios en los que el mando militar alemán ha tenido incluso que descomponer unidades de élite de la Bundeswehr por infiltración neonazi, el ministerio del Interior recomienda “mostrar claramente que el servicio público no tolerará a extremistas en sus propias filas”. Lo dice en el marco de una legislación que emana de una constitución de democracia militante, como la alemana. Se encomienda vigilar las afiliaciones a “partidos declarados inconstitucionales”. Anuncia además iniciativas para, a partir del próximo mes de abril, reformar el derecho disciplinario en los cuerpos de la administración alemana. La reforma tiene la finalidad de acabar con “nuevas formas de deslegitimación del Estado”. La obligación de mantener la neutralidad política y de mantenerse personalmente dentro de la constitución alcanza también a los funcionarios durante su jubilación, según la previsión de esta reforma del derecho disciplinario, por la cual “se extiende el círculo de obligaciones de los funcionarios”, entre ellas “comprometerse con todo su comportamiento con el orden básico democrático liberal en el sentido que determina la ley fundamental”.

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