Lo primero que hizo el Gobierno cuando supo que Pere Aragonès adelantaba las elecciones catalanas al 12 de mayo fue renunciar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. La decisión tenía algo de juego de espejos, porque el ‘president’ había optado por el anticipo al no poder aprobar las cuentas de la Generalitat, y al mismo tiempo ponía de manifiesto las enormes dificultades de forjar acuerdos de calado con ERC y Junts cuando las urnas se encuentran a la vuelta de la esquina. Hasta que se despeje el escenario en Catalunya, sobre el que planean múltiples incógnitas, la legislatura española queda en la práctica paralizada, con el Ejecutivo central marcando distancias con un independentismo catalán al que, en el fondo, necesita para casi todo.