Diez años de la ley de transparencia: Así funciona

El derecho a obtener información del Govern cumple 10 años. La ley catalana de Transparencia de 2014 reconoce el derecho de la ciudadanía a solicitar a las administraciones información pública relacionada con sus políticas, actividades o, simplemente, toda aquella que tengan a su disposición. Aunque este derecho es poco conocido —en 2023 hubo unas 2.800 Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) hacia la Generalitat de Catalunya—, su uso se ha duplicado en los últimos cinco años. Para satisfacer esta carga de trabajo, el Govern cuenta con 12 personas, repartidas por todos sus departamentos, que destinan sus jornadas a gestionar SAIP, es decir, a redirigir las cuestiones a los equipos indicados y redactar las resoluciones. A esta docena se le suman 86 que destinan parte de su tiempo a estas tareas y 154 que se dedican a ello de forma ocasional. Estos datos se desprenden de una Solicitud de Acceso a la Información Pública al Departamento de Presidencia tramitada por Verificat. Presidencia e Incasol, máxima carga de trabajo Pero ni todos los departamentos reciben la misma cantidad de peticiones de transparencia, ni tienen los mismos recursos para gestionarlas. El Departament de Presidència, liderado por la hoy vicepresidenta Laura Vilagrà, recibió 389 SAIP en 2023, contando tan solo con una persona a tiempo completo, dos a tiempo parcial y una cuarta ayudando de forma ocasional. En el Departament d’Educació, por otro lado, dos personas —a jornada completa— tuvieron que tramitar 238 solicitudes. Estos datos contrastan con los de Cultura, donde computan ocho personas trabajando a jornada parcial para tramitar 32 solicitudes anuales en 2023 (cuatro por cabeza). “La conclusión siempre es que faltan recursos”, señala el equipo del Síndic de Greuges responsable de evaluar las políticas de transparencia de las administraciones públicas, en una conversación con Verificat. Aunque, remarcan, la Generalitat es una de las instituciones catalanas mejor preparadas para recibir y gestionar peticiones de transparencia y que los problemas aparecen, sobre todo, en entidades e instituciones más pequeñas. Así quedó reflejado, también, en el barómetro de la transparencia de Verificat, que analizó diez municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Quienes tienen más problemas para resolver SAIP son las entidades del sector público. Aunque forman parte de la Generalitat, funcionan de forma más o menos autónoma y son responsables de entregar la información que se les pida. “No están al mismo nivel en cuanto a derecho de acceso que los departamentos”, indican desde el Síndic, ya que, argumentan, “en los departamentos se ha trabajado más la cultura de la transparencia mediante talleres y actos”. También es una cuestión de personal: el Institut Català del Sòl (INCASOL), la entidad pública que más peticiones recibió el 2023 —128—, sólo tiene a una persona a tiempo parcial para tramitarlas. En todo caso, desde el Síndic remarcan que no todo es una cuestión de personal gestor de SAIP. “El derecho de acceso a la información pública debería ser residual: hay que priorizar la publicidad activa”, defienden. Es decir, que las instituciones publiquen toda su información relevante en los portales de transparencia para que no haga falta tramitar una petición de transparencia. El Síndic elabora cada año un donde analiza, entre otras cosas, cómo las distintas instituciones dan respuesta a las peticiones de información de la ciudadanía. Remarca, “a pesar de la obviedad”, que hace falta que las instituciones resuelvan todas las solicitudes. No hay sanciones para quien incumple Dicen “obviedad” porque la propia ley lo obliga: la ciudadanía tiene derecho a solicitar información, datos o documentos que las administraciones hayan elaborado o tengan disponible, y estas están obligadas a entregarla. Existen límites a este derecho, como la intimidad, el secreto profesional, la protección de menores o la seguridad pública, pero la administración debe justificar debidamente si decide no entregarla. En caso de no estar de acuerdo con una resolución, existe un organismo independiente, la Comisión de Garantías (GAIP), que media y arbitra posibles conflictos. Pero aunque haya una ley que obliga a las administraciones a entregar la información pública a quien lo pida y estipula multas de hasta 6.000 euros y una suspensión de hasta medio año para aquellos cargos que no entreguen o incumplan el plazo establecido de 30 días, en la práctica no se acaban imponiendo estas sanciones. “Este régimen sancionador nunca se ha desplegado”, explican desde el Síndic. Entre otros motivos, porque son “autosanciones”: el expediente lo debe abrir la propia administración contra sí misma.

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