Govern y Comuns asumen que deberán ceder en el Hard Rock para desencallar los presupuestos

La política catalana está acostumbrada a vivir al límite del calendario y con los presupuestos de la Generalitat no será diferente. La primera votación decisiva sobre las cuentas, su admisión a trámite por parte del Parlament, está prevista para el miércoles que viene sobre las 14.30 horas y las dos partes de la negociación ya se preparan para un desenlace de vértigo. El Govern y los Comuns han intensificado las conversaciones en los últimos días, pero siguen enrocados por el desacuerdo con el proyecto turístico del Hard Rock. El esquema del conflicto lleva semanas siendo el mismo: los Comuns exigen la parálisis completa del complejo de ocio mientras que el Govern lo descarta, más por un motivo legal -teme una reclamación de los promotores- que por creer en el proyecto. Un conflicto en el que cada uno se sitúa en un extremo, un conflicto de blanco o negro en el que aparentemente no hay grises. Así lo escenificaron el president Pere Aragonès y la líder de los morados, Jéssica Albiach, el miércoles en el Parlament. Sin embargo, las dos partes están ya dispuestas a buscar este gris. La primera pista de aterrizaje para acercar un acuerdo trataron de ofrecerla los Comuns el mismo miércoles por la tarde tras reunirse con el Govern en el Parlament. Su propuesta es aplicar una "moratoria" al plan urbanístico, es decir, no paralizarlo para siempre, sino al menos durante un tiempo. Por ejemplo, durante el tiempo que persista la situación de sequía. Para argumentarlo, recuerdan que hay una resolución reciente del Parlament que avala "parar cualquier modificación urbanística en el sector turístico que suponga movilizar recursos hídricos por encima de los 100 litros por personas y día" mientras haya escasez de agua. El Hard Rock encajaría. "Tendrán que moverse", defienden desde el partido. El Govern tiene cada vez más asumido que también tiene que moverse hacia el gris si no quiere arriesgarse a perder las cuentas. Sin embargo, rechaza que la pista de aterrizaje sea frenar el plan urbanístico. Fuentes de la Generalitat consideran que esto les acercaría "a la prevaricación", más aún si se alega como motivo la escasez de agua cuando es un proyecto pensado para una zona de Catalunya, el Camp de Tarragona, en la que no hay un problema de agua. "Han reducido el nivel de riesgo. Allí no están con sequía, este argumento no va a ninguna parte", señala una voz del Govern. La clave está, por lo tanto, en qué propuesta intermedia puede ofrecer la Generalitat a los Comuns que pueda convencerles. Más aún cuando el propio Aragonès considera que ya legó al límite de sus posibilidades cuando hace unos días prometió que no se pondría "ni una piedra" del complejo este 2024. Si el president no puede ir mucho más allá de esto es porque, si se opone con más rotundidad al Hard Rock, corre el riesgo de perder el único apoyo que tiene ahora mismo a los presupuestos, el del PSC, defensor histórico del proyecto. Él mismo se lo dijo a Albiach el miércoles en el Parlament: "Me están pidiendo una cosa [cancelar el Hard Rock] que, si la acepto, habrá un grupo que se retirará [el PSC] y perderemos los presupuestos". La 'carta' Yolanda Díaz Los Comuns han sido en los últimos años uno de los socios más fiables de Aragonès. Le aprobaron los presupuestos de la Generalitat en 2020, cuando el president era conseller de Economía, y volvieron a repetir en 2022 y 2023. También han compartido otras batallas en el mismo bando como la reforma de la sedición, los indultos o la amnistía. Con estos antecedentes, el Govern nunca llegó a pensar que la negociación de las cuentas de 2024 se llevaría hasta el límite. Una de las cartas que podría jugar el Palau de la Generalitat para presionar a los Comuns que reconsideren su negativa es amagar con empezar a votar en contra de las iniciativas que Sumar presenten en el Congreso. Son los vasos comunicantes que han funcionado toda la legislatura: si los Comuns no votan las cuentas catalanas, ERC tampoco votará las leyes ni los decretos que el partido de Yolanda Díaz lleve a la Cámara alta. Desde el Govern, evitan por ahora jugar esta carta, pero lanzan alguna aviso. "Si no hay presupuestos, habrá consecuencias". La 'vía Junts', descartada Cuando a mediados de semana se vio que las negociaciones entre los Comuns y el Govern se complicaban, el ejecutivo catalán decidió desenterrar una vía alternativa que hacía tiempo que había descartado: Junts. Así, representantes del Govern y de los posconvergentes llegaron a citarse el jueves en el Parlament. Son tantos los agravios cruzados que acumulan, que la cita estuvo a punto de cancelarse. Finalmente se celebró, pero el Govern en seguida ha visto que esta no es una opción realista. Las dos partes han tejido un documento, que ha podido consultar EL PERIÓDICO, en el que figuran casi un centenar de medidas en las que podría llegar a estar de acuerdo -Educación, salud, universidades, sequía, etc-. Sin embargo, hay un aspecto que lo encalla todo: Junts fija como "línea roja" que se le acepte la supresión del impuesto de sucesiones. El Govern lo rechaza por completo.

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