La Guardia Civil detecta operaciones opacas en Canarias en el ‘caso Koldo’

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la ramificación canaria del caso Koldo deja patente la opacidad con que se cerró la contratación de la sociedad limitada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada a Koldo García, que fuera asesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, y las piruetas que tuvo que hacer el Servicio Canario de la Salud (SCS) para enmendar los incumplimientos en la ejecución del encargo. La Benemérita no pudo determinar por qué en abril de 2020, en lo peor de la pandemia, se decidió que fuera Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, y no cualquier otra firma, la seleccionada para suministrar material sanitario anticovid. No se puede "justificar objetivamente". Tampoco hay constancia de quién informó o de por qué vía supo el SCS que la empresa vinculada al exasesor de Ábalos –que cobró de las arcas públicas canarias 12,3 millones de euros– estaba suministrando material médico, mascarillas para más señas. Todo fue opaco, con lo que la Guardia Civil tampoco se explica cómo se negociaron y cerraron las condiciones de la adjudicación. Es más, el día que el SCS formaliza el primer encargo a Soluciones de Gestión, el 22 de abril de 2020 –la compra de 2,75 millones de mascarillas–, es el mismo día que, vía correo electrónico, se le comunica el pedido a la empresa. Es decir, que la fecha de la formalización del contrato y la fecha de la factura –por casi siete millones– son las mismas. Y solo un día después, el 23 de abril de 2020, se recibe un primer lote de tapabocas. Encargo, factura y entrega en 24 horas En apenas 24 horas coincidieron el encargo, la factura y la llegada de las primeras mascarillas. Vinieron luego los incumplimientos, y con ellos las piruetas contractuales y administrativas del SCS, que llegaron al punto de formalizar contratos a posteriori para justificar operaciones ya ejecutadas. Mal ejecutadas. El informe de la UCO, y en concreto de su unidad adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se cerró el 26 de septiembre de 2022 y es resultado de las investigaciones a las que dieron lugar las diligencias incoadas por el Ministerio Público en el marco del caso Koldo, en el que se indagan los encargos millonarios que distintas instituciones gobernadas por el PSOE –entre ellas el SCS y, por extensión, el anterior Ejecutivo canario, el del pacto de las flores– le hicieron a Soluciones de Gestión. Fue el 19 de julio de 2022 cuando un agente de la UCO se personó en el SCS para recabar "cuanta información obrase en su poder" sobre las adjudicaciones, contratos y encargos a la empresa vinculada a Koldo García. De modo que es la información que el director general de Recursos Económicos del SCS, Sebastián Fuentes, le suministró a la Guardia Civil la que pone en evidencia las maneras con que en la fase más dura de la pandemia se gestionaba en el SCS –entonces dirigido por Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia y hoy jefe de gabinete del ministro Ángel Víctor Torres, quien a su vez presidía en aquel momento el Gobierno de Canarias– el suministro del material sanitario. Cuatro contratos por 12,3 millones El Servicio Canario de la Salud le adjudicó a la empresa que está en el centro de la presunta trama –que salpica también al Ejecutivo balear por una serie de encargos en tiempos en los que Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, llevaba las riendas del Govern– un total de cuatro contratos por 12.317.580,24 euros. La relación digamos contractual entre el SCS y la firma vinculada a Koldo García –cabe insistir en que nada se sabe sobre quién puso en contacto al organismo autónomo con Soluciones de Gestión, si es que este fue el caso, o sobre por qué se eligió a este proveedor y no a otro– comienza aquel 22 de abril de 2020. Ese día, la entonces directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, "formalizó expresamente a través de correo electrónico" un pedido de 2,75 millones de mascarillas tipo FFP2 a un precio de 2,5 euros cada tapaboca. Un total de casi 6,9 millones de euros. "Este hecho" –el encargo de esos 2,75 millones de mascarillas– "está corroborado con una factura proforma fechada el mismo día de la formalización del contrato", es decir, el 22 de abril, detalla la UCO. Al día siguiente llegaron 526.400 mascarillas; el 25 de abril, otras 1.261.400; y el 28 de abril se recibieron las restantes 962.200. Sin embargo, resultó que 837.800 unidades, valoradas en cerca de 2,1 millones de euros, no eran FFP2. No eran del modelo que se había pedido. ¿Qué hizo el SCS? La respuesta a la pregunta es quedárselas, pagar por ellas y buscar un apaño. El 20 de agosto de 2020, cuatro meses después de la recepción de unas mascarillas que no eran las acordadas, el SCS y Soluciones de Gestión pactan que el organismo dependiente de la Consejería de Sanidad pague por esos 837.800 tapabocas –eran mascarillas quirúrgicas tipo FFP1– "el precio de mercado del mes de abril" para este tipo de material, un montante de 707.518,5 euros. Los restantes 1,39 millones –hasta los 2,1 que habrían costado los tapabocas FFP2– se saldarían con el suministro de otras 555.000 mascarillas del tipo –ahora sí– FFP2. Por eso la Guardia Civil se encuentra con un primer expediente de 2,1 millones por el "suministro de 837.300 mascarillas KN95 [quirúrgicas] y 555.000 FFP2". Es el expediente, de 22 de abril de 2020, con que se materializó el apaño tras la recepción de un material incorrecto. Se confeccionó a posteriori. La firma vinculada al exasesor de Ábalos trajo tapabocas que no eran FFP2, pero el SCS se los quedó Hay luego un segundo expediente –todos están publicados en la plataforma de contratos– por la "adquisición de mascarillas protectoras FFP2". Un total de 1.910.200 tapabocas por un montante de 4.775.500 euros, justo las cifras que faltaban hasta completar los 6,9 millones de aquel encargo inicial que el SCS hizo vía correo electrónico. Contratos confeccionados En este caso, el pago se autorizó sobre la base de dos facturas conformadas el 7 de mayo de 2020, cuando la fecha del acuerdo de adjudicación del contrato, siempre de acuerdo a la narración de la UCO, fue el 5 de junio de 2020. Se facturó antes de adjudicar. Un mes antes, de hecho. En definitiva, la Guardia Civil concluye que "cabe afirmar que Soluciones entregó las mascarillas sobre la base del pedido realizado por el SCS, que una partida de esas mascarillas salió defectuosa y hubo que negociar nuevos importes más baratos, y que, posteriormente, se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente". Pese al entuerto de ese primer pedido a Soluciones de Gestión, el SCS le adjudicó el 4 de mayo de 2020 un nuevo contrato para el suministro de otros dos millones de mascarillas KN95 por importe de cinco millones de euros. Los tapabocas llegaron durante ese mes, pero entre ellos había un modelo "no apto", por lo que "como ya se hizo con otros contratos con incidencias similares, habría que haber realizado una valoración de precios u otras medidas compensatorias para la Administración", concluye la UCO. Se produjo la entrega, pero hubo nuevos problemas. Además, la Benemérita también cuestiona que se abonaran cerca de 418.000 euros a la empresa vinculada a Koldo por el transporte de las mascarillas de China. Básicamente, porque "Soluciones no es una empresa que se dedique al transporte de mercancías, sino que en este caso actuaría como un mero intermediario". No obstante, la UCO no se manifiesta sobre si fue o no conveniente desligar el pago del material del transporte, ya que se desconocen los términos del acuerdo.

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El Gobierno canario confeccionó los contratos tras las entregas del material para apañar los incumplimientos por la recepción de mascarillas inadecuadas

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