Negocios millonarios en tres días con el suministro de material sanitario en Canarias

La alianza empresarial que une al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, al propietario del operador logístico Damco, Noel Jammal, y al subcontratista Christian Cerpa tardó tres días en conseguir el primer contrato millonario por la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias en plena pandemia. En apenas 72 horas, las que trascurrieron desde el día en que Ramírez asumió el control de la sociedad Tabaiba y cerró un acuerdo con Damco hasta que fructificó la primera venta a la Administración sanitaria canaria. En 2020 y 2021 se adjudicaron 22,9 millones. La querella presentada por la Fiscalía de Asuntos Económicos y la Agencia Tributaria por posibles delitos de malversación, blanqueo de capitales y fraude fiscal fue admitida a trámite el siete de febrero por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, que solo aprecia, sin embargo, un posible delito fiscal, «sin perjuicio» de que en el desarrollo de la investigación se detecte la comisión de otras acciones ilícitas. El auto de la jueza detalla que las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, que compartían a Jammal como administrador único, facturaron 15.891.610 euros en 2020 y 7.016.000 euros en 2021 de los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud para dotar de mascarillas, test de antígenos y otros materiales sanitarios a los hospitales de Canarias. Un proveedor internacional siministraba el pedido y enviaba los productos al Polígono Industrial del Goro, en Telde. El presidente de la UDE cerró el pacto con Damco el mismo día en que asumió el control de Tabaiba El 24 de abril de 2020, tres días antes de cerrar la primera adjudicación con el Gobierno Regional, Damco firmó un contrato anual prorrogable con Tabaiba Capital para encargarle a la empresa canaria la ejecución de las gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos en el Archipiélago, localizando a los posibles clientes y percibiendo el 100% del sobreprecio que obtuviera de los compradores. Ese día, Miguel Ángel Ramírez fue nombrado administrador único de Tabaiba, según detalla la jueza. La Plataforma de Contratación del Estado muestra que el 27 de abril el Servicio Canario de Salud encargó a Damco un pedido de 70.000 test rápidos Acron por la vía de urgencia. Era el primer contrato, por 1,33 millones, que recibía la recién constituida alianza empresarial. El presidente de la UD Las Palmas ganó 6.769.351 euros en su papel de intermediario entre 2020 y 2021. Aunque el contrato establece que su función era conseguir acuerdos, las tareas que supuestamente asumía eran la recepción de mercancías, evaluación de la calidad y entrega de los productos a los clientes de Damco, según Tabaiba. El auto detalla que, como la empresa de Ramírez no tenía medios de producción ni recursos humanos para ejecutar las labores encomendadas, subcontrató a B&M Sport Marketing las mismas tareas por una cuarta parte del precio. Lucas Bravo de Laguna fue nombrado administrador único de la entidad el 30 de abril de 2020, seis días después de Ramírez y tres días después del primer contrato. El presidente de Unidos por Gran Canaria consiguió unos beneficios de 1.771.902 euros por la recepción, distribución y control de la mercancía. B&M Sport Marketing no tenía trabajadores desde 2018 y su actividad estaba relacionada con los alojamientos turísticos. El único activo de la firma era un ordenador portátil, un iPad y una vivienda. Como la empresa de Bravo de Laguna también carecía de personal, subcontrató a Christian Cerpa Espino, vocal del partido, por 581.832 euros. Cerpa recibió, además, por una subcontrata de Damco y Tanoja, otros 366.610 euros. La Administración sanitaria canaria adjudicó a la alianza empresarial 22,9 millones en dos años La querella de la Fiscalía señala que "no se ha acreditado" de forma documental que Tabaiba, B&M Sport o Christian Cerpa "hayan realizado actividad alguna con relación a las ventas de productos sanitarios al Servicio Canario de Salud". A ello se añade, continúa la querella, que ninguna de las tres entidades tenía "experiencia alguna en el sector o capacitación con relación al material sanitario". La Agencia Tributaria matiza en su denuncia inicial que "no se ha demostrado que fuera necesaria" la intervención de mediadores porque Damco contrataba con el Servicio Canario de Salud el transporte de mercancías hasta Canarias y este pagaba a una tercera empresa para realizar las tareas de recepción, control, chequeo y distribución hasta los centros de salud de las Islas. Ambas imputaciones no han sido aún asumidas por la juez de instrucción. Los empleados de los hospitales insulares eran quienes daban su conformidad final tanto a la calidad de las mercancías entregadas como a que el número de productos fuera el correcto. Las únicas empresas del entramado que asumían el riesgo de que no llegara el material o que llegara defectuoso eran las madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services. En el auto que da pie a la instrucción del caso, la jueza ve indicios de un posible fraude fiscal cometido por Miguel Ángel Ramírez de 2.996.912 euros. Por un lado, detecta que Tabaiba no tenía medios propios ni personal y los ingresos no podían ser abonados a la RIC. Por otra parte, determina que estaba sujeto al IRPF y no al Impuesto de Sociedades. En el caso de Bravo de Laguna, la cantidad presuntamente defraudada fue de 521.832 euros porque los ingresos percibidos como mediador debían haber sido tratados como rendimientos de trabajo y sometidos al IRPF. Christian Cerpa está acusado de defraudar 326.008 euros porque las ganancias no podían ser aportadas a la RIC y por no deducir una serie de gastos en su impuesto de IRPF. Sin embargo, no se detallan en el auto las acciones que pudo cometer Jammal para incurrir en un delito contra la Hacienda Pública, ni las cuantías de las mismas.

Negocios millonarios en tres días con el suministro de material sanitario en Canarias

Miguel Ángel Ramírez asumió la labor de intermediación para un operador del sector 72 horas antes del primer contrato con el Servicio Canario de Salud

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