Caso Koldo: las 5 claves de la trama de las mascarillas que implica al exasesor de Ábalos

Un golpe policial y judicial contra una supuesta trama corrupta de comisiones en la compra de mascarillas por organismos del Estado ha irrumpido estruendosamente en el ambiente político colocando en estado de alta tensión al PSOE y al Gobierno. Supuestos pagos de sobornos para favorecer a suministradores de material de protección sanitaria están en el centro de la investigación, que lleva 72 horas de explotación policial y que ahora está en la fase los pases a disposición judicial de los detenidos. Estas son las principales claves de un asunto que tiene, además, un importante reguero de implicaciones autonómicas. Qué se investiga Entre marzo y junio de 2020, diversos organismos del Estado realizaron compras masivas -y desesperadas- de mascarillas para repartir entre sus funcionarios y también entre personal esencial activo no funcionario durante los confinamientos por la pandemia de covid. Los entes públicos que participaron en las adquisiciones dependen de los ministerios de Transportes y de Interior, y de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional, que rige el magistrado Ismael Moreno, investigan el pago de comisiones de los suministradores de esas mascarillas a cambio de la mediación de un personaje clave: Koldo García Izaguirre, por entonces asesor personal de José Luis Ábalos, quien era ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE. Koldo García, militante de base y exconcejal por el Partido Socialista de Navarra, fue reclutado en la campaña de plataformas locales del PSOE de apoyo a Pedro Sánchez en unas críticas primarias del partido. Pese a que lo más destacado en su curriculum era haber sido portero de un club de alterne, el ministro Ábalos lo colocó de consejero en Renfe Mercancías y en Puertos del Estado. El golpe policial La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil empezó a detener en la tarde y noche del martes pasado a un total de 20 personas. Además de las detenciones, los agentes han llevado a cabo 26 registros en Alicante, Álava, Vizcaya, Cáceres, León, Madrid, Murcia y Zaragoza. El dispositivo policial del instituto armado recibe el nombre de operación Delorme, por el médico francés Charles Delorme, inventor de las mascarillas. Los detenidos están pasando este jueves a disposición judicial. Koldo García, el principal de ellos, no ha querido declarar y ha sido puesto en libertad. En la tarde de este miércoles, agentes de la UCO acudieron al ministerio del Interior y tomaron declaración al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director general del gabinete de Coordinación y Estudios, el comisario José Antonio Rodríguez. Los interrogatorios a los números 2 y 3 de Interior se les realizaron en calidad de testigos. Las compras Todas las adquisiciones de mascarillas se realizaron por procedimientos negociados sin publicidad, y por vía de urgencia. Por lo tanto, sin la habilitación de presupuesto previo, fijando los precios en contratos ad hoc por ser tan perentoria la necesidad de equipos sanitarios. El material de protección principalmente adquirido consistía en grandes stocks -más de 20 millones- de mascarillas FFP2. La primera compra, a partir de la cual se desencadena el resto de esta trama, fue realizada por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del ente Puertos del Estado. Una segunda compra se llevó a cabo desde Adif-Alta Velocidad, gestor de infraestructuras de Renfe y ligado a la sociedad pública Renfe Mercancías, en la que Ábalos había colocado a su estrecho colaborador Koldo como consejero. En total fueron 13 millones de mascarillas adquiridas en dos viernes consecutivos, el 20 y el 27 de marzo de 2020, con cinco y ocho millones de mascarillas respectivamente. El material se distribuyó entre empleados del AVE y las firmas públicas Enaire, Puertos del Estado, Aena y Correos, además del servicio de salvamento marítimo Sasemar. Hubo también lotes para taxistas, conductores de VTC y operadores de empresas privadas de transporte. El Ministerio del Interior, por su parte, compró otros cinco millones de mascarillas, a través de la dirección de Coordinación y Estudios, que lleva el comisario José Antonio Rodríguez, al que Koldo García Izaguirre puso en contacto con los suministradores. El montante total del negocio fue de 53 millones de euros, de los que 24,2 fueron pagados por Puertos del Estado, 12,5 por Adif y 3,4 por Interior. El resto del gasto corresponde a administraciones autonómicas. El mediador El navarro Koldo García Izaguirre era un militante socialista, exconcejal del ayuntamiento de Huarte. Se destacó como un activista muy implicado en las filas a favor de Pedro Sánchez cuando este recorría las agrupaciones del PSOE haciendo campaña durante el conflicto y las primarias por el liderazgo del PSOE entre su facción y la de Susana Díaz y otros históricos. La facción sanchista tenía como una de sus cabezas principales a José Luis Ábalos, socialista valenciano antes varias veces relegado por el aparato en enconadas lizas internas. A Koldo García lo eligió José Luis Ábalos como mano derecha en su paso por el ministerio de Transportes. Ahora Ábalos se ha declarado sorprendido y decepcionado por su implicación en la trama. En el ministerio, Koldo compatibilizó, no sin polémica interna, el puesto de asesor de Ábalos con el de consejero en Renfe Mercancías. Se le atribuye el papel de organizador del encuentro que, en enero de 2020, tuvo lugar en una sala vip del aeropuerto de Barajas entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuya entrada en el espacio Schengen estaba prohibida. La cita fue investigada por la Justicia sin resultados. En la investigación de este caso, se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. La investigación sigue el camino -en este caso desde hace dos meses- de ingresos extraordinarios que el asesor de Ábalos habría distribuido entre miembros de su familia, engrosándose llamativamente su patrimonio pese a no tener ocupación ni sueldo estables. El vendedor El principal suministrador de las mascarillas es la sociedad limitada Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas, firma zaragozana fundada en 2017 dedicada a la intermediación, importación y exportación de materiales para las áreas de salud, energía, agua e instalaciones agrarias que ha optado a la caza de contratas en Aragón y en África, y ha formado parte de UTES en obras de construcción de hospitales. En el momento de iniciar la venta de mascarillas venía de un periodo de práctica inactividad, facturaciones cero, para pasar posteriormente a registrar una facturación de 54,5 millones de euros en 2020, el año duro de la pandemia. La empresa adeudaba 269.000 euros a Hacienda cuando accedió a los contratos urgentes y la lluvia de millones, de la compra pública de mascarillas. El administrador de esa SL era entonces José Angel Escorial Senante. Se trata de una persona ya conocida por la Guardia Civil, pues el instituto armado le investigó supuestos sobornos en países africanos, principalmente Angola. Las autoridades anticorrupción de Baleares también le investigaron por su participación en sociedades offshore a las que habría ido a parar dinero de pagos del gobierno autonómico. Pero el controlador de los movimientos de esta empresa es el Grupo Cueto, propiedad de Juan Carlos Cueto Martín, implicado en la trama de corrupción Defex, el mayor escándalo en la venta de armas de España. Cueto tiene como colaborador -y empleado- al comisionista Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, copresidente del Zamora Club de Fútbol. El margen que han manejado estas personas en la venta de mascarillas a organismos de la Administración rondan el 32%.

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