Mandos políticos y militares de Defensa, a favor de aportar unidades de la Armada a la lucha antinarco

“Sería lo razonable”, sentencia un muy alto cargo de Defensa. En medio de la conmoción, tras las duras imágenes del asesinato de los guardias civiles David Pérez y Miguel Ángel González por los tripulantes de una narcolancha en el puerto de Barbate, y tras la constatación de la precaria embarcación con que acudieron los guardias a identificar a los traficantes, mandos militares de la Armada coinciden al afirmar a EL PERIÓDICO que sería el momento de aportar medios y personal a la lucha contra el narcotráfico en aguas del sur. La opinión no es solo militar: es corroborada por mandos políticos del departamento que dirige Margarita Robles. Si bien estas fuentes admiten no haber elevado “de momento” la sugerencia a Presidencia, sí señalan la conveniencia de “acrecentar de forma efectiva” las posibilidades de “hacer imposible la llegada de planeadoras” a tierra en Andalucía “minimizando riesgos para las fuerzas policiales”. Y se ofrecerán -aseguran- si la situación se agrava más. Hay de hecho una vía política y legal para una decisión como esta, y está contemplada en la Ley 36/2015, o sea, la Ley de Seguridad Nacional. Vía legal “Los militares no son autoridad de orden público, más allá de la Guardia Civil”, recuerdan fuentes del instituto armado cuando se les menciona una posible colaboración naval. Y a su vez un capitán de navío en activo recuerda los patrullajes de infantes de marina, Policía Naval, y otras unidades militares durante el confinamiento por el covid, si bien estos despliegues no manaron de la Ley de Seguridad Nacional. Aplicado a la crisis del narco, el oficial señala, como también fuentes policiales, que la Ley de Seguridad Nacional prevé en su artículo 24 la declaración de la Situación de Interés para la Seguridad Nacional. Otro alto oficial, este con base en la costa sur, señala que “es clave en ese caso la opinión del JEMAD”, o sea, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Estaban López Calderón. No es una alarma, pero sí una aflicción grave. Se trata de un escenario que corresponde abrir al presidente del Gobierno en momentos de crisis que afecte a un territorio determinado. La declaración de situación de Interés para la Seguridad Nacional -bien vista por oficiales rotados en las operaciones antipiratería de la misión Atalanta en el cuerno de África- no llega al extremo legal de los estados de alarma o excepción, pero sí coordina medios del Estado más allá del actual Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar de ámbito puramente policial, que desde 2018 viene implementando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Declarada una Situación de Interés para la Seguridad Nacional, corresponde al presidente, y a una autoridad única si la designa, determinar con qué recursos humanos y materiales extraordinarios se aborda la situación. Persiguiendo narcolanchas En opinión del ministro Marlaska, no hay un deterioro creciente del orden público o la seguridad ciudadana en la provincia de Cádiz, sino lo contrario: un aumento de los ratios de lucha contra el crimen organizado. Lo dijo en rueda de prensa el mismo viernes en que, por la noche, matarían a dos guardias mientras un público reunido en el espigón de Barbate jaleaba atrozmente el crimen. El plan de Interior ha arrojado cifras notables: 22.207 operaciones policiales; 19.907 detenidos; 1.956 armas de fuego, 1.421 lanchas y 5.760 coches y furgones y 97,2 millones de euros incautados y 1.700 toneladas de droga, en su mayoría hachís, retiradas de la circulación. Pero la seguridad es también un estado de ánimo, una percepción subjetiva del público, y esta no es la más calmada, por lo que dicen las autoridades municipales del PP y aledaños y los sindicatos policiales. Seis años de prohibición de las planeadoras -tenerlas es delito de contrabando- solo las ha cambiado de punto de amarre, no las ha borrado del Estrecho, y la potencia cada vez mayor de sus motores obliga a los guardias civiles y a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera a hacer peligrosas carreras en el agua que, hasta el momento, solo dos embarcaciones oficiales pueden correr con posibilidades: las Río Flume (en el Estrecho) y Río Corneja (en Huelva), patrulleras Aister H60, también llamadas “interceptoras”, capaces de alcanzar 60 nudos, velocidad similar a la llevan los mejores narcopilotos. Una de las fuentes consultadas en la Armada descarta una participación naval corriendo tras las planeadoras de 12 metros y cuatro motores de los narcos: pasa directamente de la carrera en el agua al vuelo de un helicóptero artillado. El método es el embarque de francotiradores infantes del Tercio de Armada o guerrilleros de la Fuerza de Guerra Naval Especial (la de Operaciones Especiales de la Armada) “en una aeronave que les proporcione estabilidad”. La misión: disparar a los motores de las narcolanchas si se les da el alto y no lo acatan. El arma: rifle de francotirador. El calibre: 12,7. “Esto -matiza- también lo pueden hacer unidades especiales de la Guardia Civil”. Rivalidad Hay en el trasfondo un pulso entre Defensa e Interior. A raíz del caso de Barbate se enciende de nuevo una vieja rivalidad de la Armada con la Guardia Civil por la vigilancia de las aguas territoriales. El encono se remonta a 1991, cuando el Gobierno traspasó parte de las entonces totales atribuciones de seguridad marítima de la Armada al Servicio Marítimo del instituto armado, popularmente conocido como Guardia Civil del Mar. El “de momento” para una implicación en la lucha antinarco también lo pronuncian fuentes oficiales de la Armada. No ha llegado “por el momento” a su cuartel general una petición de implicación de medios “más allá de lo que ya se está haciendo en el marco de las operaciones permanentes que dependen del CMOPS”. Con las siglas se refiere al comandante del Mando de Operaciones de la Defensa, el teniente general del Aire Francisco Braco. Hay precedentes. La Armada transmite datos de vigilancia y colabora actualmente con las fuerzas de Interior y de la Agencia de Vigilancia Aduanera cuando se trata de interceptar un velero cargado de droga en aguas internacionales, por ejemplo, escena que se ha repetido en el Atlántico próximo a Canarias. Pero ya ha habido helicópteros de la Armada sobrevolando planeadoras para detenerlas. No ahora, ni en Andalucía, sino en los 80 y en las rías gallegas contra los pilotos contratados por Sito Miñanco y otros capos. “Se hacía discretamente, helicópteros nuestros acosando a las planeadoras”, recuerda un miembro de la Armada testigo de aquellas intervenciones. En aguas internacionales, de hecho, se le pone el cargador al arma de la aeronave. Estaban armados y a punto los helicópteros de las fragatas Canarias y Méndez Núñez el 17 de noviembre de 2009, cuando los piratas que habían secuestrado el pesquero español Alakrana se fugaban en sus lanchas con el botín arrancado a los tripulantes y tras haber cobrado cuatro millones de dólares de rescate. Los helicópteros persiguieron a los piratas, se situaron sobre las lanchas, hicieron algún disparo, “pero el JEMAD -entonces el teniente general José Julio Rodríguez- ordenó que no se disparara más”, relata una fuente próxima a la operación.

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