PSC y ERC se alían para desencallar los presupuestos y Barcelona pese al freno a la amnistía

En política, la necesidad une tanto como la adversidad. Más aún si se conjugan ambas, como es el caso de la relación que mantienen el president de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder del PSC, Salvador Illa. Desde que la ley de amnistía embarrancó en el Congreso por el freno de Junts -la adversidad sobrevenida- los dos dirigentes han bajado pistones en su habitual cruce de reproches para resintonizar su interlocución pública a una frecuencia más amable. Los presupuestos de la Generalitat y los del Estado -la necesidad- están en juego y, por ende, la carta de presentación electoral de Aragonès y la legislatura de Pedro Sánchez. Y a expensas de todas esas piezas, en cola, está el pacto de gobierno en Barcelona. Republicanos y socialistas se necesitan como socios, ya sea para que haya nuevas cuentas como para gobernar a escala estatal o municipal. La no aprobación de la amnistía la semana pasada torpedea los planes que tenían todos, abocados a reubicarse en un escenario de 'más difícil todavía'. Así que 48 horas después de la crisis en el Congreso y justo el día en que se declaraba la emergencia por sequía en Catalunya, Aragonès e Illa hablaron por teléfono. La cadena de hechos posterior dan cuenta del reposicionamiento. Guante de seda y pies de plomo El PSC redobla su mano tendida y no se ensaña con las restricciones decretadas por el Govern. Ni en rueda de prensa ni en la sesión de control al president el miércoles en el Parlament. Pasa de señalar durante meses por activa y por pasiva la inacción que atribuye al Govern ante la escasez de agua a ofrecer su colaboración para "ayudar" a hacer frente al desafío e incluso propone modificaciones presupuestarias para compensar los sectores afectados mientras el Gobierno se compromete a costear las desalinizadoras del Ter y del Foix y parte de la factura de traer barcos de agua desde Sagunt. Al mismo tiempo, los socialistas se reúnen lunes y martes con el Govern para hablar de los presupuestos y la dirección de Illa tampoco se ceba con la decisión del president de posponer la mesa de partidos para abordar el acuerdo de claridad, propuesta que Illa siempre ha rechazado. El líder del PSC y también jefe de la oposición circula con guante de seda pero con pies de plomo en esta materia. Habrá nuevas cuentas, ha advertido, siempre y cuando el president explique antes por qué no se ha cumplido con algunos compromisos de 2023. La aprobación del plan director del Hard Rock es uno, mientras que la firma del convenio de la B-40 es otro. Pero si una cosa preocupa al PSC es que la legislatura de Sánchez esté bien atada, porque apoyar los presupuestos de Aragonès en año electoral para que después ERC suba la factura de los del Estado o bien Junts haga entrar en barrena a Sánchez sería difícil de sostener. Es por eso que es difícil que haya acuerdo para 2024 mientras que el president no mueva ficha con esas dos carpetas pendientes y la amnistía esté en el aire. La mano tendida del PSC es recíproca en el Govern. El enfoque que hacen en el Palau de la Generalitat es que los socialistas son el "rival" con el que batirse en las próximas elecciones al Parlament, pero, a la vez, también es el principal grupo ahora mismo en Catalunya dispuesto a llegar a acuerdos. Y esto no se puede menospreciar. El Govern lleva con mucha discreción las negociaciones de los presupuestos, pero ya admite sin reparos que es con el PSC con quien tiene más sintonía. "Avanzamos bastante bien, especialmente con los socialistas", indican desde plaza de Sant Jaume. En la sesión de control del miércoles en el Parlament, Aragonès llegó a agradecer la "colaboración" del partido de Illa en la lucha contra la sequía. Ya habrá tiempo para pelearse en la precampaña electoral, pero antes el president quiere atar la terna que forman la amnistía, los presupuestos estatales y las cuentas catalanas. ¿Y si Sánchez prorroga? Incluso en el caso de que el Gobierno decidiera finalmente prorrogar los presupuestos de 2023, el PSC tiene otro incentivo para el pacto económico con Aragonès más allá de reivindicarse públicamente como una "alternativa responsable" al frente de la Generalitat, y es el pacto en el Ayuntamiento de Barcelona. Socialistas y republicanos tienen desde hace semanas avanzadas las conversaciones para la entente, pero el efecto dominó de lo que pasa en el Congreso y el Parlament ha frenado en seco el paso definitivo. Y es que hay un tercer actor necesario para que las piezas encajen y haya nuevas cuentas: los Comuns. ¿Apoyarían los de Ada Colau los presupuestos catalanes si se quedan fuera de un gobierno de Jaume Collboni con los republicanos?. "No mezclamos carpetas", insisten tanto los socialistas como los Comuns que, a diferencia del año pasado a estas alturas, en estos momentos están lejos de dar su sí. El punto de inflexión que piden más allá de un calendario para saldar lo pactado y no cumplido de 2023, es que el Govern se desentienda del Hard Rock. El contexto de sequía podría ser el filón al que se acoja ERC sin que el PSC tenga mucho margen para poner el grito en el cielo. Los de Jéssica Albiach subrayan que el macroproyecto consumiría tanta agua como un municipio de 30.000 habitantes y que sería incongruente que Aragonès "trague" con lo que entienden que es una imposición de Illa.

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