El fiscal general del Estado prefiere que la junta rechace la imputación de Puigdemont a pedirlo directamente él al Supremo, por Ernesto Ekaizer

La junta de fiscales de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo -13 miembros- examinará este martes 6 de febrero la exposición razonada del juez Manuel García Castellón que pide la Sala Segunda la imputación del eurodiputado Carles Puigdemont en las acciones de Tsunami Democràtic de 2019, a las que califica de posible terrorismo, con el fin de elevar el informe sobre ello a la llamada Sala de Admisión, presidida por Manuel Marchena, que lo ha solicitado. El fiscal Álvaro Redondo, que asumió la ponencia por la baja de su compañera María Ángeles Garrido y elaboró un borrador donde proponía aceptar el punto de vista del juez García-Castellón, ha presentado ahora un borrador en el que modifica su posición y propone rechazarlo. Fuentes judiciales señalan a EL PERIÓDICO que o bien Redondo ya había variado su postura antes de reunirse con su superior jerárquico o a partir de la conversación decidió modificar su posición. En cualquier caso, el fiscal general del Estado estaba en condiciones jerárquicas y técnico-legales para exponer el punto de vista de la junta de fiscales sobre el asunto. E incluso ordenar el cumplimiento de su orientación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por ejemplo, está en contra de la imputación de Puigdemont y de calificar las movilizaciones de 2019 como presunto delito de terrorismo y ha recurrido las decisiones del juez García-Castellón. También esta posición que mantiene desde hace unos meses fue precedida por otra en la cual el fiscal Joaquín González-Herrero desde agosto proponía investigar a Puigdemont por terrorismo. El problema es que González-Herreros actuó en sustitución del fiscal encargado, de vacaciones. Uno de los dos jefes de la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo -Fidel Cadena, el fiscal del juicio del 'procés'- anunció el martes de la semana pasada en la reunión semanal de los 13 fiscales que sería la junta de este martes, día 6 de febrero, la que tomaría la decisión de informar sobre así aceptar o rechazar la imputación de Puigdemont -y otro aforado- por un presunto delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Cadena informó asépticamente, según pudo saber EL PERIÓDICO, sin insinuar la más mínima opinión sobre el tema. En dos casos, citados por este diario, Cadena ha llevado adelante posiciones opuestas a la instrucción de investigaciones por la Sala Segunda del Supremo (Casos Baltasar Garzón en 2012 y María Victoria Rosell en 2016, ambos archivados). Habida cuenta de su actitud en el juicio del 'procés' -fue uno de los cuatro fiscales que pidió condenar por rebelión y sigue pensando que así debió haber ocurrido- se le supone favorable a imputar indiciariamente a Puigdemont en el caso de Tsunami. Pero lo cierto es que no ha dado pista alguna de lo que estima oportuno. El anuncio de Cadena en la junta del martes 30 de enero sobre que sería la junta del martes 6 de febrero la que adoptaría la posición sorprendió a algunos fiscales consultados, quienes recuerdan que en muchísimos casos ha sido el antiguo teniente fiscal, Luis Navajas, quien por delegación de la fiscalía general del Estado, asumía la decisión. En este caso, la actual teniente fiscal Ángeles Sánchez podía haberse encargado de elaborar y exponer el criterio. En manos de la junta de fiscales Esas fuentes señalan que el fiscal general del Estado ha intentado no actuar “por arriba” -como jerárquicamente puede hacerlo- confiado en que la junta, en libertad, se orientaría a apoyar la ponencia del fiscal Álvaro Redondo. Pero esta estrategia no era necesaria ni preceptiva. Álvaro Redondo se ha pronunciado públicamente contra la ley de amnistía –“no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía”, escribió en noviembre pasado- y ello se le apuntó en la junta del pasado martes para sugerir su abstención, que no fue asumida. En ese contexto, el fiscal informó que se ha había reunido con Álvaro García Ortiz. No dijo cuándo ni reveló el contenido de la reunión. El fiscal Redondo acudió al despacho del fiscal general del Estado ese mismo día, el martes 30 de enero. La exposición razonada, según fuentes judiciales, le fue enviada a Redondo el miércoles pasado, tras asumir la ponencia por la baja de la fiscal a la que le correspondía, María Ángeles Garrido. Un borrador que hizo circular de manera restringida exponía su posición favorable a aceptar la exposición del juez de la Audiencia Nacional. Más tarde, el fiscal general del Estado le llamó a su despacho, una conducta normal, para hablar sobre el asunto. ¿Había variado ya antes de la reunión su posición y ahora se mostraba, frente a Álvaro García Ortiz, favorable a rechazar lo que en el borrador aceptaba? Es decir, que no modificó su postura por mor de la conversación. Lo que es un hecho es que en el nuevo borrador rechaza la exposición razonada y es el que ha sido distribuido para debatir en la junta de este martes 6 de febrero. En cualquier caso, no hubiera sido excepcional que entrara en el despacho con una postura contraria a admitir la imputación y saliera de él con una favorable a ello. Si hubiera estado en desacuerdo con lo que le expuso el fiscal general podía haber pedido la aplicación del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Artículo veintisiete. Uno. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe... Si la orden fuere dada por el fiscal general del Estado, este resolverá oyendo a la junta de fiscales de sala”). Es posible que en el ambiente alta sensibilidad existente con la tramitación de la ley de amnistía, -donde el juez García-Castellón, después de mantener cuatro años silente la causa del Tsunami Democràtic, sin nuevas diligencias, con un informe solicitado a la Guardia Civil en noviembre de 2023 y con personaciones sobrevenidas de dos policías heridos, ha empujado de hecho a Junts per Catalunya a exigir cambios para no dejar cabos sueltos a los cuales se podría agarrar la justicia para convertir la amnistía en papel mojado-, el fiscal general del Estado prefiriese conseguir el objetivo de rechazar las medidas propuestas por el juez de una manera normal a través de la propia junta de fiscales. Explicación en Bruselas El viernes pasado llovía sobre mojado con la explicación en Bruselas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes 2 de febrero: “Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas”. La atención de los fiscales, según ha podido compulsar este diario, se centró en otros dos detalles de la intervención de Sánchez ante los medios. El primero fue cuando tras señalar que no se trataba de terrorismo añadió “por tanto, con este proyecto de ley”. Es que la ley se tramita como proposición de ley porque si fuera proyecto de ley ello requeriría informes y dictámenes que en el caso de la amnistía no se han solicitado. Y el segundo punto más relevante cuando precisó: “Con este proyecto de ley que yo estoy convencido así lo van a concluir y así lo van a concluir al final los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Si esa es la convicción de un proyecto de ley que ha sido muy laborioso…”. Estas afirmaciones cuando precisamente esos tribunales están estudiando -la junta de fiscales este martes sin ir más lejos- las alegaciones contra Puigdemont y otro diputado y miembro del Parlament, Ruben Wagensberg, han provocado irritación. La junta de fiscales de la sección primera cuyos jefes son Cadena, según se ha apuntado, y Javier Sánchez-Covisa, está integrada por otros doce miembros (con una fiscal de baja y puestos vacantes). Ellos son: Álvaro Redondo, Juan Carlos López Coig, José Antonio del Cerro, Olga Sanchez, Salvador Viada, Jose Martínez, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Salvador Viada, Manuel Doltz, Fidel Cadena, Javier Sanchez-Covisa y Justino Zapatero. ¿Es vinculante lo que decidan mañana? No lo es. Influye. Pero la decisión la toma la Sala de Admisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sala que siempre, según la norma vigente, preside Manuel Marchena. En este caso, forman sala con él otros cuatro magistrados: José Ramón Berdugo, que será ponente, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Carmen Lamela y Eduardo Porres. Si la Sala de Admisión estima que hay indicios para imputar a Puigdemont se hará cargo de la instrucción de las diligencias para profundizar el ponente, el magistrado Berdugo. De lo contrario, la Sala devolverá a García-Castellón la exposición y le pedirá que siga adelante con su investigación. Sea cual sea la decisión, el caso no se acaba con esa decisión. Como es habitual, es un secreto a voces que todo dependerá, en una medida muy amplia, del plan que tenga el presidente de la Sala Segunda y de la Sala de Admisión, Manuel Marchena. Todo esto puede ser una tormenta en un vaso de agua. Ya que se está hablando de unos indicios y calificaciones jurídicas que muy probablemente, retorcimientos mediante, se queden en agua de borrajas. Eso sí con ríos de tinta.

El fiscal general del Estado prefiere que la junta rechace la imputación de Puigdemont a pedirlo directamente él al Supremo, por Ernesto Ekaizer

El fiscal ponente en el Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, propone ahora, tras abandonar un borrador en sentido contrario, rechazar la exposición del juez García Castellón sobre la participación del eurodiputado y 'expresident' en las acciones de presunto terrorismo de Tsunami Democràtic

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