Con la ley de amnistía en fase de prórroga desde el veto de Junts el martes en el Congreso, ha entrado en ebullición qué tecla se puede apretar para garantizar que ningún encausado por el 'procés' se quede fuera sin que se ponga en riesgo la constitucionalidad de la norma. Más allá del trabajo de orfebrería lingüístico vía enmiendas, otra vía se ha puesto en circulación por boca de dirigentes como Jaume Asens, que además de ser de los Comuns es abogado de profesión, o incluso de algún letrado que defendió a los condenados por el 1-O, aunque ERC y Junts por ahora lo rechacen: la reforma del delito de terrorismo, cuya definición fue ampliada en el año 2015 junto a la aprobación de la ley mordaza. ¿Podría realmente esta modificación apuntalar la aplicación de la amnistía? Los expertos consultados admiten la definición "amplia" que hay ahora de este tipo penal, pero que el principal problema continúa siendo la interpretación que puedan hacer los jueces.