El frenazo de Junts a la amnistía trastoca los planes de Sánchez y Aragonès

El PSOE y Junts vuelven a cortejarse tras el frenazo a la amnistía en el Congreso. La posconvergencia, atrapada en el juego del gato y el ratón con los jueces tras las últimas maniobras de Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, dilató el calendario para su aplicación el pasado martes alegando que no quedan amparados los investigados por terrorismo y delitos de traición. A juicio de ERC, la decisión de JxCat da coba a la pugna con el poder judicial y pone en riesgo la exoneración de las causas del 'procés'. Recuerdan, con sorna, que los posconvergentes habían defendido que la norma era impecable y que no requería enmiendas. No hay duda de que su 'no' en el Congreso obedece a la necesidad de blindar a Carles Puigdemont y a su colaborador, Josep Lluís Alay, investigado en el marco de la trama rusa del 'procés', pero hay otros factores que ayudan a entender un giro de guion que ha inquietado a sus propias bases. Por partes: ¿está en riesgo la aprobación de la amnistía? Todos los partidos implicados dan por hecho que habrá un nuevo acuerdo, al tiempo que destacan que la ley, aunque sea impoluta, será reinterpretada por algunos togados para evitar su aplicación, como sucedió con la reforma del delito de malversación en el Código Penal. Hay temor a que una norma tan mediatizada y retocada a golpe de decisión judicial pueda ser leída por el Tribunal Constitucional y por Europa como una ley 'ad hoc', a medida, y que concluyan que encubre un indulto general prohibido por la Constitución. "Retoquemos lo que retoquemos, los jueces prevaricadores siempre buscarán rendijas", sostiene una fuente que ha estado en la cocina de las enmiendas. Ni terrorismo ni traición La voluntad de los posconvergentes es que el terrorismo y los delitos de traición no queden fuera del perímetro amnistiable. Con el regreso del texto a la comisión de justicia del Congreso, levantan la exigencia de aceptar su enmienda tal como está redactada, la que apostaba por eliminar directamente el delito de terrorismo de las causas de exclusión. Quieren negociar, y el PSOE también, así que el planteamiento es alumbrar un nuevo redactado que deberá contar con el aval de ERC. Junts asume que la negociación va para largo y se acomoda a ello, porque comprende que en plena campaña electoral en Galicia no se alumbrará un pacto con los socialistas. Hay margen hasta el 26 de febrero para suscribirlo. Este pronóstico tampoco les perjudica: cuanto más se acerque la amnistía a la campaña de los comicios europeos del 9 de junio, más impacto (y tirón electoral) tendrá el regreso de Puigdemont a Catalunya. Pero esta idea sí choca con los planes del Govern y de ERC, y también con juicios pendientes, como el de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que está previsto para el 10 de abril y que contaban con poder suspender con la ley aprobada. Se quejan de que Junts haya entregado su "poder" a Gonzalo Boye y ven la crítica justificada con la marcha de Miquel Sàmper de JxCat, exconseller y abogado de Lluís Puig desde que decidió prescindir de los servicios de Boye. Sánchez se impone A diferencia de la votación de los primeros decretos del Gobierno, Junts no se salió con la suya en tiempo de descuento. Los posconvergentes están convencidos de que el PSOE, a estas alturas, ya no puede dar marcha atrás con la amnistía, por el desgaste que ya acarrean y por la defensa pública de esta solución política que tanto había denostado. Pero Sánchez, al igual que asumió que debía cambiar la dinámica negociadora tras aquella votación de infarto, asumió que debía dar ahora un golpe sobre la mesa, un 'hasta aquí' que ERC celebró. Tampoco JxCat puede dejar perder la oportunidad de asegurarse un regreso seguro para su líder moral y de argumentar que sí valía la pena dar sus 7 síes al líder socialista. Así que ya se entra en la fase de la reconciliación, con el gesto de Sánchez -"todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas"- agradecido por el secretario general, Jordi Turull, pidiendo ponerse ya manos a la obra, aunque su propio frenazo aparque otro futuro hito para Junts: la fotografía de Sánchez y Puigdemont. ¿Sin presupuestos? ¿Está en riesgo la mayoría de la investidura? Sánchez y Puigdemont están atados hasta la exoneración del exjefe del Govern, pero en Junts creen que después ya tendrán las manos libres. Sea como sea, el frenazo a la amnistía impacta en los planes de la Moncloa y el Palau de la Generalitat. Contaban con aprobar sendos presupuestos a finales de marzo o principios de abril, intercambiándose apoyos y dando un nuevo comienzo a la mesa de diálogo, ya con las gallegas despejadas y con margen suficiente para la nueva contienda europea. La agenda social iba a aplacar la amnistía tras meses en el centro del tablero político, pero el calendario ha quedado alterado y las expectativas se reconfiguran. Aragonès y Sánchez tienen prorrogadas las cuentas: el president quiere presupuestos para zanjar el mandato exhibiéndolos como un triunfo a tenor de su minoría parlamentaria, mientras que el jefe del Gobierno puede decantarse por empezar a negociar ya los de 2025 y evitar, así, dos duras negociaciones consecutivas con la posconvergencia.

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