El juez impulsa la investigación de la trama rusa del 'procés'

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha dictado una resolución en la que impulsa la investigación sobre la presunta trama rusa del proceso independentista catalán e implica, entre otros, al exrresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas, al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el informático Jaume Cabaní, hasta hace poco estrecho colaborador del expresident en Waterloo y pieza clave en la estructura financiera organizada en Bélgica a través de una cuenta en Alemania. Las fuentes judiciales apuntan que podría haberse cometido un delito de altra traición o contra la seguridad nacional (ingerencia de un país extranjero), que no estaría incluido en la amnistía. Tras revisar la "abundante documentación" que hay en la causa, el magistrado asegura haber hallado datos que confirmarían las "estrechas relaciones" de algunos de los investigados con "individuos de nacionalidad rusa, alemana e italiana", alguno de los cuales ocupaba cargos diplomáticos y tenía "relaciones con los servicios secretos rusos" e, incluso, con miembros de partidos de extrema derecha en Italia y Alemania. El interés de los investigados, recalca el juez, era establecer vínculos de "influencia política y económica" con una hipotética Catalunya independiente, lo que desestabilizaría a la UE. El magistrado ha prorrogado seis meses la investigación por la complejidad de las pesquisas, la cantidad de documentación aún por revisar y la intención de profundizar en las relaciones entre líderes y activistas independentistas con ciudadanos de Rusia, como Nikolay Sadovnikov, un misterioso exdiplomático de ese país e hipotético empresario, que se reunió con Puigdemont en la Casa dels Canonges (vivienda oficial de los presidentes de la Generalitat) días antes de la fracasada declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Los dos encuentros que se celebraron en la residencia que ocupaba entonces Puigdemont fueron propiciados por Terradellas, por entonces amigo del expresident, y en ellos también participaron el ruso Sergey Motin (un supuesto militar ya fallecido) y el catalán Jordi Sardà Bonvehí (implicado en una presunta estafa con una venta de gas a Ucrania), tal como avanzó EL PERIÓDICO en mayo de 2022, en una investigación conjunta con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y a la que se ha unido ahora SWR, canal afiliado a la televisión pública alemana (ARD). La supuesta ayuda Los que se presentaron como emisarios de Rusia ofrecieron a Puigdemont una supuesta ayuda económica y militar a una futura Catalunya independiente en los encuentros citados. A cambio, reclamaron una legislación favorable al uso de las criptomonedas para poder crear un gran nicho mundial de moneda virtual. Para hablar de bitcoins, esos supuestos representantes del Kremlin se llegaron a reunir con Elsa Artadi, entonces persona de confianza de Puigdemont, en el hotel Colón de Barcelona. La exdirigente de Junts admitió ante el juez que el expresident la envió a ese encuentro, aunque precisó que "todo tuvo poco rigor". Precisamente, parte de la investigación de la denominada 'operación Voloh' se centra en descifrar algunas transacciones realizadas en criptomonedas. El magistrado agrega en el auto un anónimo recibido el pasado diciembre en el juzgado y que resume una investigación periodística sobre la trama rusa y la reunión con Sadovnikov. El juez relata en su auto una conversación entre Terradellas y David Madí, exalto cargo de CDC, en el que el primero le asegura que el expresident le había hablado de criptomonedas: "Tenemos que ir hacia ahí". El magistrado sostiene que de esas palabras "parece inferirse" que la intención última "es provocar un cambio en el modelo económico, transformando los recursos monetarios" de los que se pueda disponer en criptomonedas. La finalidad, incide, es "evitar las acciones de control de los poderes públicos". El togado incluye en su escrito un manuscrito de Terradellas en el que aparece el nombre de 'Putin', la palabra 'finançament' (financiación) y "unificar bitcoin, mañana (hay una expresión tachada) del volátil y debajo al oro". En un círculo figura "máquina", a continuación "estado protector" y después "legislación adecuada al nuevo modelo económico". Hasta el momento, los investigadores no han podido aclarar la relación con las otras personas mencionadas en el manuscrito: "Trapero-Artadi-MHP (Molt Honorable President) y, debajo, Putin" Navalni y reuniones en Rusia El magistrado también hace constar que Alay mantuvo una conversación por WhatsApp con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en el que se refieren a la necesidad de que el expresident, ya en Bélgica, no critique la actitud de Putin y del presidente de Bioleorusia Viktor Lukashenko respecto al disidente ruso Alekséi Navalni. En opinión del juez, ello revela "de manera inequívoca" sus "contactos con altos dirigentes del Kremlin". Así, recuerda que Alay se reunió con Eugeni Primakov, exmiembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, diputado del partido de Putin y nieto del exprimer ministro ruso Yevgueni Primakov. El juez expone que esos contactos con personalidades rusas "se llevaron a cabo tanto antes de la supuesta declaración de independencia como después de ella, cuando Terradellas ya no era el punto de contacto en el ámbito ruso" (al ser detenido) y fue "sustituido" por Alay. Si los contactos con Rusia existieron antes y después de octubre de 2017 puede concluirse, según el togado, que "había alguna persona común entre Terradellas y Alay y por encima de ellos que permitiera tales contactos".

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