El Gobierno se enfrenta al 'efecto bumerán' de la amnistía y Pegasus

El síndrome de la 'ley del solo sí es sí' planea sobre los promotores de la amnistía del 'procés'. La norma que se aprobará el martes en el Congreso empezará el miércoles su auténtico rosario de idas, venidas y dilaciones. Un par de meses en el Senado antes de ser rechazada, vuelta a la Cámara baja para que le levante el veto y de ahí al ring de la justicia. No sin algún trompicón, el PSOE había conseguido armar un relato para justificar su arriesgada apuesta bajo dos banderas: la reconciliación entre catalanes y aquello de 'hacer de la necesidad virtud'. Pero esta última semana, a los socialistas se les ha atrangando el hilo argumental ante la presión de sus compañeros de legislatura y las decisiones de la justicia (o de parte de ella), lo que hace aún más imprevisible el desenlace de la amnistía. Y todo a pocos días de la primera campaña electoral del año. El terrorismo Cuando la norma llegó al Congreso, cuatro catedráticos de Derecho constitucional, penal y procesal examinaron el texto para EL PERIÓDICO y llegaron a la conclusión de que, en líneas generales, tenía la suficiente robustez como para superar el filtro del Tribunal Constitucional, aunque también advertían de que podía dar lugar a sentencias dispares porque su argumentación jurídica está influida por la necesidad política del PSOE de sostenerse en el Gobierno. Esa necesidad, imperiosa, ha obligado a los socialistas esta semana a meter con fórceps una enmienda que los mismos juristas advierten de que puede dar al traste con la norma. El relato de la Moncloa se complica: el ministro Félix Bolaños ha tenido que recordar que nada de lo que sucedió en Catalunya en 2017 puede compararse a ETA o al yihadismo ante lo delicado que resulta dejar por escrito que habría un terrorismo que viola los derechos humanos y otro que no los vulnera. Las concesiones ante ERC y Junts han cristalizado esta vez en una enmienda a la que más de un juez o tribunal podrían aferrarse para justificar que se trata de una ley a medida de Carles Puigdemont. Claro que los impulsores de la norma también pueden alegar que se necesita una legislación 'ad hoc' ante el sospechoso empeño de un sector de la justicia de fulminar la medida de gracia. En todo caso, el Gobierno tiene que extremar las piruetas porque sus socios le dejan claro que camina sobre al alambre. La sentencia firme Los retoques pactados por PSOE, ERC y Junts han eliminado de la ley un elemento que puede restarle blindaje ante la justicia. El texto original excluía de la amnistía a aquellos condenados por terrorismo con "sentencia firme", algo que no iba a producirse antes de la aprobación de la norma en ninguna de las dos causas por este delito. El caso de los CDR aún no tiene fecha de juicio en primera instancia y la investigación del Tsunami Democràtic se encuentra en incipiente instrucción. Ahora se establece un requisito distinto y es que se excluirán los actos de terrorismo "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos", lo que dejaría fuera el fallecimiento del turista francés por un infarto durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat. El porqué de este cambio se enmarca en el juego del gato y el ratón en el que han convertido la ley de amnistía el Gobierno y sus socios, por un lado, y el juez Manuel García-Castellón, por el otro. Hacía cuatro años que este magistrado instruía la investigación del Tsunami y no se dio cuenta de que Puigdemont y Marta Rovira estaban en el ajo hasta que empezaron los viajes a Bruselas del socialista Santos Cerdán. A partir de entonces, ha visto terrorismo donde no lo ven ni los investigadores ni la fiscalía, sin identificar a ningún agresor concreto y sin una prueba documental de incitación a la violencia. Incluso ha detectado "ánimo homicida" en la extinta plataforma y un plan "en mente" de actuar durante una visita del Rey a Barcelona. El espionaje Además de la amnistía, el otro bumerán que puede volverse contra el Gobierno es el espionaje al independentismo con Pegasus, a raíz de la documentación desclasificada por el propio Consejo de Ministros. Hasta ahora se sabía que el CNI había pinchado el teléfono de Pere Aragonès cuando era vicepresidente del Govern con autorización judicial. Pero ahora se sabe que los servicios de inteligencia justificaron esa solicitud en que el actual president dirigía las acciones de los CDR desde la "clandestinidad". Qué papel ha jugado el Gobierno del PSOE en todo esto sigue siendo incierto. Bolaños dijo el viernes que el Ejecutivo socialista ni tenía conocimiento ni había autorizado esas operaciones porque fueron previas a la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. La autorización sí es anterior, pero las pesquisas se mantuvieron con el PSOE en el poder, por lo que, como fija la ley, el CNI le fue informando de la evolución de las pesquisas mientras negociaba con ERC durante su primera legislatura. La investigación judicial continúa y augura nuevos dolores de cabeza para el Gobierno.

El Gobierno se enfrenta al 'efecto bumerán' de la amnistía y Pegasus

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