¿Quién se responsabiliza del espionaje a Aragonés? Las claves de la implicación del Gobierno, el CNI y el Supremo

El magistrado del Tribunal Supremo adscrito al CNI, que actualmente es Pablo Lucas, no actúa como un juez instructor, así que no tiene acceso de ninguna forma al resultado de las diligencias que el Centro Nacional de Inteligencia realiza, aunque le haya autorizado para poder llevarla a cabo, como es preceptivo, por afectar a derechos fundamentales, como puede ser la intervención de las comunicaciones de las personas a la que se investiga, señalan a EL PERIÓDICO desde el alto tribunal. De hecho la ley atribuye a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia "realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia". Como la directora al frente del CNI tiene rango de secretario de Estado, la petición para la autorización de diligencias que recibe el juez encargado de controlar su actuación se considera poco menos que realizada por el propio Gobierno, que es el único que conoce su resultado a través del propio Centro Nacional de Inteligencia. Para autorizarla o no, el magistrado adscrito al CNI comprueba si la petición cumple lo previsto en la ley 11/2002 que regula el funcionamiento de los servicios secretos españoles. De ser así le da el visto bueno, pero luego no es informado de si la diligencia ha confirmado las sospechas iniciales o las ha descartado, porque no recibe ningún tipo de información al respecto. El artículo 4 de esa ley establece como funciones del CNI para cumplir sus objetivos las siguientes: a) Obtener, evaluar e interpretar información y difundir la inteligencia necesaria para proteger y promover los intereses políticos, económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España, pudiendo actuar dentro o fuera del territorio nacional. b) Prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población. c) Promover las relaciones de cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países o de organismos internacionales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos. d) Obtener, evaluar e interpretar el tráfico de señales de carácter estratégico, para el cumplimiento de los objetivos de inteligencia señalados al Centro. e) Coordinar la acción de los diferentes organismos de la Administración que utilicen medios o procedimientos de cifra, garantizar la seguridad de las tecnologías de la información en ese ámbito, informar sobre la adquisición coordinada de material criptológico y formar al personal, propio o de otros servicios de la Administración, especialista en este campo para asegurar el adecuado cumplimiento de las misiones del Centro. f) Velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada. g) Garantizar la seguridad y protección de sus propias instalaciones, información y medios materiales y personales. Con Sánchez de presidente El magistrado también se guía por la directiva de seguridad que el Consejo de Ministros aprueba anualmente. Las fuentes consultadas recuerdan que en el caso del presunto espionaje al presidente de la Generalitat Pere Aragonès regía la aprobada en 2019, ya bajo la presidencia de Pedro Sánchez, a la que accedió en 2018 tras la moción de censura de la que desalojó de La Moncloa a Mariano Rajoy. De tal forma que fue el Gobierno de Sánchez, a través del CNI el que solicitó la intervención y a quien el propio centro reportaría de su resultado. En su artículo 6, la ley dice que "la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia velará por la adecuada coordinación de todos los servicios de información e inteligencia del Estado para la formación de una comunidad de inteligencia". La componían "el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente y estaba integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretario." No obstante, esta composición, que incluía a Pablo Iglesias y a Iván Redondo se anuló por una sentencia del Tribunal Constitucional, por haberse hecho por decreto ley. A ella le corresponde "realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia". El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado desde Bruselas que son operaciones que el CNI no tiene que explicar al Gobierno, y que lo que hizo el CNI fue solicitar autorización al Supremo. Así, ha asegurado que cuando se produjeron esos episodios, el Gobierno ni tenía conocimiento ni había autorizado porque eran operaciones "que venían de antes". El CNI pidió el pinchazo arguyendo que Aragonès podía dirigir las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) desde la "clandestinidad", al margen de su papel institucional, aunque era la segunda autoridad del Govern. De hecho en la solicitud al juez se especificó que no se pedía la intervención en su condición de vicepresidente, sino para investigar la "labor de dirección y coordinación de los CDR" que se sospechaba. Aragonès entró de vicepresidente del Govern en junio de 2018 cuando su partido, ERC, ya había empezado a virar dejando atrás el unilateralismo para apostar por el diálogo con el Estado. Denunció ante el juez que fue espiado cuando negociaba con el PSOE la primera investidura de Pedro Sánchez que apoyó Esquerra. Para ERC la actividad de los CDR era entonces más una incomodidad que un motivo de reivindicación dentro de su nueva estrategia. De hecho, en el otoño de 2018, miembros de los Comités de Defensa de la República convocaban protestas y realizaban pintadas en la misma sede de Esquerra.

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