La policía detecta amaños en adjudicaciones del Ayuntamiento de Barcelona durante la época de CiU

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil han detectado amaños e irregularidades en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Barcelona durante el Gobierno de CiU (2011-2015) a la empresa audiovisual Triacom, administrada por el exgerente de TV3 Oriol Carbó y que está siendo investigada por la presunta financiación de Convergència Democràtica (CDC) en la Audiencia Nacional, según consta en un informe policial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que fue entregado antes de finalizar el año en el Juzgado Central de Instrucción número 5. Este asunto es una derivada del caso 3% por el supuesto pago de comisiones a CDC a cambio de obra y servicios públicos que está pendiente de juicio. Los agentes, en funciones de policía judicial, han analizado siete expedientes de contratación gestionados por el Ayuntamiento de Barcelona entre 2012 y 2015, vinculados a dos tipos de campañas publicitarias: una relacionada con el servicio de atención al ciudadano 010, que el informe denomina Microespais, y otra con las cápsulas audiovisuales llamadas Smartcity. Los Mossos y la Guardia Civil han hallado diversas irregularidades en esas adjudicaciones, que van desde sospechas sobre acuerdos entre las empresas relacionadas entre sí para participar en los concursos hasta el pago de un precio elevado por productos sencillos o la existencia de presuntas facturas falsas por parte de Triacom para el desvío de fondos a otras sociedades. En algunos casos, el resultado económico extrañamente llegó a ser deficitario para Triacom que, a su vez, subcontrataba a otras empresas. El dictamen entregado en la Audiencia Nacional sostiene que “carece de sentido económico que Triacom participase en la producción de proyectos para el Ayuntamiento de Barcelona durante cuatro años consecutivos acumulando pérdidas”. Y añade: “Para una empresa con una amplia experiencia en el mundo de las producciones audiovisuales resulta difícilmente injustificable el hecho que año tras año se encargara de la producción de estas campañas siendo estas deficitarias”. Estas pérdidas, apunta, “podrían deberse a la falsedad de algunas facturas”, lo que “favorecería el desvío de fondos a terceras empresas o personas”, que no se detallan. La conexión con el alto cargo Los microespacios publicitarios sobre el teléfono 010 fueron impulsados, según los Mossos y la Guardia Civil, desde la Direcció dAtenció Ciutadana, que dependía directamente de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana cuando Marc Puig Guardia (exalto cargo de la Generalitat y exdiputado) fue su responsable. Los investigadores argumentan que del estudio de la facturación y de las cuentas bancarias de Oriol Carbó, administrador de Triacom, ha "aflorado una serie de conexiones” entre este productor audiovisual y Marc Puig, que no ha declarado todavía como imputado ante el juez Santiago Pedraz. Como ejemplo señalan la compra conjunta de una casa en la Cerdanya en 2009, la existencia de una cuenta conjunta o una deuda de Marc Puig que “finalmente no se cobró y se contabilizó como una perdida”. Puig fue, además, fundador de una empresa, Emocional, que pasó en 2008 a manos del cuñado de Carbó. Esta sociedad llegó a facturar a Triacom en el 2012 como subcontratada por uno de los trabajos. Uno de esos contratos por un importe de 70.000 euros, explica el informe, se hizo mediante el procedimiento negociado y sin publicidad y se trataba de diseñar y producir microespacios publicitarios sobre el 010 para radios e Internet. Triacom, concretan los investigadores, presentó una oferta de 5.000 euros por cada cápsula, que era el precio máximo fijado. “Carece de sentido que tratándose de un procedimiento negociado sin publicidad se adjudique la licitación por el precio máximo”, relata el dictamen. Sin embargo, los investigadores van más allá y subrayan que los gastos imputados ascendieron a 126.693 euros, una cifra muy superior a la factura emitida por Triacom al Consistorio barcelonés. Asimismo, entre las tres empresas invitadas a este procedimiento existen lazos comerciales o empresariales. “Estas relaciones directas o a través de sus administradores, podrían haber facilitado la existencia de pactos o acuerdos colusorios”, señala el informe, que también devela otras anomalías en la entrega del trabajo. Por otra parte, el Ayuntamiento pagó 17.182 euros por tres archivos en formato PowerPoint, cantidad que los agentes consideran “muy elevado”, ya que el material “es de sencilla elaboración y extensión breve”. El informe incluye otra investigación. En concreto, sobre el servicio 012 de atención al ciudadano de la Generalitat. Su conclusión es que Triacom no fue adjudicataria de ninguna labor relacionada con este teléfono en el año 2012, por lo que las facturas giradas en ese periodo por tres sociedades a la compañía audiovisual por “producción de 012” podrían ser falsas.

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