El caso Taula cumple diez años con 27 condenados, 17 absueltos y 79 archivos

El caso Taula-Imelsa cumple en 2024 diez años de investigaciones. La denuncia original la presentó el 30 de julio de 2014 la entonces diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, que derivó en la apertura de las diligencias de investigación por la Fiscal Jefa de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, el 1 de agosto de 2014. Aunque la investigación judicial comenzó en marzo de 2015 en el Juzgado de Instrucción 18 y estalló el 26 de enero de 2016, con la detención de Alfonso Rus y María José Alcón, entre otros políticos del PP de la provincia y València. Diez años después esta macrocausa de corrupción arroja un balance, en cifras, de trece piezas separadas, 27 condenas (pendientes de recursos ante el TSJCV y el Supremo), 17 absoluciones, 79 archivos (algunos por fallecimientos) y otros 54 acusados con la investigación en marcha o pendientes de que se inicie el juicio. Entre estos últimos está el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, que el próximo martes se sentará en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, junto a la exsecretaria del grupo municipal del PP de València, María del Carmen García-Fuster, el exconcejal Eduardo Santón y José Salinas, exdirector de Valencia Turismo Convention Boureau. Los cuatro están acusados de malversación y cohecho supuestamente cometidos durante las elecciones de 2007 y 2011, financiadas con una supuesta caja B del PP. A este núcleo duro de confianza de la alcaldesa de València (1991-2015), Rita Barberá, se le acusa de usar tres fundaciones municipales para supuestamente desviar 1,7 millones de euros de presupuesto público para financiar los gastos electorales en las campañas de 2007 y 2011. Elecciones que también se financiaron a través de aportaciones dinerarias de contratistas del Ayuntamiento de València a las consultoras de comunicación Laterne Product Council (campaña de 2007) y Trasgos Comunicación (2011), contra los que no se actúa judicialmente porque los hechos han prescrito. Y en el caso de Laterne la empresa ha desaparecido. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel para el exvicealcalde de València, Alfonso Grau, por capitanear y dirigir una "operativa criminal de entregas de dinero por empresarios" y una "maquinaria" para blanquear dinero de contenido ilícito, según el escrito de acusación del Ministerio Público. Santón y Salinas se enfrentan a cinco años de cárcel. Y García-Fuster a un año de cárcel por presunto cohecho (tras decaer la acusación de blanqueo que se le imputaba por el presunto pitufeo). De hecho, en esta pieza A del caso Taula se indagó sobre el presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) contra cincuenta exconcejales y exasesores del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València en las elecciones de 2015. Por esta causa llegó a declarar ante el Supremo la exalcaldesa, Rita Barberá, dos días antes de fallecer, por lo que la causa se sobreseyó para ella en 2018. Esta parte de la investigación de 2015 fue archivada por la sección cuarta de la Audiencia de València en un auto notificado el 14 de diciembre de 2021. Los magistrados de la sección cuarta consideraron que no existía relación entre el presunto dinero negro o en 'B' que manejaba Alfonso Grau en las campañas electorales de 2007 y de 2011 y el que presuntamente se le devolvió a los exediles y exasesores en la campaña de 2015 (en dos billetes de 500 euros). La decisión de la sección cuarta de la Audiencia de València, recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, fue confirmada por el Tribunal Supremo. En las otras doce piezas, la situación es igual de variopinta. El juicio de los contratos zombis (cobrar sin ir a trabajar) investigados en las piezas B y F del caso Taula se saldó con 20 condenas y seis absoluciones, pendientes de los recursos ante el TSJCV. Hay un último extrabajador del PSOE que aún debe ser juzgado, ya que se decidió desgajarlo para evitar la suspensión del juicio. La pieza C del caso Taula aún indaga el presunto blanqueo de capitales cometido por Alfonso Rus, en una pieza en la que se ha investigado a tres personas, entre ellos Rus, de los que uno ha fallecido. No hay fecha de finalización de la investigación. De los ocho acusados por el presunto amaño del contrato del call center o centro de llamadas de la Diputación de València, siete fueron absueltos por la sección quinta de la Audiencia de València. Contra el octavo, el empresario Fernando Palomares, se ha desistido de la acusación por motivos de salud. La absolución ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción. La pieza E del caso Taula ha investigado el presunto amaño de los contratos de la Concejalía de Cultura cuando estaba dirigida por Maria José Alcón. Marcos Benavent ejercía de "recaudador" y mediador en el cobro de mordidas, mientras trabajaba como asesor de la Fundación Jaume II el Just, dirigida por Vicente Burgos, el primer marido de Alcón. En esta pieza se llegó a investigar a 12 acusados, pero finalmente se ha dictado auto de procedimiento abreviado (que marca el fin de la instrucción) sólo para seis acusados. Entre las personas a las que se archivó la causa, figura la exconcejala Maria José Alcón, fallecida el 16 de julio de 2018. El presunto amaño y pago de mordidas en la construcción de tres institutos y dos colegios en Torrevieja Torrevieja, Llosa de Ranes, El Cabanyal, Burriana y Santa Pola se archivó para los veinte investigados a petición de la Fiscalía Anticorrupción porque consideraba que sólo había podido probarse el cohecho, un delito que ya habría prescrito en 2015, cuando se inició la investigación judicial. Tras la declaración como testigo de Ricardo Costa, el juez del caso Taula abrió la pieza secreta H que investigaba el presunto pago de mordidas a cambio de contratos de obra pública de dos grandes empresas valencianas. No ha trascendido en qué situación está esta pieza que sigue secreta. La pieza I ha condenado al empresario Rafael García Barat por los contratos con el Ayuntamiento de València (Bibliobús) y la Diputación de València (por un evento en el Muvim) junto a Marcos Benavent, el yonqui del dinero y cinco condenados más. En la causa se absolvió al exalcalde de Moncada Juan José Medina y tres personas mas. Y al PPcomo persona jurídica. La pieza J juzgará en 2024 al exvicepresidente de la Diputación de València, Máximo Caturla, por alzamiento de bienes, al intentar ocultar su patrimonio cuando se sabía investigado. En abril se juzgará los a cinco acusados, entre ellos tres exalcaldes de Requena (1) y Enguera (2) por contratos irregulares con la empresa del exsuegro del yonqui del dinero, Técnicas Legales Administrativas, ya absuelta en la pieza del 'call center'. La pieza L, la última en crearse esta semana, investiga desde 2016 la presunta financiación irregular del Olímpic de Xàtiva a través de contratistas de obras del Ayuntamiento de Xàtiva y de la Diputación de València cuando estaban dirigidos por Alfonso Rus. Un total de 28 personas están investigadas en esta pieza separada. Ocho están citados a declarar en marzo. Es una especie de cajón desastre de todos los hechos que no se investigan en las otras doce piezas, como los contratos de las luces led de la Diputación de València, los gastos irregulares de Marcos Benavent durante los siete años que dirigió la empresa pública Imelsa y los contratos ficticios de las empresas del autoconfeso yonqui del dinero con la Diputación de València que, según la investigación, adjudicó 12 millones a su cartera de comisionistas por los que ganó 1,4 millones en mordidas.

El caso Taula cumple diez años con 27 condenados, 17 absueltos y 79 archivos

Otras 54 personas siguen investigadas en las seis piezas separadas que aún siguen en instrucción o pendientes de juicio del total de 13 que se han creado

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