Desde que el PSOE y Junts acordaron la futura cesión de la inmigración a la Generalitat, los mensajes contradictorios por parte de las dos formaciones no dejan de repetirse. Según los posconvergentes, que lograron esta contrapartida a cambio de la abstención de sus siete diputados en los tres decretos ley que se aprobaron la semana pasada, la transferencia se llevaría a cabo a través de una ley orgánica específica para Catalunya, que iría acompañada de “los recursos necesarios” que permitan llevar a cabo “una política integral”. Aquí, continúan desde el partido independentista, estarían incluidos el control de las fronteras y la posible expulsión de inmigrantes que sean delincuentes multirreincidentes. Los socialistas rechazan este enfoque. Confirman que será una norma la que concretará este espinoso acuerdo, pero niegan, como ha hecho el propio Pedro Sánchez durante los últimos días, que la comunidad autónoma vaya a tener estas dos últimas competencias, que seguirán siendo estatales. Lo contrario, de acuerdo con el presidente del Gobierno, sería inconstitucional.