Reconstrucción del pacto con Junts: la llamada de Puigdemont y Cerdán y la maniobra del PP que reforzó al Gobierno

La jornada parlamentaria del miércoles fue una de las más largas, agónicas y extrañas que se recuerdan en los últimos años. Negociaciones al límite para evitar que al día siguiente aumente el precio de los alimentos y la factura de la luz. Contrapartidas de última hora a Junts per Catalunya sobre materias con las que casi nadie contaba. Los diputados de Podemos uniendo sus votos al PP y Vox para que no saliera adelante una norma del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, con quien los morados concurrieron a las elecciones generales hace menos de seis meses. Un sistema de voto telemático que deja de funcionar cuando más se necesita. Un empate en el recuento. Y al final, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo haciendo sin querer un “favor” al Gobierno. A primera hora de la mañana, los rostros de los negociadores socialistas que entraban en el Senado, donde se celebró el debate porque el edificio del Congreso se encuentra en obras, tenían un rictus serio. Rezumaban pesimismo. Las conversaciones con los posconvergentes, cuyos siete diputados eran imprescindibles para que los decretos salieran adelante, no prefiguraban un final feliz. Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y principal interlocutor con el partido de Carles Puigdemont, se encontraba mal, con fiebre. Llevaba mascarilla y estaba pegado al teléfono dentro del hemiciclo. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, también se implicó, pero sus relaciones con Junts, a diferencia de con ERC, no son las mejores. Cerdán fue quien estuvo al frente. Su entorno explica que tuvo numerosas conversaciones durante todo el día con Jordi Turull, el secretario general de los posconvergentes. Ambos han tejido cierta complicidad después de las largas negociaciones en Bruselas que culminaron en el apoyo de Junts a la investidura. Pero el pacto no terminaba de cuajar. Todo parecía dirigirse al no del partido de Puigdemont, con los tres decretos decayendo y el Gobierno sufriendo una severa derrota nada más comenzar el nuevo mandato de Pedro Sánchez. El fantasma de la inestabilidad, de una legislatura ingobernable, parecía cada vez más cercano. Al mediodía, Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de los posconvergentes, subió a la tribuna de oradores. “No podemos acompañarlos en este error suyo (...). Las cosas no van a ser como hasta ahora”, dijo, deteniéndose en las críticas de su formación por presunta invasión de competencias, las prisas a la hora de negociar, la inclusión en los decretos de todo tipo de asuntos que nada tenían que ver entre sí y la presencia de un artículo, el 43bis de la ley de enjuiciamiento civil, que a su juicio podría torpedear la futura amnistía del ‘procés’, al prescribir que una norma quede paralizada si un magistrado plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, algo que de todas formas es ya doctrina y se aplica sin excepciones. La votación telemática Quedaban pocas horas para que se cerrase cualquier posibilidad de acuerdo. Al celebrarse el debate en la sede del Senado, la Mesa del Congreso, de mayoría progresista, decidió que la votación debía ser telemática, ya que la Cámara alta cuenta con 266 representantes frente a 350 de la baja, lo que complicaba que los diputados pudieran pulsar los botones de su escaño. El plazo había comenzado a las nueve y media de la mañana y expiraba a las tres de la tarde. Pero entonces, cuando faltaba poco para llegar al límite temporal, pasó algo con lo que nadie contaba. El sistema de votación comenzó a fallar. Fue una caída breve, de apenas unos minutos, pero el PP expresó su malestar. “Esperamos que se resuelva a tiempo y que todos podamos votar, y que esto no sirva para que el Gobierno gane tiempo en sus negociaciones”, señalaron los populares. Sirvió. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, dio 30 minutos más para votar, hasta las tres y media de la tarde, y fue en esos últimos minutos cuando todo terminó de armarse. Como siempre con Junts, la última palabra la tuvo Puigdemont. Esta vez, directamente y sin intermediarios. El pacto se cerró al límite gracias a una conversación entre el expresident de la Generalitat y Cerdán, según confirman los entornos de ambos dirigentes. Horas después, durante la ejecutiva de Junts, Turull, explican fuentes presentes en el encuentro, habló de un acuerdo “en el último segundo y en tiempo de descuento”. Incluso llegó a emplear el símil de las películas donde hay una “bomba” que se desactiva mientras el cronómetro se dirige de forma inexorable hacia la explosión: cinco, cuatro, tres, dos, uno… Pero no explotó. A cambio de que no votasen en contra de los decretos, que incluían medidas como la rebaja del IVA a los alimentos básicos, la bajada de los impuestos sobre el gas y la electricidad, la subida de las pensiones, la suspensión de los desahucios y la gratuidad de los trenes, el Gobierno dio a los posconvergentes jugosas contrapartidas. El compromiso de que una futura ley orgánica delegará a la Generalitat las competencias en migración. La asunción por parte del Estado de las bonificaciones al transporte público en Catalunya. Una reforma de la ley de sociedades para propiciar el retorno a la comunidad de las empresas que se marcharon en 2017. La publicación “inmediata” de las balanzas fiscales de las autonomías. La rebaja hasta el 0% del IVA al aceite, que ahora se sitúa en el 5%. Y la eliminación del artículo que según Junts ponía en peligro el carpetazo judicial al ‘procés’. Reunido con la plana mayor de su partido, Turull explicó que el PSOE le había pedido perdón por las “formas” durante todo este proceso que acabó en pacto. “Las disculpas no sirven”, contestó el secretario general de Junts. Numerosos dirigentes socialistas concuerdan. Lo ocurrido el miércoles, el “suplicio parlamentario”, no puede volver a repetirse. El Gobierno debe tomar nota y cambiar su forma de proceder en una legislatura tan compleja como esta, en la que la coalición del PSOE y Sumar necesita a todos sus aliados en cada una de las votaciones. Se trata, según varias fuentes, de negociar con más tiempo, con más mano izquierda. Y sobre todo, de no abusar de la figura del decreto, incluyendo en estas normas asuntos inconexos entre sí. Por lo pronto, socialistas y posconvergentes revisarán su protocolo de diálogo en una próxima reunión. El llamamiento Solo faltaba conocer el resultado de la votación, que Armengol solo desvelaría al final del pleno, ya de noche. Dentro de su estilo en este recién estrenado nuevo ciclo de apretar, pero no ahogar, de facilitar la tarea del Gobierno a cambio de compensaciones, pero implicándose lo mínimo, Junts optó por una actitud atípica. En lugar de apoyar los decretos, rechazarlos o abstenerse, sus siete diputados sencillamente no votaron. Los socialistas ya lo sabían, y no le otorgaron demasiada importancia, porque al fin y al cabo se trataba de que las normas fuesen aprobadas. Con eso bastaba. Pero en ese momento, tras más de 10 horas de debate en el hemiciclo, la trama volvió a dar un giro. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, se había equivocado horas antes, durante el proceso telemático que terminó a las tres y media de la tarde, y no había respaldado el decreto anticrisis, quizá el más importante de todos. Hubo empate: 171 a favor, 171 en contra. El reglamento del Congreso obliga en estos casos a repetir la votación, que en principio iba a ser, de nuevo, a través de los dispositivos. Ahí fue cuando aparecieron el PP y Vox para echar una mano al Ejecutivo. Miguel Tellado, portavoz de los conservadores en la Cámara baja, y el secretario general del grupo parlamentario ultraderechista, José María Figaredo, pidieron que la votación fuese por llamamiento. Es decir, que todos los diputados tuviesen que levantarse cuando se dijese su nombre para anunciar en voz alta su posición. Armengol aceptó. Así que los diputados de Junts, que estaban dentro del hemiciclo, tuvieron que decir que se abstenían, responsabilizándose más del resultado que si hubieran seguido actuando como si este no fuera con ellos y reforzando por el camino al Ejecutivo, que en esta segunda votación logró, ya con Pisarello votando como se suponía que tenía que votar, que la norma saliera adelante. “Tellado nos hizo un favor”, sentencian en la cúpula del PSOE.

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