Moncloa promete a Junts la competencia de inmigración para Catalunya sin que ni Interior ni Inclusión sepan qué cede

Tras el anuncio de Junts, el silencio. Ni en Interior ni en Inclusión saben a ciencia cierta qué competencias en materia de Inmigración pasará el Estado a la Generalitat. En la tarde de este miércoles, mientras el recuento de las votaciones parlamentarias estaba todavía realizándose, se quedó en el aire un anuncio trascendental de Junts per Catalunya en redes sociales: que se abstenía "después de pactar la delegación integral de las competencias de Inmigración a la Generalitat y la publicación inmediata de las balanzas fiscales". Y en ese primer asunto, el de la inmigración, que es materia de un artículo de la Constitución, se extendió el desconcierto en el flanco del Gobierno, pues ni en Interior ni en Inclusión podían en la noche explicar qué competencias del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se delegarán, o cuáles se cederán de las que rige el departamento de la ministra Elma Sáiz. Dos horas después del anuncio del partido de Puigdemont, en la cúpula de ambos ministerios estaban "esperando a conocer los detalles" del acuerdo, según coincidían en la explicación. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, llevó la negociación por parte del Gobierno sin dejar trascender los detalles ni tampoco su calendario. El Gobierno no matizó si la delegación es "integral", como dice Junts, ni si, más que un compromiso cerrado, lo que hay es el comienzo de una negociación sobre el tema que perfile los detalles. Gestión de flujos Tampoco Junts ha especificado el contenido del acuerdo, más allá -informa Fidel Masreal- de que incluirá la gestión de flujos de migrantes a Catalunya. En nota de prensa difundida este miércoles, JxCat afirmó que el pacto a cambio de su abstención consiste en la "delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución" y "a través de una ley orgánica específica para Catalunya". Así mismo, según anunció Junts, la delegación incluye la cesión de "los recursos necesarios" para que la Generalitat pueda "hacer una política integral, que sean el Govern y el Parlament los que determinen una política propia adecuada la las necesidades y la realidad de nuestro país". Se trata, ciertamente, de un asunto en la agenda de prioridades de los posconvergentes en un territorio escenario ocasional de brotes xenófobos. En la sesión del Congreso del pasado 15 de noviembre se quejó la portavoz parlamentaria Míriam Nogueras: "En Catalunya se concentra el 23% de la población inmigrante de todo el Estado. Somos el 16% del Estado (pero) tenemos las mismas escasas competencias que tienen comunidades que tienen el 0,6% de la inmigración". Lo decía tras un inicio de mes en el que Inclusión e Interior habían repartido por toda España cupos de migrantes subsaharianos de los que, acumulados en Canarias en la mayor crisis migratoria, estresaban los recursos asistenciales de las islas. Un contingente numeroso de africanos -cerca de 2.000- fue alojado con cargo a Inclusión en hoteles de la costa catalana, especialmente en Blanes y Lloret de Mar. Desde hace casi un mes, no queda en Catalunya ninguno de aquellos subsaharianos acogidos de emergencia, solo los que forman parte del contingente de inquilinos albergados en la red ordinaria de alojamientos del Estado, que ya estaba bastante llena antes, con la oleada de refugiados ucranianos que han huido de la invasión rusa Gestiones superpuestas La cuestión no es reciente. Ha nutrido numerosas discusiones Estado-Generalitat. En enero de 2017, el Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, recordó en respuesta a una pregunta del entonces diputado Carles Campuzano el contenido del artículo 149 de la Constitución: que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". El artículo 150, en torno al cual ha girado el acuerdo del ministro Bolaños con Junts, establece que "el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Qué es o no susceptible de delegación está aún por revelarse o aún sin determinar. La Generalitat, como los gobiernos de otras comunidades autónomas, tiene competencias asumidas en materia de Inmigración, si bien la norma general es que estos trabajos recaigan en los ayuntamientos. Son los de integración de los inmigrantes residentes en un territorio, la vigilancia de la igualdad de trato y la custodia de su derecho a la participación política, según define la Ley de Extranjería. Catalunya tiene además la competencia exclusiva de la primera acogida, recogida en el Estatut (Artículo 138). Consiste en el conjunto de acciones formativas e informativas para darle al recién llegado un marco de referencia. Entre ellas, un mínimo de 90 horas de clases de catalán y castellano. El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat tiene un Servicio de Primera Acogida similar a otro que también tiene el Estado y, además, ayuntamientos como el de Barcelona, si bien, a nivel municipal el grueso de ese servicio es la labor de acompañamiento para el empadronamiento y actos administrativos básicos, y la derivación a otros servicios públicos. Según el padrón de habitantes de Catalunya, residen en su territorio 1.271.810 personas extranjeras (dato de 1 enero de 2022), lo cual supone un 16% de la población que recogía esa foto demoscópica. Las comarcas con mayor concentración de población extranjera, según el instituto de estadística Idescat, son la Segarra (28,1%), Alt Empordà (25,1%) y Barcelonès (21,2%). La que menos población extranjera alberga es la pirenaica Pallars Sobirà, con un 9,53%. Por términos municipales, es Barcelona la localidad que más extranjeros acoge, con 359.480 en el último padrón.

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