Estas son las condiciones de Junts para apoyar los tres primeros decretos del Gobierno de Sánchez

Junts per Catalunya votará en contra de los primeros decretos del Gobierno en la legislatura, que incluyen medidas anticrisis y otras cuestiones sectoriales, si no se reconduce la negociación con el PSOE. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha pronunciado este martes para dejar clara la postura de los posconvergentes. "Ni zanahorias ni chantajes. De nadie. No es la primera vez que lo advertimos, pero parece que la pausa navideña ha ablandado la memoria de algunos y hay que reforzarla", ha escrito en la red social X. El partido del expresidente basa su rechazo en tres ideas: que algunos de los contenidos ponen en riesgo la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del 'procés', que invaden competencias catalanas y que socavan la financiación de la Generalitat. Sobre la mesa, hay cambios concretos entre los cuales una medida que genera críticas internas en JxCat: multar a las empresas que dejaron Catalunya por el 1-O y que no han regresado después del convulso otoño de 2017. El PSOE niega por completo estas críticas. Rechaza que haya invasión competencial cuando con los decretos, precisamente, se traspasará la gestión del Ingreso Mínimo Vital a la Generalitat y también descarta que haya problemas con la amnistía. Esta vez, ERC y el Govern coinciden con el PSOE y han pedido a Junts que deje las “gesticulaciones”. Estos son los argumentos de JxCat en contra de los decretos: La amnistía La principal exigencia de Junts es que se retire un punto concreto del decreto de justicia que supone trasladar a la legislación española lo que ya dicta la justicia europea: que los jueces pueden elevar al TJUE cuestiones prejudiciales antes de emprender una resolución y que ello comporta suspender la ejecución de esa determinada. El recorte de competencias El decreto ómnibus implica recorte de competencias y agrava la infrafinanciación porque comporta traspasos de servicios sin recursos económicos correspondientes, según el partido independentista, que también critica el aumento del IVA al gas y la electricidad en febrero. Por ello, la reclamación de Junts es que no suba este impuesto y suprimir el del aceite para "beneficiar a productores y consumidores". También reclama que los fondos de digitalización de la justicia sean del 16% del total en Catalunya: "No se puede financiar por igual a todas las autonomías porque las competencias no son las mismas", aducen los posconvergentes. Además, piden que el Estado asuma todo el coste de la bonificación del transporte público. Multar a empresas, la medida polémica "Las empresas que mantuvieron su sede social o las que regresen han de obtener beneficios e incentivos y las que no cumplan han de tener sanciones", afirmó textualmente el portavoz de Junts, Josep Rius. Esta propuesta tiene que ver con el decreto del Gobierno del PP el 6 de octubre de 2017 por el que se facilitaban los trámites para que las empresas cambien de sede social. Sin embargo, la cuestión de las sanciones está generando críticas internas entre dirigentes de Junts que no comparten esta medida, que no se había hecho pública y que no consta en el pacto de investidura con el PSOE. Ese pacto habla de un "plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años". Por ello, dirigentes de JxCat creen que la idea de las multas sitúa al partido en una posición poco centrada del tablero político. Junts ha asegurado este martes que sí mantiene la propuesta, pero en el contexto de un paquete de medidas que incluyen las referidas anteriormente sobre autogobierno, justicia, IVA del aceite y amnistía. El objetivo de todo ello es exigir al PSOE que retire los decretos y los rehaga incorporando las exigencias del partido de Puigdemont. El contexto, sin embargo, explica los motivos de la posición contundente de JxCat de votar en contra este miércoles: la entrada en un año electoral (comicios europeos) y la necesidad de no aflojar en el discurso de la beligerancia contra el Gobierno y el PSOE.

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