Así te afecta como ciudadano el bloqueo del Poder Judicial

Un presidente del Tribunal Supremo acostumbraba a decir que "desde que naces hasta que mueres necesitas a los jueces", porque son los que te inscriben en el registro civil y comprueban tu defunción. Una cercanía que casa con dificultad con el deseo de prácticamente cualquiera de no tener que resolver un asunto en un juzgado. No en vano hay una conocida maldición que reza "pleitos tengas y los ganes", porque hasta ganándolo, mejor habría sido habérselo ahorrado. Quizá sea ese deseo de poner distancia el que explique por qué la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que debía haberse producido en diciembre de 2018, no sea vista por los ciudadanos como algo que les afecte. Y, sin embargo, lo hace mucho más de lo que creen. Si no exactamente la falta de renovación, sí la reforma de la ley orgánica del poder judicial que hizo el Gobierno para prohibirle hacer nombramientos mientras esté en funciones. Con esa restricción el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía forzar al PP a pactar. Pero lo único que consiguió fue que en el Tribunal Supremo se acumulen las vacantes que se van produciendo por fallecimiento o jubilación, lo que significa menos jueces en un momento que los procedimientos se disparan, como consecuencia, entre otros factores, de las miles de reclamaciones presentadas por la pandemia. Un millar de sentencias En noviembre de 2021, el Supremo ya advertía de la necesidad de renovar el CGPJ, porque de prolongarse el bloqueo la situación se convertiría en "insostenible" e implicaría que "se dictaran aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas, con alargamiento de los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo y en las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas y se cuentan por varias decenas de miles al año". La advertencia se había hecho realidad en la última apertura del año judicial que presidió Carlos Lesmes, que renunció a la presidencia del CGPJ y del Supremo para intentar forzar la renovación. En la de este año, celebrada el pasado 7 de septiembre, en el Supremo había 23 vacantes (la última ese mismo día con la jubilación de Fernando Pignatelli, de la Sala de lo Militar). De tal forma que a la cúspide del Poder Judicial le falta un 30% de su plantilla. La Sala más perjudicada es la de lo Social, que de 13 magistrados presenta seis vacantes. En la de lo Cotencioso de los 33 sillones, 11 están sin cubrir; en la de lo Civil, de 10 jueces, hay dos vacantes, y en la de lo Militar, de ocho presentan tres bajas. La que mejor está es la de lo Penal que de 15 magistrados solo tiene una vacante. Custodias, cláusulas o impuestos Hasta la reforma de 2015 los asuntos que llegaban al Supremo tenían que tener una especial repercusión por distintas razones, como el importe afectado. Sin embargo, a partir de entonces lo que es determinante es el interés casacional, lo que supone que el número de recursos de casación haya aumentado y que puedan afectar a muchas más personas. El criterio del Supremo es después seguido por todos los tribunales españoles, recuerda a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA una magistrada de un juzgado madrileño. Fue el Supremo el que homogeneizó la concesión de la custodia compartida, que algunas comunidades autónomas concedían la mayoría de las veces y otras ninguna. Pero también es el que tiene la última palabra en impuestos, condiciones de trabajo de ciertas plataformas supuestamente colaborativas y hasta en las pensiones. Por no hablar de las cláusulas bancarias que pueden resultar abusivas. Por Salas Con la falta de renovación del Consejo, el Supremo cuenta con menos jueces. Y la situación cada día es peor. En noviembre del año pasado se jubiló la presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, que luego se incorporó al Constitucional. En lo Penal, la menos afectada por la falta de renovación, la única vacante por jubilación ha sido la de Miguel Colmenero. Entre los asuntos que han deliberado figura la aplicación de la ley del sí es sí o si es necesaria una licencia para utilizar un patinete eléctrico. Peor están las cosas en la Sala Primera y en la Tercera. En esta última, dividida por secciones de gran especialización, resulta difícil que un magistrado sustituya a otro, pero es una práctica que ya se está adoptando cuando hay bajas. Pero los hay que, incluso tras una inminente renovación, aunque no parece probable, creen que la situación tardará en normalizarse, porque el nuevo Consejo se encontrará de golpe con una veintena de nombramientos pendientes, que requerirán un tiempo de negociación y que, de hacerse de golpe, pueden alterar en un sentido u otro la jurisprudencia al alto tribunal solo por la incorporación de un gran número de magistrados a la vez. Eutanasia y aborto El veto a los nombramientos del Consejo se levantó parcialmente para que pueda realizar los de los dos magistrados del Constitucional que le correspondían. Este tercio, dependiente del Ejecutivo y del CGPJ, se renovó cuando los vocales conservadores del Consejo levantaron el veto que habían impuesto a los candidatos propuestos por el sector progresista. El Gobierno modificó su ley para poder hacer él mismo el nombramiento de los magistrados del TC que le corresponden y que supondrá el cambio de mayorías del tribunal de garantías, que pasará de conservadora a progresista. En el Constitucional están pendientes de resolución numerosos recursos, entre los que figuran los presentados contra la ley del aborto, de la eutanasia y contra la propia reforma que impide al Consejo renovar la cúpula judicial.

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