José Luis Escrivá: el arquitecto de las pensiones que apunta a coordinar la política económica del Gobierno

El hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, entrega las llaves de la hucha de las pensiones pero no abandona, ni mucho menos, el Gobierno. El arquitecto de la última reforma del sistema público de prestaciones, que aspira a apuntalar su sostenibilidad durante las próximas décadas, asumirá gran parte de las competencias que hasta ahora gestionaba la coordinadora de la política económica del Ejecutivo: Nadia Calviño. A expensas de si esta da o no el salto definitivo a Europa y es elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), en cuyo caso el ministro de las pensiones gana enteros para acabar de absorber su cartera. José Luis Escrivá Belmonte (Albacete, 1960) ha acometido durante los últimos cuatro años la siempre difícil y polémica tarea de reformar el sistema público de pensiones. Los efectos del progresivo envejecimiento de la población son cada día más patentes y hoy el Estado abona ya más de 10 millones de pensiones contributivas cada mes. Escrivá tuvo que cabalgar entre la reforma previa, que el propio PP desactivó a medias ante el sonoro rechazo social, y la que él mismo pudo armar, condicionado por los difíciles equilibrios dentro de un gobierno en coalición y que dependía de los socios parlamentarios. En su currículo también figura la creación de la primera renta mínima de carácter estatal en la historia de España: el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Un subsidio creado de manera acelerada durante los primeros compases de la pandemia y que combina loas internacionales con críticas internas por las dificultades de acceso que denuncian potenciales receptores, instituciones como la Airef o oenegés. Funcionario del Banco de España, estuvo en la sala de máquinas donde se gestó la transición de la peseta al euro, en Frankfurt. De allí regresó a España para dirigir el servicio de estudios del BBVA y, tras un breve paréntesis en el Banco Internacional de Pagos, fue nombrado el primer presidente de la Autoridad Independientemente de Responsabilidad Fiscal (Airef), una especie de ‘Pepito Grillo’ que le dice al erario público como podría gastar mejor el dinero de todos. Y en 2020 Pedro Sánchez lo convenció para dejar de fiscalizar al Ejecutivo y pasar a comandarlo. Escrivá ha diseñado y pilotado una reforma de las pensiones que aspira a perdurar hasta 2050. Una reforma mediante la cual los españoles tendrán más incentivos para trabajar hasta lo 67 años, más penalizaciones si deciden o deben retirarse antes y que blinda a los pensionistas con unas prestaciones que se revalorizarán cada año en función del IPC, entre otros. Escrivá ha mostrado públicamente durante esta pasada legislatura el amplio conocimiento económico que ya se le conocía en círculos más reducidos. Una inteligencia que no siempre le ha jugado a favor. Personas que han negociado con él lo definen como una suerte de “científico”, que en su laboratorio encuentra la fórmula teórica perfecta que luego chocar con una realidad que debe encajar distintas sensibilidades. Más técnico que político, en los dos primeros años de legislatura le dimitieron dos secretarios de Estado en la misma semana, vaciados por la exigencia. Más técnico que político El propio Escrivá ha aprendido a andar entre los vericuetos de la arena política, a veces a golpe de caerse y con tics propios de alguien poco acostumbrado a las cámaras. El mismo día que tenía que firmar la primera fase de la reforma de las pensiones, para la que obtuvo el apoyo unánime de patronal y sindicatos, salió en TVE alimentando el fantasma de futuros recortes en las prestaciones, para sorpresa e incomodo del diálogo social y sus compañeros de viaje en el Gobierno. Durante la negociación de los fondos públicos de pensiones, una de sus grandes bazas durante la legislatura, casi fracasa en las negociaciones parlamentarias con sus propios socios de Gobierno. Y su pretensión de aumentar los años cotizados que se computan para calcular la pensión, con medias verdades sobre sus planes, le provocó no pocos encontronazos políticos. No obstante, su capacidad para adaptarse a los frágiles equilibrios de la pasada legislatura -aunque no tan frágiles como los de la actual- le permitieron culminar la primavera pasada el último bloque de la reforma de las pensiones. Sorprendió con un aumento de las obligaciones para las empresas que desniveló la reforma a favor de las posiciones más progresistas y provocó el rechazo frontal de los empresarios, que durante los próximos años verán como se les encarecen las contrataciones y que confían en que un cambio de ciclo político evite el máximo despliegue de la norma. También ha sido criticada por entidades como la Airef, que él mismo presidió, ya que entienden que empeora la sostenibilidad del sistema a largo plazo. En el corto, los pensionistas se congratulan que su pensión vuelva a subir cada año como los precios. Otra reforma que lleva su sello es la del nuevo sistema de cuotas para los trabajadores autónomos, que pretende introducir una cierta progresividad -a más beneficio, más cotización-. Este no ha acabado de entusiasmar al colectivo, ya que la bajada para los que menos ingresan es suave y la subida para los que más, escasa.

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